UNA LEY IGNOMINIOSA

 

                                    Por Adolfo R. Taylhardat (*)

 

     La opinión pública ha concentrado su atención en los aspectos  comerciales  de la  Ley Helms-Burton,  eufemísticamente bautizada por el Senado de los Estados Unidos de  América con  el nombre  de  Ley de  la "Libertad   y  la Solidaridad  Democrática Cubana. (LIBERTAD)".  No se ha percatado de  otros elementos  que hacen de  esa ley  un instrumento  intervencionista. Un  análisis detallado de esa ley excedería los límites del espacio disponible y  me limitar‚  a destacar  aquellos aspectos  que confirma  esta aseveración.

 

     La ley afirma que el Congreso de los Estados Unidos ha constatado, entre otras cosas  que el  bienestar y  la salud  del pueblo cubano han declinado como resultado de la crisis económica y debido  al rechazo  de Castro  a permitir  elecciones libres  y democráticas. Señala que el Gobierno de Castro, en su intento  de retener el poder, sigue empleando  la tortura  en varias  formas, las ejecuciones, el exilio, la confiscación, la prisión  política

y otras formas  de terror.  Dice que  "el Gobierno  de Castro  ha definido el pluralismo democrático como  "basura pluralista",  ha evidenciado que no tiene intención de permitir elecciones  libres y  democráticas  ni  tolerar  la democratización  de la  sociedad cubana. Afirma que "el pueblo cubano merece ser apoyado de manera decisiva para poner fin a la tiranía que lo  ha oprimido  durante 36 años".

 

     La ley define sus propósitos de la siguiente manera: "fortalecer   las  sanciones   internacionales",  "estimular   la realización de elecciones libres y democráticas bajo  supervisión internacional", "proporcionar un  marco político  para apoyar  al pueblo cubano a formar un gobierno  de transición  o un  gobierno democráticamente  electo  y    proteger  los   derechos  de   los ciudadanos   norteamericanos   cuyas    propiedades   han    sido confiscadas. .

 

     La ley afirma que en opinión del Senado norteamericano "los actos del gobierno de Castro, incluidas sus violaciones  masivas, sistemáticas y extraordinarias de los derechos  humanos "son  una amenaza para la paz  internacional", y  recomienda al  Presidente apoyar e instruir al Representante  de los  Estados Unidos  ante las Naciones Unidas para que proponga y  procure en el Consejo de Seguridad  un  embargo  internacional    obligatorio  contra   el gobierno totalitario de Cuba de conformidad con  el capítulo  VII

de la Carta".

 

     El Título II, "Apoyo para una Cuba libre e independiente", en su sección I, "Política hacia un gobierno de  transición y  un gobierno democráticamente electo en Cuba", afirma que la política de los Estados Unidos consiste en apoyar  la libre  determinación el pueblo cubano y facilitar la transición  hacia la  democracia representativa y la economía de mercado en Cuba. Ese Gobierno  de  transición  en  Cuba  debe  llenar  las  siguientes  condiciones: demostrar que se produce la transición de una dictadura comunista totalitaria  hacia  una  democracia   representativa;  poner  en libertad a todos los presos políticos y permitir  la inspección   de las prisiones  cubanas por  organizaciones internacionales  de derechos  humanos;  disolver  el  Departamento  de Seguridad  del Estado  del  Ministerio del  Interior, incluidos  los Comités  de defensa  de la  Revolución y  las Brigadas  de Respuesta  R pida; comprometerse  públicamente  a:  establecer  un  poder   judicial independiente,  respetar los  derechos humanos  y las  libertades fundamentales  de  conformidad  con  la  Declaración de  Derechos Humanos,  garantizar  los  derechos  de  expresión  y de  prensa, permitir el regreso de los cubanos  que se  encuentran fuera  delpaís, organizar elecciones libres a celebrarse un año después  de la instauración del gobierno provisional, con la participación de "múltiples partidos políticos  independientes   que tengan  pleno acceso  a  los  medios", las  cuales deberán  efectuarse bajo  la supervisión de observadores internacionales reconocidos, asegurar el  derecho  a  la  propiedad  privada,  tomar  medidas  para  la devolución   de   las   propiedades   incautadas   a   ciudadanos norteamericanos,  establecer una  moneda libremente  convertible, otorgar  permisos  para  la  creación  de  empresas  privadas  de telecomunicaciones y medios de comunicación social,  permitir  el establecimiento    de  movimientos  obreros  independientes     y asociaciones sociales, económicas y políticas independientes;  no incluir ni a Fidel Castro ni a Raúl Castro.

 

     Según la ley el gobierno democráticamente electo en Cuba debe:  ser  el  resultado  de  elecciones   libres  y   honradas, conducidas bajo supervisión internacional,  con la  participación de partidos de oposición, dando tiempo suficiente para  organizar y realizar campaña y brindando pleno acceso a los medios a  todos los  candidatos;  demostrar  respeto por  las libertades  civiles básicas  y  los  derechos  humanos  de  los  ciudadanos  cubanos; establecer un sistema judicial independiente;  avanzar de  manera substancial hacia una economía de mercado basado en el derecho  a tener y disfrutar la propiedad privada; comprometerse a  realizar los cambios constitucionales necesarios para que regularmente  se efectúen  elecciones  libres  y  democráticas;  devolver  a   los

ciudadanos   norteamericanos,   o   a  las   entidades  que   son propietarias  en un  50 %  o más,  los bienes  inmuebles que  les fueron incautadas desde el 1 de enero de  1959, o  proporcionales compensación plena de conformidad con el derecho y las  prácticas

internacionales.

 

     De acuerdo con la ley, el embargo comercial, económico y financiero impuesto a Cuba ser  sólo después que el Presidente de los Estados Unidos haya determinado, e informado al Congreso  que en  Cuba  existe un  gobierno democráticamente  electo según  los términos descritos mas arriba.

 

     La ley establece que los Estados Unidos reducir  sus pagos a cualquier  institución  financiera internacional  que apruebe  un préstamo o brinde asistencia a Cuba, y ordena  al Presidente  que instruya  al Representante  Permanente ante  la OEA  "a votar  en

contra de la readmisión de Cuba como miembro  de la  Organización hasta  tanto  el  Presidente  determine  que  en  Cuba existe  un gobierno democráticamente electo.

 

     No soy anti-norteamericano. Comparto el deseo de la gran mayoría de que el pueblo cubano pueda un día vivir en libertad  y en  democracia.  No soy  pro-castrista. Mas  bien podría  abrigar resentimientos anti-cubanos  por la  manera como  fui tratado  al final  de  mi misión  como Embajador  en Cuba.  Pero tampoco  soy anti-cubano. No hace falta ser nada de eso para  darse cuenta  de que se trata de una ley groseramente intervencionista, a pesar de que los Estados Unidos se empeñen en negarlo.