UNA "CONACUID" CONTRA EL ROBO DE VEHÍCULOS

Por Adolfo R. Taylhardat (*)

El robo de vehículos es el delito que tiene mayor incidencia en el país. Diariamente, alrededor de 120 vehículos de distintos tipo son robados en Venezuela. Puede afirmarse que no hay en Venezuela una persona que no haya sido víctima directa o indirecta de este delito. El robo de vehículos constituye un negocio millonario. Si se toma como valor promedio 15 millones de bolívares por automóvil (incluyendo los intereses del financiamiento), el robo de vehículos representa un valor acumulado de mil ochocientos millones de bolívares diarios.

Por lo general los ladrones no son delincuentes individuales o simples pandillas, sino que se trata de un negocio estructurado en numerosos niveles. El ladrón, o "mula", recibe solamente una pequeña una suma por el simple apoderamiento del vehículo y su correspondiente entrega al comisionante. Estos individuos por lo general no tienen la menor noción del valor de la vida humana. Si consideramos que en Venezuela se mata para robar un simple par de zapatos, tomaremos conciencia de que mucho maleantes son capaces de asesinar por el dinero que obtienen del robo de carros. Éstos son simples intermediarios de quienes intervienen en los otros eslabones de la cadena: hay mafias que adquieren el vehículo robado para revenderlo, o para desarmarlo y venderlo como repuestos, quienes lo utilizan para realizar asaltos o para transportar drogas. En estos eslabones pueden intervenir los propietarios de "chiveras", los propietarios de estacionamientos que sirven como depositarios de vehículos recuperados, agencias de ventas de vehículos usados, etc. Además, con mucha frecuencia los delincuentes cuentan con la participación, connivencia o complicidad de funcionarios de los cuerpos de seguridad, de funcionarios judiciales y/o de funcionarios relacionados con las autoridades de tránsito. Es, típicamente un delito que cae dentro del ámbito de lo que se conoce como "delincuencia organizada". Desde este punto de vista, resulta importante que el proyecto de Ley Orgánica sobre la Delincuencia Organizada que actualmente considera el Congreso de la República, muy acertadamente haya incluido dentro del ámbito de su aplicación el delito de "apoderamiento y tráfico ilícito de vehículos de cualquier índole y de sus partes".

El robo de vehículos es un fenómeno complejo que requiere una acción integral y coordinada de las autoridades. Es un delito múltiple en el cual, además de la apropiación de un bien ajeno, se combinan muchos otros delitos: daño a la propiedad privada, amenaza y/o atentado contra la vida y la integridad de la persona, secuestro, lesiones, agresión, y en muchos casos violación y/u homicidio.

El Estado está obligado a perseguir, aprehender y castigar a los delincuentes que se dedican al robo de vehículos, pero debe atacar también su vertiente económica o comercial. Mientras el robo de vehículos represente una actividad que produce jugosos beneficios económicos, seguirá habiendo ladrones de vehículos. Eliminando el lado lucrativo del "negocio" del robo de vehículos, la actividad perderá su rentabilidad y dejará de tener interés para quienes se dedican a ella.

Para poder cumplir una acción efectiva contra el robo y hurto de vehículos es indispensable asegurar una coordinación estrecha y efectiva de todas las autoridades competentes: PTJ, Guardia Nacional, Vigilancia de Tránsito, Policías Municipales.

Desde 1992 existe la COMISION NACIONAL COORDINADORA DEL PLAN PARA LA RECUPERACION Y DEVOLUCION DE VEHÍCULOS, creada por Resolución de los Ministerios de Relaciones Interiores, Defensa, Justicia y Transporte y Comunicaciones, G.O. 34.949 de 23-04-92). La integran los Directores Generales Sectoriales de Política Interior (quien la preside) y de los Servicios de Inteligencia y Prevención (MRI) los Directores Nacionales de Vigilancia y Tránsito Terrestre (MTC) y de Coordinación Policial (MRI) el Director del Cuerpo Técnico de Política Judicial (MJ), y un Oficial Superior de la Guardia Nacional designado por el Ministro de la Defensa quien funge de Secretario Ejecutivo. Su función es coordinar "todo lo relativo a la detección, búsqueda y recuperación de vehículos hurtados, robados o extraviados" y cooperar "en el establecimiento de los mecanismos adecuados para una eficaz y rápida devolución de los mismos a sus legítimos propietarios".

La creación de esa Comisión fue un paso acertado en la dirección correcta. Sin embargo, la competencia de ese órgano, en el cual participan todos los despachos responsables de los órganos policiales, está limitada a la coordinación de las actividades relacionadas con la recuperación de los vehículos y su devolución a sus propietarios. O sea que solamente se ocupa de una faceta parcial del problema del robo y hurto de vehículos.

En nuestra opinión, debería ampliarse la competencia de ese órgano asignándole también la responsabilidad de asegurar la coordinación de los mismos despachos que la integran en todo lo relacionado con la persecución, aprehensión y castigo da los delincuentes que se dedican al robo de vehículos.

Para que esa Comisión pueda asegurar la efectiva coordinación entre las diferentes instituciones que la integran y al mismo tiempo poner fin a los casos frecuentes situaciones de corrupción a que se prestan sus funcionarios, habría que convertir a CONAREVE en un órgano provisto de un status similar al de la Comisión Permanente contra el Uso Indebido de las Drogas (CONACUID), con todo el poder y el respaldo político, financiero y operativo necesario para actuar eficazmente y con autoridad.

El robo de vehículos moviliza recursos mucho más cuantiosos que el narcotráfico, tiene ramificaciones internacionales, a diferencia del narcotráfico, diariamente cobra vidas de ciudadanos inocentes, y, además, afecta a casi toda la población del país. Estas características son mas que suficiente para justificar la transformación de CONAREVE en un órgano similar a la CONACUID. PARA ello CONAREVE bastaría con que fuera "repotenciada", mejorada y elevada de nivel para que pueda cumplir en el ámbito del robo de vehículos una función similar a la que viene desempeñando con tanta efectividad CONACUID. CONAREVE debería ser convertida en una autoridad única, con competencia de alcance nacional bajo la dirección o presidencia de un funcionario de alto nivel, eventualmente con rango de Ministro de Estado, responsable directamente ante el Presidente de la República. Esta, en nuestra opinión la única manera de lograr poner fin a la rivalidad y a los conflictos de competencia entre los diferentes cuerpos de policía competentes en el control del robo de vehículos, acabar con los actos de corrupción que lamentablemente se presentan con excesiva frecuencia en los distintos niveles de esos cuerpos frente a los cuales el ciudadano prácticamente se encuentra indefenso, agilizar la actuación de los órganos jurisdiccionales que intervienen en los diversos niveles de los procedimientos relacionados con el delito del robo y hurto de vehículos. En fin, bajo una autoridad única como la que se propone se podrían atacar todas las facetas que presenta ese negocio lucrativo que es el delito del robo de vehículos. De esa manera se daría una respuesta adecuada al clamor de la ciudadanía que exige del Estado una acción firme, efectiva y eficiente contra ese flagelo que tanto perjuicio esta causando a la sociedad y a la economía del país.