Persecución judicial
Adolfo
R. Taylhardat
La carta que un grupo de destacadas y eminentes
personalidades democráticas mundiales dirigió
el pasado 21 de octubre a Chávez, Iván Rincón y Francisco Ameliach exterioriza
la preocupación de la comunidad internacional por el empleo de los órganos del poder judicial como
instrumentos de amedrentamiento y persecución política y por la tergiversación
de la justicia con el objeto de encarcelar a personalidades venezolanas que no
han cometido otro delito que defender la democracia.
La carta, suscrita por 75 estadistas,
políticos, intelectuales, científicos, etc,
provenientes de los 4 puntos cardinales, tiene como objeto central
protestar por la acción judicial que el régimen ha interpuesto contra SÚMATE y
la amenaza de privación de libertad que se cierne sobre sus principales
directivos, María Corina Machado y Alejandro Plaz.
La naturaleza grotesca y arbitraria de esa
medida es tan tosca que no merece discutirla aquí. Los abogados y los
directivos de SÚMATE han expuesto fehacientemente los argumentos legales contra
las imputaciones que les formulan.
El hecho de que la carta de los demócratas del
mundo está dirigida al mismo tiempo a los titulares de los tres principales
poderes públicos evidencia que sus autores saben que aquí no hay separación de
poderes y muchos menos autonomía o independencia de los mismos. En abierta
violación de la Carta Democrática esos tres poderes actúan como la Santísima
Trinidad, tres personas que se confunden en una sola que pretende decidir la
suerte y el destino de todo un pueblo.
Los autores de la carta expresan preocupación
por la situación a la cual están sometidos sus “colegas demócratas venezolanos
quienes en estos momentos están perseguidos por ejercer sus derechos civiles”.
Coincidencialmente, el mismo día en que aparece
publicada en los medios esa carta - Domingo 14/11 - Pompeyo Márquez, importante figura de la
política venezolana quien por su trayectoria política sabe lo que dice,
denuncia que el Gobierno activa un intenso plan de persecución contra líderes
de la oposición.
El caso SUMATE ha trascendido porque involucra
a una prestigiosa institución de internacional, el “National Endowment for
Democracy” pero sirve para documentar cómo esta dictadura disfrazada de
democracia usa los órganos de la justicia para ocultar sus tropelías cuando
acosa y mantiene bajo constante amenaza a la oposición democrática.