OTROS ATROPELLOS MAS!

Adolfo R. Taylhardat

Han ocurrido graves atentados contra la democracia en nuestro país.

Se produjo el grotesco acto de villanía consistente en el abordaje y ocupación del tanquero Pilín León por la Guardia Nacional para forzar, a punta de fusil, el abandono del navío por su tripulación legítima y su remplazo con mercenarios indios, árabes y cubanos.

Este nuevo abuso de autoridad es una muestra mas de la ausencia total del estado de derecho en nuestro país y tiene muy diversas implicaciones.

Ordenar invadir un buque de bandera nacional con individuos extranjeros constituye un insólito acto de violación a la soberanía nacional.

Es también un atropello de los derechos y garantías ciudadanos consagrados en la Carta Magna.

Privar a la tripulación de su derecho a comunicarse con sus familiares, abogados o personas de confianza y conminarla, bajo amenazas a la vida y a la integridad física, psíquica y moral, a entregar el control del buque a personas no calificadas es absolutamente contrario a la norma constitucional que impone a los cuerpos de seguridad del Estado la obligación de respetar la dignidad y los derechos humanos de toda persona.

Estos atropellos a los derechos fundamentales violan también los tratados internacionales de protección de los derechos humanos cuyas disposiciones, según el artículo 24 de la propia Constitución, prevalecen sobre ésta.

Adicionalmente se han producido graves violaciones de los Convenios de la Organización Marítima Internacional, debidamente ratificadas por Venezuela y por lo tanto leyes vigentes dentro del territorio nacional.

Todo esto ocurre sin que exista la posibilidad de recurrir a órganos jurisdiccionales independientes e imparciales para obtener protección judicial. La indefensión en que nos encontramos los venezolanos quedó oficializada con el anuncio de Chávez de que desconocerá las decisiones de los jueces y las medida de los fiscales del Ministerio Público que contradigan decretos de la Presidencia o instrucciones dictadas por él y con la orden que impartió a gobernadores de Estados y a funcionarios civiles y militares para que desobedezcan la autoridad de los jueces y fiscales del Ministerio Público.

Finalmente Chávez desafió abiertamente la autoridad de la OEA cuando dijo que no aceptará injerencias en los asuntos domésticos del país y recomendó “a los países del mundo, que se lean la Constitución de la República Bolivariana, antes de tomar una decisión sobre Venezuela, no vaya a ser que asuman actitudes golpistas”,

El Consejo Permanente aún no ha aprobado la resolución sobre la situación venezolana. Si hubiera todavía en el espíritu de los Embajadores ante la OEA dudas de que Chávez ha perdido totalmente la legitimidad de origen que le otorgó el pueblo cuando lo elevo a la primera magistratura, lo ocurrido el pasado domingo debería convencerlos suficientemente de que en Venezuela se ha instaurado un régimen autoritario absolutamente contrario a la Carta de la OEA y a la Carta Democrática Interamericana.