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Caracas, miércoles 09 de abril, 2008 |
NEGAR LA EVIDENCIA
Adolfo R. Taylhardat
Este artículo no trata del libro de Bob Woodward que
lleva el mismo nombre a pesar de que puede tener alguna relación en cuanto al
fondo. El libro de Woodward trata de
cómo el gobierno norteamericano trató de ocultar las evidencias acerca
de la situación en el Medio Oriente y más concretamente sobre la invasión a Irak.
En mi artículo me refiero a la manera como el régimen actual que gobierna
nuestro país se empeña en desconocer las evidencias que están a la vista de
todos. Chávez utiliza con insistencia la frase bíblica: “el que tenga ojos que
vea”, pero al mismo tiempo trata de esconder o desvirtuar verdad creyendo que
la gente es ciega.
Frente a la verdad y la evidencia comprometedora Chávez
y sus fantoches recurren al expediente fácil de negar la realidad utilizando la
descalificación, la desautorización, el descrédito. Esa es el arma de quien no
tiene argumentos ni elementos para desvirtuar lo que es patente, lo que todo el
mundo conoce y ve, pero que como les afecta severamente, tratan de esconderlo cubriéndolo
con un manto de diatriba e improperios.
Esta semana pasada hemos tenido dos ejemplos de la
manera como se emplean agravios e irreverencias para negar las evidencias.
El primero tiene
que ver con la documentación que
ha extraído el gobierno de Colombia de las computadoras que pertenecieron a Raúl Reyes. Tal como lo
ofreció el Presidente Uribe en la reunión del Grupo de Río, su gobierno le
remitió al de Venezuela los documentos encontrados en las computadoras.
A nadie sorprende la reacción del Gobierno de Chávez.
Nicolás Maduro no tardó en informar a
los medios que había recibido de la Cancillería Colombiana “una carpeta blanca, de plástico, con un conjunto de
fotocopias… con nombres extraños, con una claves extrañas” (Nótese el tono
despectivo con el cal se pretende desmerecer la documentación recibida”.
Maduro agregó que “No reconocemos, de ninguna
manera, la supuesta existencia de esos documentos que dicen sobrevivieron de
una computadora”. Y como no podía faltar
la referencia al “imperio”, agregó: “De más está decir que el gobierno de
Estados Unidos pretende convertir esta supuesta computadora en la “prueba” para
armar un expediente contra nuestro país, contra el Jefe del Estado venezolano”
Claro, como las evidencias extraídas de las
computadoras comprometen “hasta la coronilla” a Chávez y su gobierno, hay que
descalificarlas a como dé lugar.
La Cancillería le anunció por escrito al gobierno
colombiano que le devolvería la documentación recibida.”El gobierno venezolano
- dice la nota - no reconoce los papeles
contenidos en la referida carpeta” porque en su opinión “constituyen un conjunto
de escritos inconsistentes e incomprensibles que, dicho sea de paso, han sido
utilizados desde Colombia y Estados Unidos por medios de comunicación
inescrupulosos para una campaña temeraria contra el jefe del Estado venezolano”.
Entre esos “escritos, inconsistentes e
incomprensibles” seguramente figuran muchos de los informes y correspondencia
de Raúl Reyes que ya han trascendido a los medios y que el público en general
ha podido leer y entender que Chávez apoya a las FARC con dinero, con armas y
está en total sintonía con esa organización terrorista.
La nota termina diciendo: “ante la imposibilidad de
hacer algún uso útil y provechoso de la carpeta recibida, el
Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a devolverla a través de su
representación en Caracas” Prácticamente le repitió, ahora de manera oficial y
por escrito al gobierno de Colombia aquella grosería de Chávez cuando le dijo a
Uribe que se metiera sus documentos en… el bolsillo trasero.
El otro caso es el del Informe que acaba de publicar
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual contiene un capítulo
sumamente contundente sobre Venezuela, el cual se puede leer en la siguiente dirección http://www.cidh.org/annualrep/2007sp/indice2007.htm
Entre las constataciones que señala la CIDH en su
informe figuran las siguientes: en Venezuela
existe un ambiente hostil hacia la disidencia, lo que impide el pleno
goce y disfrute de los derechos protegidos por acuerdos internacionales;
por tercer año consecutivo la CIDH ha
recibido denuncias de despidos y otras formas de coacción en el sector público,
incluyendo la Fuerza Armada (es decir, que se siguen aplicando las listas
Tascón y Maisanta); se observa que continúa la “judicialización de la protesta
social y el hostigamiento a organizaciones no gubernamentales defensoras de los
derechos humanos; el gobierno venezolano dificulta el trabajo de la CIDH al no
permitirle visitar el país para constatar la situación de los derechos humanos
y contribuir a su defensa; los empleados
públicos están impedidos, mediante
amenazas, de ejercer sus libertades de expresión reunión o asociación,
lo cual deja a esas personas in instrumentos para defender sus intereses,
protestas y proponer; reitera su preocupación por la provisionalidad de los
jueces y fiscales y señala que ha recibido denuncias sobre violaciones a las
normas para el ingreso al Poder Judicial, cuestiona las presiones que ejerce el
ejecutivo sobre los tribunales; destaca que persisten los obstáculos a la
libertad de expresión y las amenazas y agresiones contra los medios y da cuenta
de cuarenta y ocho ataques físicos contra periodistas.
Los venezolanos sabemos que todo lo que dice la CIDH
no solamente es verdad, sino que en muchos aspectos se ha quedado corta. Pero
nuevamente el gobierno pretende negar la evidencia.
La Cancillería emitió un comunicado en el cual
“rechaza categóricamente” todas las constataciones de la CIDH y califica de
falsos los señalamientos que hace acerca de violaciones de los derechos humanos
en el país. Nuevamente, no podía faltar la acusación contra el “imperio” y
afirma que ese informe no es sino “un acto más de la campaña de descrédito
internacional” orquestada por los Estados Unidos”. El comunicado afirma que ha
analizado “detenidamente el Informe” y se ha percatado “de que las fuentes
utilizadas “corresponden a un sinnúmero de aseveraciones ligeras y sin
elementos probatorios, producto de datos
y opiniones emanadas de varias organizaciones con una clara tendencia política
opositora, contraria a las acciones que lleva a cabo el Estado Venezolano”
Agrega que “El Informe reitera la actitud de parcialidad y selectividad malintencionada con que actúa la CIDH contra
Venezuela lo cual pone en entredicho la credibilidad y fortaleza de ese
organismo”
El 21 de noviembre de 2007 la CIDH le envió al
Gobierno venezolano una copia del
borrador del capítulo de su informe sobre nuestro país con la solicitud de que
le proporcionara las observaciones que considerara pertinentes. “El 21 de diciembre de 2007 – dice
el informe - la Comisión recibió las
observaciones y comentarios del Estado, los cuales, en lo pertinente, fueron
incorporados al presente informe” Además, Venezuela tiene un representante en la CIDH que
dispuso de total libertad y oportunidad suficiente para refutar, desmentir o
impugnar las constataciones y las evidencias que servirían de base a la
Comisión para preparar su informe.
Reacciones
como las que contiene el comunicado de la Cancillería las escuché muchas veces
cuando me desempeñé como Representante de Venezuela en la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. Cuando leía ese comunicado me parecía estar
escuchando al representante de Cuba, del Paraguay bajo la dictadura de Strössner, de Myanmar, de Corea del Norte,
de Cambodia, de la Ex-Unión Soviética, de Zimbabue, en fin, de cualquiera de
las dictaduras mas execrables que tienen como norma negar los atropellos y las
violaciones de los derechos humanos que ocurren dentro de sus países creyendo
que la comunidad internacional ignora la realidad que buscan ocultar.
Finalmente, resulta pertinente destacar el siguiente
párrafo del Informe: “La Comisión resalta que la actitud
del Gobierno de Venezuela (de no permitir una visita de la CIDH a Venezuela) contrapone
la buena práctica de casi la totalidad de los Estados Miembros de la OEA de
facilitar a la CIDH las visitas a sus países.
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