La visita a Venezuela de la CIDH
Adolfo
R. Taylhardat
Se
encuentra en Venezuela la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es
el órgano operativo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Venezuela ha reconocido formalmente la competencia de la CIDH. Además, el
Artículo 23 de la Constitución otorga rango constitucional a esa Convención,
también conocida como “Pacto de San José”.
La
CIDH está integrada por siete personalidades de elevada autoridad moral y
reconocida experiencia en materia de derechos humanos, elegidos a título
personal, que no representan al país de
su nacionalidad sino a la globalidad de los países miembros de la OEA. Estas condiciones están destinadas a
asegurar la solvencia, la imparcialidad y la objetividad de ese importante
órgano.
La
función de la CIDH consiste en promover
el respeto y la defensa de los derechos humanos en todos los Estados Miembros
de la OEA. Para ello estimula la conciencia de los derechos humanos en los
ciudadanos, formula recomendaciones a los gobiernos para fomentar el respeto de
los derechos humanos, prepara estudios e informes sobre la situación de los
derechos humanos en los diferentes países y recibe peticiones, comunicaciones y
denuncias sobre violaciones de los derechos humanos.
En su reciente
discurso ante la Asamblea Extraordinaria de la OEA el canciller Dávila aseguró
que en Venezuela “... no hay presos
políticos, perseguidos, detenidos, periódicos clausurados, libertades
conculcadas....”
Sin embargo, durante
su visita la CIDH recibirá un torrente de denuncias por las amenazas a personas, las agresiones verbales y
físicas a parlamentarios, a periodistas, a los medios y a sus dueños, los actos
de vandalismo, los saqueos, la conculcación de los derechos de los partidos
políticos de la oposición, las interferencias en el ejercicio de los derechos y
las libertades sindicales, y sobre todo, por la masacre del 11 de abril.
Durante su visita la CIDH podrá constatar que aunque
tenemos una de las constituciones mas avanzadas del mundo en materia de
derechos humanos y aunque la ley nos garantiza el acceso a los recursos
jurisdiccionales para la protección de nuestros derechos fundamentales, en la
práctica los venezolanos no disponemos de los instrumentos necesarios para
hacer respetar y proteger nuestros derechos porque los órganos del poder
público que deben cumplir esa función son simples títeres del régimen o
instrumentos al servicio del “proceso”.
La
visita de la CIDH debe servir para demostrar que en Venezuela no hay estado
de derecho y que bajo el disfraz de democracia predomina un régimen
autoritario empeñado en imponer un sistema político y de gobierno que los
venezolanos rechazamos resueltamente.
El Informe Especial que sobre su visita a Venezuela presentará la CIDH
a la Asamblea de la OEA (2-4 de junio próximo) debe hacer honor a la imparcialidad y a la objetividad que le impone el Pacto de San José y que le
exigimos los venezolanos y todos los ciudadanos de América.