LA TOMA POLÍTICA DEL TSJ

Adolfo R. Taylhardat

Human Rights Watch advirtió que “la toma política del Tribunal Supremo agravará aún más la falta de independencia judicial” en Venezuela.

En aquel momento HRW tuvo presente que ya habían sido despedidos “jueces que han decidido controvertidos casos políticos” y había sido cerrado el “segundo máximo tribunal de justicia contencioso administrativo del país”, y advirtió que en su nueva composición el TSJ tendría las manos todavía mas libres para privar a los jueces del derecho a la estabilidad, permitir que sean destituidos sumariamente, e impedir el ejercicio de las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa, violando principios fundamentales de la Constitución venezolana y del derecho internacional de los derechos humanos.”

Con la entrada en vigor de la ley que amplió el número de miembros del TSJ, y la designación de sus titulares utilizando la escasa mayoría con que cuenta el régimen en la Asamblea Nacional se abrió el camino de la “toma política” del más alto tribunal que vaticinó HRW.

Los venezolanos sabíamos que eso ocurriría, pero nunca imaginamos que el nuevo presidente del más alto tribunal actuaría de manera tan escandalosamente abyecta. En todas sus declaraciones públicas desde que asumió el cargo ha proclamado a los cuatro vientos su militancia chavista y su lealtad al “proceso”. Anunció que emprendería la “revolución judicial” que consistirá en poner fin al “viejo esquema clientelar judicial” para lo cual procederá a “la inmediata remoción de jueces considerados golpistas”

El primer paso en esa dirección ha sido la destitución de los jueces que levantaron la prohibición de salida del país de los 27 ciudadanos imputados de rebelión por haber firmado el decreto de Pedro Carmona –firma que por cierto no tiene ningún valor legal- y de la jueza de Control cuya decisión dio pie para ello.

Los casos de Tulio Álvarez, Patricia Poleo, Américo Martín, el oscuro embrollo del Fiscal Anderson, son sólo muestras de lo que significa la “revolución judicial” que anuncia el Presidente del TSJ. Ahora más que nunca Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instituciones defensoras de los derechos humanos deben concentrar su atención sobre lo que está ocurriendo, y lo que seguramente va a ocurrir, en nuestro país.

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