Caracas, miércoles 01 de octubre de 2008 Opinión

LAS CALUMNIAS DE HRW

Adolfo R. Taylhardat

El Informe de Human Rights Watch, titulado “Una Década de Chávez – Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela” ha recibido toda clase de descalificaciones de parte de diversos exponentes e instituciones del oficialismo que han catalogado de “injuriosas y mentirosas” las constataciones contenidas en ese documento.

Veamos algunas de esas “calumnias” que contiene el Informe de HRW.

· El teniente coronel presidente comandante en jefe (tcpcej), dice que practica la inclusión política pero discrimina abiertamente a quienes no comparten sus puntos de vista. El régimen chavista ha alentado y participado en una serie de actos discriminatorios contra opositores y políticos, “ha despedido a opositores de algunas instituciones estatales y de la compañía petrolera estatal y puesto sus nombres en listas negras; ha negado a algunos ciudadanos el acceso a programas sociales como consecuencia de sus opiniones políticas; ha discriminado contra los medios de comunicación, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil en respuesta a sus críticas o su actividad política”.

· El gobierno del tcpcej desprecia el principio de la independencia judicial y ha neutralizado al poder judicial como un poder independiente. La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que incrementó la composición de ese órgano de 20 a 32 magistrados permitió elegir nuevos jueces mediante una mayoría simple, lo cual permitió asegurar una mayoría abrumadora de jueces identificados con el oficialismo en la integración del TSJ. “Desde que se modificó significativamente la composición del TSJ a favor del gobierno – dice HRW -, el máximo tribunal ha respondido a las medidas del gobierno que amenazan los derechos fundamentales, en general, con pasividad y aquiescencia”

· El gobierno del tcpcej ha socavado la libertad de expresión en Venezuela a través de medidas que alteran el control y contenido de los medios; ha ampliado el alcance de las “leyes de desacato” para castigar más severamente las críticas a funcionarios que el gobierno considere irrespetuosas; ha endurecido las penas por calumnias e injurias; ha ampliado la definición de “incitación”; ha endurecido las sanciones permitiéndole suspender arbitrariamente canales de radio y televisión; ha restringido el acceso a la información pública; abusa del control sobre las frecuencias de radio y televisión para amenazar y discriminar a estaciones que tienen una programación crítica del gobierno. El Informe reconoce que todavía existe en Venezuela “un dinámico debate público” y que los opositores pueden hacer sus críticas, pero el gobierno ha fortalecido su capacidad para limitar la libertad de expresión y ha obligado a algunos medios a autocensurarse.

· El gobierno del tcpcej ha intentado controlar el movimiento sindical venezolano mediante fórmulas que vulneran principios básicos sobre libertad de asociación. Concretamente ha socavado el derecho de los trabajadores a elegir sus representantes; ha denegado a los sindicatos de la disidencia el derecho a negociar contratos colectivos; ha debilitado el derecho de los trabajadores a afiliarse al sindicato de su preferencia; ha menoscabado el derecho de huelga de los trabajadores; ha despedido trabajadores por ejercer su derecho a la huelga. Todo esto en contravención con los acuerdos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo debidamente suscritos y ratificados por Venezuela.

· El gobierno del tcpcej ha adoptado una actitud de confrontación agresiva frente a los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil que actúan en ese campo. Ha sometido a esas personas a investigaciones penales valiéndose de acusaciones e imputaciones infundadas; intenta desacreditar a las organizaciones de derechos humanos mediante descalificaciones y acusaciones calumniosas; les impide recibir financiamiento del exterior y participar en foros internacionales; impulsa una legislación que le permitirá interferir arbitrariamente en las actividades de la organizaciones de la sociedad civil e impedirles que reciban fondos para su funcionamiento. Para el gobierno esas instituciones persiguen desestabilizar el país y conspiran para derrocar al presidente.

· El tcpcej desprecia las garantías institucionales y los derechos fundamentales indispensables para la participación democrática. “La Constitución de 1999 – dice HRW – fue una oportunidad extraordinaria para que el país fortaleciera el estado de derecho y la protección de los derechos humanos”. “Sin embargo – agrega el Informe – esa oportunidad histórica ha sido, en gran medida, desperdiciada” Los acontecimientos de abril de 2002 han sido utilizados por el gobierno como pretexto para adoptar un amplio espectro de medidas que han debilitado las garantías fundamentales contempladas en la Constitución.

Dejo al criterio de mis lectores evaluar, a la luz de lo que dice HRW y de la realidad que vivimos en el país, el grado en que esa prestigiosa organización ha incurrido en falsedades, inexactitudes, exageraciones o calumnias sobre el desempeño del tcpcej durante los 10 años que lleva gobernando.

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