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Caracas,
miércoles 16 de mayo, 2007
La libertad de expresión en la picota
Adolfo
R. Taylhardat
En mayo de 2001 participé en
Sao Paolo, Brasil, en el foro “Jornada sobre Libertad de Prensa y Democracia en
América Latina” organizado por el Parlamento Latinoamericano y la UNESCO. La
mesa en la cual intervine examinó el tema: “La libertad
de expresión y de prensa: entre la legislación democrática y el autoritarismo y
la arbitrariedad” Los otros miembros del panel fueron el
Diputado Ismael Herrera, Legislador de Panamá, el Dr. Héctor Oscar Amengual,
Director General de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y el diputado
Carlos Mahia, Legislador de Uruguay.
En mi presentación señalé que si bien en
Venezuela la libertad de prensa y la libertad de opinión no habían sido
suprimidas, era frecuente que el gobierno dirigido por HRChF recurriera a “nuevas
formas” de ataque contra los medios, como el acoso, las intimidaciones, las
agresiones a periodistas, atentados contra las sedes de periódicos y canales de
televisión, y sobre todo acusaciones e imputaciones sin fundamento de supuestas
actividades conspirativas. Todo ello con la finalidad de provocar temor, inducir la auto-censura
e ir gradualmente intensificando el control sobre la libertad de expresión.
Seis años después el panorama es todavía más
negro. El informe sobre la situación del derecho a la libertad de expresión e
información en Venezuela presentado por Espacio Público registra que el año
pasado se produjo un incremento considerable de medidas
judiciales de censura previa, agresiones a los reporteros, limitaciones al
acceso a la información pública y obstáculos a los periodistas de medios no
oficiales para buscar, recibir y difundir información. Según ese informe las violaciones más
frecuentes son la intimidación (35,10%), la agresión (15,89%), la amenaza
(13,91%) y el hostigamiento judicial (13,91%).
Por su parte, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en su informe correspondiente al año 2006 registró el
asesinato de dos periodistas (Jorge Aguirre de El Mundo y Jesús Flores de
Región) y numerosos actos de agresión , amenazas
contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, incremento de
procesos penales contra comunicadores sociales que tienen un efecto disuasivo
para el ejercicio de la libertad de expresión y otros actos que “podrían
configurar formas indirectas de restricción al ejercicio de la libertad de
expresión en Venezuela.”
El Informe de la CIDH correspondiente a 2006
advierte que si bien el gobierno tiene la potestad de administrar el espectro radioeléctrico,
establecer términos de duración de las concesiones y decidir sobre su
renovación, esa atribución “debe ser
ejercida tomando en cuenta las obligaciones internacionales asumidas por el
Estado, que incluyen garantizar el derecho
a expresar ideas y pensamientos de toda índole sin que se adopten restricciones indirectas al ejercicio del
derecho a la libertad de expresión”
Cuando la CIDH dice que la libertad de
expresión no sólo debe garantizar la difusión de información o ideas que son
recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino
también las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado y agrega que “Solamente cuando el individuo es informado podrá evaluar y
libremente adherirse a una u otra postura dentro del espectro político” evidentemente tiene presente el caso de RCTV
Faltan escasamente dos semanas para
que se aplique a ese medio la medida que privará a los venezolanos de su
derecho a disponer de un canal de televisión a través del cual reciben
información de lo que acontece en el país permitiéndoles, como dice la CIDH “evaluar
y adherir libremente a una u otra postura dentro del espectro político”.
Los llamamientos hechos por diversos
sectores de la sociedad venezolana, sin distinción de nivel social o económico
o de posición política y por instituciones respetables y representativas de la comunidad
internacional siguen siendo ignorados. De nada ha servido tampoco que la CIDH
haya trasladado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la situación que
plantean el hostigamiento contra empleados y trabajadores de RCTV y su impacto
sobre el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
El viernes pasado en su versión digital este
diario realizó un sondeo de opinión sobre la suerte de RCTV. Los resultados
fueron: 71.45 % de los participantes opinaron que la concesión no será
renovada, 3.98 % que el gobierno rectificará y el canal seguirá en el aire y
24.57 que el TSJ fallará a favor del canal y el gobierno desistirá de la
medida. Las dos últimas opiniones son apenas un soplo de esperanza de que HRChF
depondrá su soberbia, su intemperancia, su megalomanía, su despotismo y
escuchará el clamor de la casi totalidad de la ciudadanía para que desista del
insólito atropello que se propone cometer.
Lamentablemente, dentro de su empeño de aislar
a Venezuela de la legalidad internacional, pareciera que –y aquí empleo una de
sus expresiones favoritas- HRChF ha decidido “enrollar y meterse en el bolsillo
trasero” la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José), la
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH (Declaración
de Chapultepec) y todos los demás instrumentos internacionales que protegen el
derecho de los venezolanos a la libertad de información.
www.adolfotaylhardat.net