La internacionalización de la política interna
Adolfo
R. Taylhardat
La
politica venezolana se proyecta cada vez más hacia el escenario internacional.
Chávez
desarrolla una costosísima campaña internacional de desinformación para
convencer al mundo que tenemos una democracia perfecta y que, a pesar de haber
sido “elegido libremente y ratificado en consultas populares sucesivas”, existe
una conspiración para derrocarlo El más
reciente esfuerzo en este sentido es un documento en francés (seguramente
escrito por Ignacio Ramonet) que Nora Uribe remitió a los medios
internacionales donde advierte “a todas las naciones democráticas del mundo y
en particular a los medios internacionales” que “elementos golpistas y
terroristas, inflitrados en la oposición realizan actos que comprometen la paz
civil y ponen en peligro la vida de de personalidades y ciudadanos inocentes”.
A ésto se agrega la dispendiosa e
innecesaria gira turística que acaba de hacer el Presidente imponiendo su
presencia a gobiernos que no lo habían invitado. Su intento para convencer al
Presidente Chirac de la existencia de una supuesta conspiración se estrelló con la respuesta seca de su
interlocutor: “espero que las tensiones políticas en Venezuela se alivien
por medio del diálogo y con respeto por las instituciones estatales y la
ley” (El Universal 16-10-02, pag. 1-6).
Ante
la situación de indefensión en que nos encontramos los venezolanos como
resultado del vergonzoso avasallamiento de los órganos del Poder Público
Nacional (lesislativo, judicial, ciudadano y electoral), la oposición se ha
volcado hacia la comunidad internacional en busca de protección y apoyo. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido diligente en dictar medidas
cautelares a favor de personas naturales y civiles amenazadas por defender la
democracia. El Secretario General de la OEA, genuinamente preocupado por la
explosiva situación venezolana no escatima esfuerzos para activar mecanismos
que alivien las tensiones e impulsen el diálogo. El Presidente del Perú, preocupado
también por el peligro que corre la democracia venezolana y por las
pretensiones continentales del proyecto de Chávez, movilizó a los otros países
de la Comunidad Andina alrededor de una iniciativa que debe conducir a
reconocer que, si bien los venezolanos debemos resolver nuestros propios
problemas, el resto de América no puede permanecer indiferente ante la
pretensión de Chavez de imponernos una revolución “neo-comunista salvaje”.
Felizmente,
como la marcha del 10-10 demostró que la oposición no es golpista, los
deseperados esfuerzos del gobierno por confundir a la opinión pública
internacional están fracasando. Se ha impuesto el concepto de que para ser
legítimo, un Presidente, además de ser electo popularmente, debe gobernar
respetando el sistema democrático dentro del cual le otorgaron su confianza los
electores. La Carta Democrática Interamericana dice: los pueblos tenemos
derecho a la democracia y los gobiernos la obligación de promoverla y
defenderla