La internacionalización de la política interna

 

Adolfo R. Taylhardat

 

La politica venezolana se proyecta cada vez más hacia el escenario internacional.

 

Chávez desarrolla una costosísima campaña internacional de desinformación para convencer al mundo que tenemos una democracia perfecta y que, a pesar de haber sido “elegido libremente y ratificado en consultas populares sucesivas”, existe una conspiración  para derrocarlo El más reciente esfuerzo en este sentido es un documento en francés (seguramente escrito por Ignacio Ramonet) que Nora Uribe remitió a los medios internacionales donde advierte “a todas las naciones democráticas del mundo y en particular a los medios internacionales” que “elementos golpistas y terroristas, inflitrados en la oposición realizan actos que comprometen la paz civil y ponen en peligro la vida de de personalidades y ciudadanos inocentes”. A ésto se agrega  la dispendiosa e innecesaria gira turística que acaba de hacer el Presidente imponiendo su presencia a gobiernos que no lo habían invitado. Su intento para convencer al Presidente Chirac de la existencia de una supuesta  conspiración se estrelló con la respuesta seca de su interlocutor: “espero que las tensiones políticas  en Venezuela se alivien  por medio del diálogo y con respeto por las instituciones estatales y la ley” (El Universal 16-10-02, pag. 1-6).

 

Ante la situación de indefensión en que nos encontramos los venezolanos como resultado del vergonzoso avasallamiento de los órganos del Poder Público Nacional (lesislativo, judicial, ciudadano y electoral), la oposición se ha volcado hacia la comunidad internacional en busca de protección y apoyo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido diligente en dictar medidas cautelares a favor de personas naturales y civiles amenazadas por defender la democracia. El Secretario General de la OEA, genuinamente preocupado por la explosiva situación venezolana no escatima esfuerzos para activar mecanismos que alivien las tensiones e impulsen el diálogo. El Presidente del Perú, preocupado también por el peligro que corre la democracia venezolana y por las pretensiones continentales del proyecto de Chávez, movilizó a los otros países de la Comunidad Andina alrededor de una iniciativa que debe conducir a reconocer que, si bien los venezolanos debemos resolver nuestros propios problemas, el resto de América no puede permanecer indiferente ante la pretensión de Chavez de imponernos una revolución “neo-comunista salvaje”.

 

Felizmente, como la marcha del 10-10 demostró que la oposición no es golpista, los deseperados esfuerzos del gobierno por confundir a la opinión pública internacional están fracasando. Se ha impuesto el concepto de que para ser legítimo, un Presidente, además de ser electo popularmente, debe gobernar respetando el sistema democrático dentro del cual le otorgaron su confianza los electores. La Carta Democrática Interamericana dice: los pueblos tenemos derecho a la democracia y los gobiernos la obligación de promoverla y defenderla