LA ESTOCADA FINAL

Adolfo R. Taylhardat

Es triste ver cómo una obra en cuya materialización uno contribuyó aun cuando fuera modestamente, es destruida, derrumbada literalmente con los pies. Me refiero a la carrera diplomática, al servicio exterior profesional.

El Embajador y Ex Canciller, prematuramente fallecido, Germán Nava Carrillo y yo ingresamos a la Cancillería casi simultáneamente cuando todavía éramos estudiantes en la Escuela de Estudios Internacionales. Durante nuestra permanencia en el Servicio Exterior nos propusimos, junto con otros colegas que compartían la misma preocupación, en contribuir a la profesionalización del Servicio Exterior y a consolidar la diplomacia como carrera al servicio del Estado.

En 1961 logramos que el Estatuto del Personal del Servicio Exterior, instrumento legal que desde 1944 regía la Carrera Diplomática, fuera transformado en la primera Ley de Servicio Exterior. Con esa Ley se iniciaron los Concursos de Oposición para el ingreso a la Carrera. La Ley dispuso que los cargos de Tercer Secretario estaban exclusivamente reservados para quienes hubieran superado exitosamente el concurso. Es decir, que nadie que no hubiera aprobado el Concurso podía ocupar un cargo de Tercer Secretario. Esa disposición se convirtió en el manantial del cual surgieron excelentes funcionarios que, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley en cuanto antigüedad, méritos, desempeño, etc., escalaron los distintos niveles del escalafón de la Carrera hasta llegar al rango de Embajador.

Ese esfuerzo condujo a que para fines de la década de los 80 prácticamente la totalidad de los cargos de la carrera diplomática, desde Tercer Secretario hasta Embajador, eran desempeñados por profesionales. La mayoría graduados de la Escuela de Estudios Internacionales, pero también Abogados, Economistas, Periodistas y profesionales de otras ramas.

En ese proceso, el Jurado Calificador del Servicio Exterior ha jugado un papel primordial como el órgano que con objetividad, imparcialidad y libre de presiones extrañas evalúa los méritos de los funcionarios desde antes de su incorporación a la Carrera y a todo lo largo de su permanencia en el servicio para determinar si reúnen las condiciones para ser ascendidos al rango superior. El Jurado Calificador ha cumplido, por lo tanto, una función cardinal en ese largo, pero fructífero y beneficioso proceso de profesionalización del Servicio Exterior que llevó la diplomacia venezolana a ocupar lugar destacado en los distintos escenarios de la actuación internacional del país durante los 40 años de la hoy vilipendiada etapa democrática que vivió el país.

La Ley del Servicio Exterior puso fin a aquella situación en la cual las Embajadas servían como “exilio dorado” para figuras políticas incómodas al gobernante de turno, para militares retirados, para amigotes que deseaban pasar una temporada fuera de Venezuela o para familiares de personeros del gobierno que debían someterse a tratamientos médicos en el exterior.

Con el advenimiento del régimen de la “revolución bonita” se inició el proceso inverso. Comenzó una verdadera “razzia” contra el funcionariado profesional del Servicio Exterior al punto de que hoy día quedan apenas unos pocos diplomáticos de carrera que penden de un hilo mientras les llega el momento en que los pondrán “de patitas en la calle”. Ese funcionariado profesional ha sido suplantado con improvisados cuyo único merito consiste en ser leal al proceso. La “revolución bolivariana” suprimió la disposición de la Ley que reservaba el 50 % de los cargos de Embajadores jefes de misiones diplomáticas a los funcionarios de carrera dejando al Jefe del Estado total libertad para disponer a su antojo de las Embajadas venezolanas en el exterior.

Para completar el avasallamiento del Servicio Exterior la Asamblea Nacional está a punto de sancionar una nueva reforma a la Ley del Servicio Exterior cuya principal finalidad es eliminar el Jurado Calificador y sustituirlo con un “Comité Evaluador”.

Actualmente en el Jurado Calificador, además de estar representado el presidente de la república, el canciller y el poder legislativo, cuenta con la participación de un representante designado por los funcionarios de carrera y un representante designado por las instituciones academias que forman especialistas en relaciones internacionales. El nuevo ente que se pretende crear estará compuesto exclusivamente por representantes del oficialismo: uno designado por el presidente, cuatro por el ministro de Relaciones Exteriores y dos por la Asamblea Nacional.

Resulta a todas luces paradójico, incongruente, contradictorio, absurdo, que esté régimen que proclama a los cuatro vientos la participación como una de sus bases esenciales, suprime una institución en la cual había auténtica participación para remplazarlo por otra que carece totalmente de participación.

Según la diputada Iris Varela las embajadas no requieren personal de carrera. “Nosotros no tenemos por qué estar buscando funcionarios de carrera para que defiendan la revolución” (El Universal 22-02-07, pág. 1-4).

Por supuesto, ¿para que hacen falta diplomáticos de carrera en un país donde no hay política exterior ni cancillería sino un proyecto político personal cuya proyección internacional es conducida por su propio autor con una diplomacia también personalísima -si es que eso se puede llamar diplomacia -? Al igual que en las demás ramas de la administración pública, donde todo lo que signifique excelencia y meritocracia equivale a oligarquía, en la cancillería sobran los diplomáticos de carrera, profesionales formados expresamente para gerenciar relaciones internacionales.

La nueva reforma de la Ley del Servicio Exterior será la estocada final a la carrera diplomática y marcará el fin de ese esfuerzo exitoso que sirvió para dotar a Venezuela de un Servicio Exterior de excelencia, reconocido y respetado internacionalmente por la elevada calidad y profesionalismo de sus integrantes.