EL
UNIVERSAL
Opinión – Miércoles 8 de julio de 2009
La
doble moral internacional
Adolfo R. Taylhardat
Nota previa: debido a problemas técnicos en el
servidor de El Universal Digital mi artículo de la semana pasada titulado
"Honduras… ¿y llanura?" no fue publicado. Los interesados pueden eerlo en http://www.analitica.com/va/internacionales/opinion/8290710.asp
En su artículo del sábado pasado en este mismo diario monseñor Baltazar Porras caracterizó con toda precisión la situación
de Honduras cuando escribió: "Se esgrime la existencia de un golpe de
Estado en el derrocamiento del presidente Zelaya… "Pero, ¿las acusaciones
que pesan sobre él por violar la Constitución, son o no un golpe contra las
leyes de esa república?"… "La doble moralidad es una inmoralidad, una
transgresión contra la equidad porque genera exclusión e injusticia".
A las autoridades que asumieron el poder en Honduras se les enrostra que, sin
haberle dado oportunidad para defenderse, destituyeron y extrañaron al
presidente Zelaya por estar incurso, entre otros, en los delitos de traición a
la patria, abuso de autoridad, usurpación de funciones y otros delitos contra
la forma de gobierno. Al mismo tiempo los gobiernos de la región, sin haberle
dado oportunidad a Honduras para defenderse y exponer las razones que
condujeron a la destitución de Zelaya, sentenciaron que en ese país ocurrió un
golpe de estado y sin demora, en un juicio sumarísimo impusieron a ese país la
máxima pena que la OEA puede aplicar a un Estado miembro sin detenerse a
considerar que castigan a un pueblo por defender su democracia y el imperio del
derecho. La decisión de la Asamblea Extraordinaria de esa organización reza:
"Suspender al Estado de Honduras del ejercicio de su derecho de
participación en la Organización de los Estados Americanos de conformidad con
el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. La suspensión tendrá
efecto inmediatamente".
El espectáculo que dieron los presidentes de la región en las reuniones del
SICA y del Grupo de Río y en la Asamblea Extraordinaria de la OEA fue realmente
patético. Escuchar aquellos discurso pobres de contenido y vacíos de sustancia,
que no hacían sino repetir como un disco rayado los improperios y falsedades
del teniente coronel presidente que gobierna en nuestro país, inspiraban pena
ajena. Igual sensación nos produjo el triste papel de la presidenta de
Argentina y del pecaminoso ex sacerdote presidente de Paraguay, sumando su voz
al coro de apologistas de Zelaya en la reunión de la Asamblea Extraordinaria el
4 de julio. Igualmente patética ha sido la aparición de los presidentes de
Ecuador, Argentina, Paraguay, el Presidente de la Asamblea General de la ONU y
el Secretario General de la OEA junto con el presidente Zelaya en la rueda de
prensa que ofrecieron en el aeropuerto de San Salvador luego que el avión que
transportaba a este último no pudo aterrizar en Tegucigalpa.
Los gobiernos de la región se rasgan las vestiduras defendiendo a un Presidente
que violando la Constitución y el Estado de derecho sumisamente se presta a
hipotecar la soberanía nacional de su país sometiéndose a una relación de
dependencia colonial con el mandante Miraflores y. por mampuesto, con la de los
hermanos dictadores de Cuba.
Los acontecimientos ocurridos la semana pasada en el país centroamericano han
servido para mostrar a la comunidad internacional el nivel a que ha llegado la
insolente injerencia del régimen venezolano en la política interna de Honduras.
Según el Diario Exterior de España el gobierno de ese país tiene en su poder un
informe en el cual se señala que los cuerpos de seguridad de Honduras
detectaron la presencia de mercenarios armados procedentes de Venezuela y de
Nicaragua con la misión de apoyar la consulta popular "no vinculante"
convocada por Zelaya y movilizar sus partidarios en las calles para crear
disturbios. Con toda seguridad esos agentes pagados son los mismos que
movilizan a los agitadores que claman por el regreso del presidente destituido.
Por otra parte, según el diario ABC de España el equipo de juristas españoles
que asesoró al mandante de Miraflores y a los presidentes Evo Morales y Rafael
Correa en las reformas "bolivarianas" de las constituciones de sus
países, han sido nuevamente contratados por el teniente coronel presidente,
para aconsejar al presidente Zelaya las modificaciones de la Constitución
Nacional para implantar la reelección y establecer las bases para instituir la
reelección indefinida. Si esto no bastara como prueba de la ingerencia
del gobernante venezolano, allí están los discursos insultantes y agresivos del
inquilino de Miraflores contra las autoridades hondureñas y sus amenazas de
intervenir militarmente en Honduras para restituir por la fuerza al presidente
Zelaya en el poder.
Pero la doble moralidad de que habla monseñor Porras no se limita a la
situación en Honduras. La OEA activa la Carta Democrática Interamericana para
condenar a ese país pero se hace la vista gorda en el caso de Venezuela cuyo
presidente ha cometido los mismos y hasta peores delitos que se le imputan a
Zelaya. Cuando el artículo 3 de la CDI establece expresamente que uno de los
elementos esenciales de la democracia es el ejercicio del poder conforme al
Estado de derecho está diciendo que la legitimidad de un gobernante no radica
exclusivamente en su elección, sino que una vez en el cargo ese funcionario
debe desempeñarse dentro del mas absoluto respeto de
la Constitución y las leyes.
El siguiente párrafo del artículo de Simón Alberto Consalvi
titulado "Condena universal contra el golpe de Estado", publicado el
domingo pasado en El Nacional es igualmente lapidario: "La condena
universal, por unas razones o por otras, por los viejos complejos y las viejas
culpas, por miedo a los fantasmas o por lo que fuera, silenció lo que es
preciso anotar porque, con todo lo condenable del golpe de Estado, conviene
precisar que el presidente Zelaya desató la crisis al pretender dar otro de
esos perversos golpes de Estado que se concretan a través de recursos
indebidos, violatorios de las constituciones y del estado de derecho".
Es triste constatar cómo gobiernos que se dicen demócratas ceden ante el
chantaje del dictador de la "revolución bolivariana".
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