La
candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad
El
Consejo de Seguridad está integrado por quince miembros: cinco
permanentes: (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Feración Rusa) y
diez no permanentes.
La
elección de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad se rige por una
serie de normas contempladas en la propia Carta de las Naciones Unidas, en el
Reglamento de la Asamblea, en resoluciones de esta última y en algunas normas
no escritas que se han impuesto por el uso y la costumbre.
El
artículo 23.1 de la Carta de las Naciones Unidas establece que al elegir
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad la Asamblea tendrá en cuenta
tres consideraciones: la contribución del país candidato al mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, la contribución a los demás propósitos de
la organización y la preservación de una distribución geográfica
equitativa.
El
Reglamento de la Asamblea General establece en su artículo 142 que cada año se
efectuará la elección de 5 de los diez miembros no-permanentes del Consejo de
Seguridad para un término de dos años. El artículo 143 del Reglamento
reproduce textualmente las condiciones que establece el párrafo 1 del Artículo
23 de la Carta de las Naciones Unidas a las cuales se hizo referencia más
arriba y el artículo 144 establece la no reelección inmediata de los
miembros no permanentes.
El
artículo 18 de la Carta de las Naciones Unidas, establece, en su párrafo 2 que
las decisiones de la Asamblea sobre "cuestiones importantes" se
tomarán por el voto de una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y
votantes y señala que entre esas cuestiones importantes figura la elección de
los miembros no-permanentes del Consejo de Seguridad. Esto significa que un país
para ser elegido miembro no-permanente del Consejo de Seguridad debe reunir 128
votos.
El
artículo 92 del Reglamento de la Asamblea General establece que todas las
decisiones sobre elecciones se realizarán mediante voto secreto y que no
habrá nominaciones. Esto último no impide que los gobiernos den a conocer sus
candidaturas y realicen gestiones diplomáticas para lograr el apoyo necesario
para obtener apoyos.
La
distribución geográfica de los puestos en el Consejo está regulada por la
Resolución 1991 A (XVIII) adoptada por la Asamblea General el 17 diciembre de
1993. Esa resolución distribuye los 10 puestos no permanentes a las
diferentes regiones en función de la cantidad de países que integra el
correspondiente grupo regional. A la región América Latina y el Caribe, a la
cual pertenece Venezuela le corresponden dos puestos. Actualmente esos dos
puestos están ocupados por Argentina y Perú.
Normalmente,
y esto forma parte de las normas no escritas que regulan la elección de
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, cada región trata de escoger
sus candidatos mediante consenso. Esta ha sido la tradición en América
Latina y solo en muy pocos casos no se pudo lograr el consenso necesario para
evitar confrontaciones en la Asamblea General.
La candidatura venezolana
El
Gobierno de Venezuela ha presentado su candidatura para ocupar el puesto que
dejará vacante Argentina en el Consejo de Seguridad a partir del 3l de
diciembre próximo.
Para
comenzar, nadie niega que Venezuela, como país soberano tiene pleno derecho a
formar parte del Consejo de Seguridad.
Sin
embargo, es importante analizar la candidatura venezolana a la luz de las
condiciones comentadas más arriba:
Si
bien es cierto que las dos primeras condiciones exigidas por el Artículo 23 de
la Carta -contribución al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales y contribución a los demás propósitos de la organización-
implican valoraciones subjetivas por parte de los Estados Miembros de la
organización, no es menos cierto que se trata de consideraciones
importantes que persiguen asegurar que el país elegido se desempeñe dentro del
Consejo de manera constructiva y eficiente.
La
contribución al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional se puede
manifestar de maneras muy diversas: participación en operaciones de paz,
voluntad de facilitar la solución de un conflicto en el cual el país
candidato se ha visto involucrado; pago oportuno de las contribuciones
obligatorias o voluntarias a las operaciones de mantenimiento de la paz; estado
de solvencia general en cuanto al pago de las contribuciones al presupuesto de
la organización; la conducta general y la posición asumida durante los
debates relacionados con situaciones que involucran el mantenimiento de la paz
y la seguridad. Todos estos elementos y muchos otros pueden ser tomados
individual o conjuntamente para determinar si un país ha contribuido
efectivamente al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Los
propósitos de las Naciones Unidas están expresamente definidos en el Artículo 1
de la Carta de la siguiente manera:
"Fomentar
entre las naciones relaciones de amistad basada en el respeto al principio de
igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos y tomar otras
medidas adecuadas para fortalecer la paz universal"
"Realizar
la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de
carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y
estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de
todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idiomas o
religión"
Por
lo que se refiere a la condición relacionada con la contribución a la paz
y la seguridad internacional es preciso concluir que la conducta del actual
gobierno venezolano no cumple ese requisito.
En
apoyo a esta afirmación resulta pertinente tener en cuenta que:
1)
El gobierno venezolano ha declarado públicamente su apoyo al programa iraní de
enriquecimiento de uranio.
2)
En la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica
Venezuela votó en contra de la resolución de ese órgano disponiendo el traslado
del caso de Irán precisamente al Consejo de Seguridad.
3)
El gobierno venezolano ha apoyado públicamente el programa de desarrollo
nuclear de Corea del Norte y su decisión de producir y ensayar misiles capaces
de transportar armas nucleares.
4)
El Gobierno de Venezuela tomó públicamente partido a favor del Hezbolá en la
reciente crisis que enfrentó a Israel con esa organización terrorista.
Todas
estas son cuestiones que se encuentran bajo la consideración del Consejo de
Seguridad y la Comunidad Internacional la cual despliega esfuerzos para evitar
que lleguen a convertirse en situaciones capaces de amenazar la paz y la
seguridad internacionales.
No
es difícil anticipar la actitud que asumiría Venezuela en el Consejo de
Seguridad en esos temas en el supuesto negado de que Hugo Chávez resultara
reelecto.
Otra
consideración que los Estados Miembros de las Naciones Unidas deben tener
en cuenta es que cada día son mayores y abiertas las manifestaciones de
militarismo y armamentismo del gobierno venezolano. Al acaparamiento ascendente
de los cargos públicos de relevancia por militares activos o en retiro, se han
sumado las recientes adquisiciones de armas ofensivas. Las compras ya
efectuadas y las proyectadas son una muestra clara de que el gobierno
venezolano está instrumentando una política que contradice su retórica
pacifista. La propuesta de unificar los ejércitos suramericanos se inscribe
también dentro de esta política militarista y guerrerista. A lo anterior se
añade la incorporación de un gran número de civiles (milicias) a actividades de
carácter militar.
Esta
situación que genera ya honda preocupación no solo en los venezolanos, sino
también en los países vecinos en el hemisferio, no puede dejar de ser tomada en
cuenta por la comunidad internacional al fijar su posición en relación con los
candidatos a miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.
A
lo anterior hay que agregar la política de exportación de la
"revolución bolivariana" que viene desarrollando el actual
régimen venezolano, lo cual ha originado numerosas denuncias por parte de
funcionarios del gobierno y personalidades políticas de los países afectados.
De esa política forma parte también la injerencia que ha tenido el presidente
Chávez directamente en los procesos electorales de algunos países de la
región, de manera particular en Bolivia, Perú, México y Nicaragua,
lo cual ha dado lugar, como en el caso del Perú, a una suspensión virtual de
las relaciones bilaterales.
En
lo que respecta a la contribución a los demás propósitos de la organización al
fijar su posición acerca de la candidatura venezolana los Estados Miembros
tendrán en cuenta también que en este ámbito el actual gobierno de Venezuela no
se ajusta a la obligación que tienen los países de estimular "el
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos".
Venezuela
atraviesa actualmente uno de los momentos más difíciles de su historia
política. Los venezolanos, fieles a su cultura democrática recurren a los
medios pacíficos y legales para poner fin a la crisis que aqueja al país.
Chávez, por el contrario, en su empeño por aferrarse al poder, cada día comete
nuevos atropellos contra las libertades individuales e incurre en nuevas
violaciones de los derechos humanos empujando al país hacia un régimen
totalitario.
En
Venezuela no hay Estado de Derecho y Chávez se encuentra completamente
deslegitimado porque en su desempeño como Presidente ha engañado al pueblo y
violado los más elementales principios y normas de la democracia. La mayoría
abrumadora de venezolanos rechaza las ambiciones autoritarias de Chávez y su
pretensión de imponer un proyecto político, social y económico absolutamente
contrario a la idiosincrasia del pueblo y totalmente reñido con la cultura
democrática del país y de perpetuarse en el poder manipulando los procesos
electorales.
La
Declaración Universal de Derechos Humanos establece que "La voluntad del
pueblo es la base de la autoridad del poder público". Esto significa
que cuando una autoridad frustra la voluntad del pueblo inevitablemente pierde
su legitimidad o lo que es lo mismo, un gobierno legítimamente electo es
legítimo solo en la medida en que representa la voluntad del pueblo que lo
eligió.
En
momentos en que en Venezuela se desarrolla un proceso electoral en el cual
Chávez aspira a la reelección, la elección de Venezuela para ocupar un puesto
no permanente en el Consejo de Seguridad con toda seguridad sería explotada por
el régimen como una demostración del apoyo de la comunidad internacional a su
proyecto político dictatorial.
De
manera particular el proyecto de Chávez procura provocar una
confrontación del mundo en desarrollo con Estados Unidos de América y,
según sus propias palabras, este sería el principal objetivo que
perseguiría desde el Consejo de Seguridad si Venezuela resultara electa.
Finalmente,
por lo que respecta a la condición de la distribución geográfica equitativa la
situación que se describe de seguidas tampoco favorece a la candidatura
venezolana:
1) La
candidatura de Guatemala fue presentada antes de la de Venezuela;
2) Venezuela
ha sido ya cuatro veces miembro no-permanente del Consejo de Seguridad
(1962-63/1977-78/1986-87/1992/93) Guatemala, en cambio, nunca ha sido miembro
de ese órgano en toda la existencia de las Naciones Unidas;
3) Desde
1998 cuando Costa Rica ocupó un puesto no-permanente (1997-98), ningún otro
país de la sub-región América Central ha formado parte del Consejo;
4) Desde
el año 2001 la sub-región América del Sur ha detentado
ininterrumpidamente un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad
(Colombia 2001-02, Chile 2003-04, Brasil 2004-05, Argentina 2005-06, Perú
2006-07);
5) Los
dos miembros latinoamericanos actualmente miembros del Consejo pertenecen a la
subregión América del Sur de la región América Latina y el Caribe. Si se
desea dar plena aplicación al principio de la distribución geográfica
equitativa, el puesto que dejará vacante Argentina debería ser ocupado por un
país de otra subregión, como es el caso de Guatemala, país ubicado en la
subregión centroamericana;
Otras consideraciones
Resulta
evidente la contradicción manifiesta entre la aspiración del gobierno a ocupar
un puesto en el Consejo de Seguridad y las expresiones afrentosas que ha tenido
el Presidente hacia la Organización de las Naciones Unidas a la cual ha
calificado de inútil, ineficaz e inoperante.
De
la misma manera la candidatura venezolana ha quedado en entredicho luego de los
ataques personales que el presidente Chávez dirigió al presidente de Estados
Unidos y las acusaciones de supuestos plantes de agredir a Venezuela que
formuló ante el principal foro de la comunidad internacional.
Finalmente,
no se pude perder de vista que el actual mandatario venezolano ha mantenido una
posición ambigua en relación con la narcoguerrilla colombiana y tampoco ha sido
clara y categórica la actitud del gobierno venezolano en la lucha que libra la
comunidad internacional contra el terrorismo
Todas estas son consideraciones
que inevitablemente tendrán que valorar los gobiernos al asumir una posición
definitiva respecto de la candidatura venezolana al Consejo de Seguridad.
www.adolfotaylhardat.net
* El autor de este artículo fue
Embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y representó a su país en el
Consejo de Seguridad. Ejerció la presidencia de ese órgano en septiembre de
2003
Más artículos de esta firma
en El Universal.