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Adolfo R. Taylhardat EN VENEZUELA se ha operado un
vergonzoso proceso de incautación del derecho al sufragio mediante el
avasallamiento del Consejo Nacional Electoral y la defraudación de todo el
sistema electoral. Según
la Constitución Nacional el CNE debe regirse por los principios de
"independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales,
imparcialidad y participación ciudadana, descentralización de la
administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y
escrutinios". Todos
esos principios han si do escamoteados o burlados en la composición y el
funcionamiento de ese órgano. La
naturaleza sesgada del CNE ha quedado evidenciada en los procesos electorales
realizados bajo su administración que estuvieron rodeados de todo tipo de
obstáculos creados para interferir el sagrado derecho al voto: modificaciones
caprichosas de normas y reglamentos, establecimiento de nuevos requisitos y
procedimientos para dificultar la participación del electorado, incorporación
al sistema de votación de nuevos mecanismos electrónicos no contem plados en la ley. Y
ahora, las "morochas". En
la campaña electoral que acaba de comenzar presenciaremos las mismas
prácticas ventajistas del oficialismo: uso arbitrario de recursos
financieros, materiales y humanos del Estado, participación abusiva del Jefe
del Estado en la campaña empleando estaciones de radio y de televisión
oficiales o controladas por el Gobierno, intensificación del uso del dinero
de los venezolanos en programas sociales y medidas populistas de última hora
para intentar granjear apoyo en las clases menos favorecidas. Todo bajo la
mirada complaciente del CNE. La
perspectiva de que las elecciones de diciembre se realizarán bajo las mismas
condiciones adversas ha generado en el electorado total desconfianza en la
institución del voto. La ciudadanía se siente lesionada y burlada. Para
que los venezolanos recuperen su confianza es necesario que su voto sea
respetado. Ello requiere: 1) eliminar las "máquinas capta-huellas"
que atentan contra el secreto del voto; 2) contar cada una de las papeletas
depositadas en las urnas de cada mesa electoral; 3) que las autoridades
gubernamentales, comenzando por el propio Presidente, el partido de Gobierno,
sus dirigentes y los funcionarios del "Plan República" se abstengan
de interferir, de cualquier manera, en el proceso electoral.
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