Opinión - Miércoles 13 de
mayo, 2009
La
advertencia del amigo
Adolfo R. Taylhardat
La semana pasada, en una más de sus tediosas
apariciones televisivas, el teniente coronel Presidente contó que "un
amigo" le había recomendado poner atención a las acusaciones que en su
contra y contra su gobierno han sido presentadas ante diferentes organismo
internacionales por sus violaciones a los derechos humanos. (EU, 07-05-09, Pág.
1-4). "Mire, Presidente -le habría dicho ese amigo- hágale caso a esto,
porque si usted se descuida, no le extrañe que en alguna de esas Cortes le
dicten un auto de detención un día de éstos".
El sólo hecho de haberse referido a eso
públicamente indica que el consejo del "amigo" se le quedó grabado en
el subconsciente y le causa preocupación. Casualmente la recomendación del
"amigo" coincidió con nuevos pronunciamientos emitidos por
importantes y prestigiosas instituciones cuya autoridad, objetividad e
imparcialidad están fuera de cualquier duda no obstante el empeño descalificador
del teniente coronel y de sus títeres.
Primero fue el Parlamento Europeo que el miércoles
6 de mayo adoptó una contundente resolución sobre la actualidad política
venezolana.
La resolución pasa revista a las violaciones de la
Constitución Nacional que comete el régimen; a los casos de Manuel Rosales, del
general Baduel, de Antonio Ledezma
y la agresiva campaña de acoso contra la Alcaldía Mayor; a la sentencia dictada
contra los comisarios y los agentes de la Policía Metropolitana; a la ocupación
militar de los puertos y aeropuertos; a la violación del principio de la
alternancia y la imposición de la reelección indefinida mediante el forzamiento
de una enmienda a la Carta Magna y a la negativa de permitir la visita a
Venezuela de una delegación oficial del Parlamento Europeo.
En su parte dispositiva la resolución expresa su "enorme preocupación por
el deterioro de la situación y la calidad de la democracia en Venezuela, que se
encuentra en grave riesgo de colapso debido a la concentración de poder y al
autoritarismo creciente ejercido por el presidente de la República";
manifiesta "su solidaridad con todos aquellos que sufren la persecución
política en Venezuela, persecución que actualmente se simboliza en la persona
de Manuel Rosales" y recuerda que la Carta Democrática Interamericana
establece que "en democracia, junto a la indudable legitimidad de origen,
sustanciada y obtenida en la urnas para acceder al ejercicio del poder, ha de
existir igualmente una legitimidad de ejercicio, que ha de venir refrendada por
el respeto a las normas de juego establecidas, a la Constitución vigente y a
las leyes y al estado de derecho como garantía de un funcionamiento plenamente
democrático".
El Parlamento Europeo termina haciendo un llamado a las autoridades del país
"especialmente al presidente de la República para que encamine su acción
política por la vía del diálogo, del respeto del estado de derecho y de la
legalidad constitucional". Además insta al Gobierno a cumplir los acuerdos
sobre derechos humanos de los cuales Venezuela es Parte.
Finalmente el PE encargó a su presidente transmitir
el texto de esa resolución al Consejo de Europa y a la Comisión de la Unión
Europea, al Secretario General de la OEA, a la Asamblea Parlamentaria
Euro-Latinoamericana, al Parlamento de Mercosur y al gobierno y a la Asamblea
Nacional venezolanos.
El día siguiente, jueves 7 de mayo, el mismo
Parlamento Europeo aprobó otra resolución sobre el Informe relativo a la
situación de los derechos humanos en el mundo, en cuyo párrafo 85 expresa su
preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela y por lo
ataques y actos de hostigamiento contra diversas organizaciones de defensa de
derechos humanos y pide al gobierno que actúe para proteger las libertades y
los derechos democráticos y el Estado de Derecho.
Luego fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuyo Informe
correspondiente al 2008 incluye en su capítulo VI un extenso y pormenorizado
análisis de la situación venezolana para concluir recomendando al Estado
venezolano, entre otras cosas, que se abstenga de estigmatizar a los defensores
y a las organizaciones que defienden los derechos humanos; que adopte medidas
para promover la tolerancia y el pluralismo en el ejercicio de los derechos
políticos; que adopte medidas para garantizar la independencia e imparcialidad
de los jueces; que adopte medidas para impedir las violaciones del derecho a la
vida y a la integridad de las personas y garantizar la seguridad de la
ciudadanía; que adopte medidas para asegurar el derecho a la vida y la
integridad de las personas privadas de libertad.
De nada valen los improperios, descalificaciones y
amenazas con las cuales ha reaccionado el teniente coronel presidente contra
las instituciones que han hecho esas constataciones y pronunciamientos y mucho
menos que las mande al "cipote". Estos documentos vienen a engrosar
el ya voluminoso expediente que la comunidad internacional viene creando con
las evidencias de la conducta antidemocrática del teniente coronel Presidente
que, tarde o temprano, llegará a las instancias judiciales internacionales de
que habla su "amigo".
No en vano el Parlamento Europeo recuerda que no
basta la "legitimidad de origen" para avalar la naturaleza
democrática de un gobierno. Esa legitimidad tiene que estar avalada con un desempeño
igualmente legítimo, respetuoso de la Constitución y del Estado de Derecho.