INGERENCIA HUMANITARIA

(Publicado en EL UNIVERSAL el 26-01-02)

 

Adolfo R. Taylhardat

 

La noción de la ingerencia humanitaria es una de los mas recientes innovaciones en el ámbito del Derecho Internacional.  El uso abusivo del principio de la no-ingerencia, o no-intervención, en los asuntos domésticos como recurso para escapar al escrutinio de la comunidad internacional ha obligado a ésta a asumir un papel activo en la protección de las libertades fundamentales del individuo. Hoy nadie puede desconocer que el respeto de los derechos humanos constituye una de las bases fundamentales de la convivencia internacional. El avance de la globalización y la expansión de la tecnología de las comunicaciones han originado la esfumación del concepto de soberanía y del principio de no-intervención. El carácter “sagrado” que se atribuye a la soberanía no puede esgrimirse para apadrinar regímenes autoritarios. Sólo conserva vigencia cuando se trata de atentados contra la integridad nacional de un Estado. La ingerencia humanitaria no está reñida con el respeto de la soberanía de los Estados. Es un recurso legítimo con que cuenta la comunidad internacional para impedir atropellos, amenazas a las libertades individuales y violaciones de los derechos humanos en cualquier lugar donde se produzcan.

 

El Agente Diplomático como principal actor en la tarea de aplicar el Derecho Internacional no puede permanecer indiferente a la evolución que experimenta esa rama del derecho. Como dijo el Nuncio Apostólico, Monseñor Dupuy en su discurso el jueves pasado, “desde hace varios años, el contenido de la misión diplomática se ha ampliado considerablemente. El diplomático no limita su actividad a resolver las diferencias o a evitar los conflictos. Hoy más que ayer, las relaciones diplomáticas son un servicio a las personas, a su dignidad y a su protección”.

 

Estas consideraciones constituyen el fundamento de la preocupación que en representación del Cuerpo Diplomático acreditado en Venezuela expresó el Nuncio ante la evidente radicalización y excesiva politización “del proceso de cambio” que adelante el Presidente.  La radicalización a la cual se refirió el Nuncio es un hecho. Está a la vista de todos. Cualquier intento de negarla se estrella contra la realidad. El llamado a la rectificación y el mensaje de paz y armonía social y política que lanzó la sociedad civil venezolana con su “Marcha por la Libertad” ha sido respondido con anuncios y medidas que presagian la intensificación de la radicalización.

 

La comunidad diplomática presente en Venezuela, que como dijo el Nuncio, está “al servicio del Derecho internacional, considerado no como una protección de los intereses particulares o nacionales, sino como un código de conducta para la familia humana en su conjunto”, sintió legítimamente necesidad de manifestar su inquietud ante la radicalización del “proceso”. Ese gesto se enmarca dentro de la función del diplomático moderno de velar por el respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática y no configura, como se ha pretendido, una ingerencia en los asuntos internos de Venezuela. Mucho menos una violación del principio de no-intervención.