INFORME CONTUNDENTE

 

Adolfo R. Taylhardat

 

El Informe sobre Venezuela elaborado por la Asociación Internacional de Abogados, institución que agremia más de dos millones y medio de abogados de 183 países,  es el testimonio que faltaba para convencer al mundo exterior de que en Venezuela se ha producido una infame conspiración contra la institucionalidad democrática.

 

La AIA constató que Venezuela se encuentra bajo el gobierno de un “paraderecho” es decir, bajo un régimen de legalidad paralelo que no se ajusta a los presupuestos de la existencia del estado de derecho. Efectivamente, en Venezuela el gobierno manipula groseramente la legalidad, la justicia y los órganos jurisdiccionales para tratar de consolidar su “proyecto” de implantar un régimen político reñido con la democracia y la libertad.

 

La AIA constató que el régimen de transitoriedad del poder judicial sirve al gobierno para amedrentar a los jueces y vulnerar la imparcialidad, el acceso a la justicia, el derecho a la defensa y el debido proceso.

 

La AIA constató que el gobierno observa una “conducta regresiva” frente a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como resultado de su actitud de desprecio hacia los instrumentos y las instituciones  multilaterales que protegen y defienden  los derechos fundamentales, a pesar de que según la constitución “bolivariana” esos instrumentos tienen rango constitucional y prevalecen sobre la Carta Magna.

 

La AIA comprobó que la ausencia de autonomía de los poderes públicos pone en peligro los derechos del individuo. Por ello, exige que los titulares del poder ciudadano sean designados conforme lo establece la constitución, con lo cual reconoce el actual carácter espurio de esos órganos.

 

La IBA denuncia el abuso del poder por parte del Estado cuando menosprecia la labor de los tribunales, insulta a los magistrados e incita públicamente a desacatar  sus decisiones. También señala el peligro que genera la participación de militares en labores de policía judicial y en funciones que deben ser desempeñadas por civiles.

 

Las conclusiones de la misión de la AIA, encabezada por el Presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, deben servir para que el mundo se dé cuenta del grotesco golpe de estado contra la democracia y la libertad de que somos víctimas los venezolanos, convertidos en rehenes del abuso del poder y la ausencia del estado de derecho.