HIPOCRESÍA MERCOSUREÑA
Adolfo
R. Taylhardat
El
pasado miércoles el gobierno de Venezuela efectuó el depósito del instrumento
de ratificación mediante el cual asume plenamente las obligaciones contempladas
en el “Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR”.
Ese
hecho ha sido aplaudido por todos los gobiernos de los demás países que forman
parte de MERCOSUR. En un gesto de evidente hipocresía esos gobiernos, movidos
por el pragmatismo y cegados por la generosidad y la munificencia de Rico McChávez se han hecho “la vista gorda” del hecho de que el
Protocolo de Ushuaia establece explícitamente (Artículo 1º.) que la plena vigencia
de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de
los procesos de integración” entre los Estados que forman parte de MERCOSUR.
Dicho en otras palabras, para ser Miembro de ese mecanismo de integración todos
los Estados deben tener instituciones democráticas en plena vigencia, es decir
en pleno funcionamiento.
Al
Canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, quien recibió el instrumento de
ratificación venezolano, le preguntaron sobre el impacto de la presencia del
gobierno de Chávez en Mercosur a la luz del Protocolo de Ushuaia. Su respuesta
fue enigmática: “MERCOSUR estableció un organismo llamado Observatorio
Democrático integrado por representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay para seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos políticos
venezolanos”.
Supuestamente,
entre las funciones del Observatorio Democrático, figura la de promover la
vigencia efectiva de los principios del Acta Democrática de Ushuaia y para ello
debe desarrollar indicadores sobre la calidad del funcionamiento de las
instituciones democráticas.
¿No ha
debido el observatorio democrático hacer un pronunciamiento claro y preciso
sobre la situación venezolana antes de que el gobierno de Chávez adhiriera al
Protocolo de Ushuaia?
Pero resulta
que ese observatorio es un órgano subsidiario del Comité de Representantes
Permanentes, quienes a su vez dependen de sus respectivos gobiernos y no tiene,
por lo tanto, ninguna capacidad para actuar con imparcialidad u objetividad.
Para
pronunciarse sobre el caso venezolano no hace falta disponer de indicadores
sobre la calidad del funcionamiento de las instituciones democráticas porque
todo está a la vista. Basta con preguntarse:
¿Cuales
son las instituciones democráticas que tienen plena vigencia en Venezuela?
¿La
división de los poderes públicos y su funcionamiento como entidades autónomas
no sometidas a los dictámenes de alguno de los otros poderes no es acaso la
primera condición para que en un país haya plena vigencia de las instituciones
democráticas?
¿Es que
el hecho de que el Presidente venezolano haya ordenado a la Asamblea Nacional
que le transfiera su función legislativa para disponer de ella a su antojo
durante año y medio no es una muestra más que suficiente de que en Venezuela no
existen poderes autónomos y que por lo tanto las instituciones democráticas no
tienen vigencia?
Otro
elemento indispensable para que exista plena vigencias de las instituciones
democráticas es el absoluto respeto de los derechos fundamentales de los
ciudadanos. Entonces, tampoco hace falta tener indicadores para comprobar que
en Venezuela los derechos humanos y particularmente los derechos políticos
están conculcados y pisoteados por el régimen; que los ciudadanos estamos
totalmente indefensos porque no existe estado de derecho; que en nuestro país
se utilizan los órganos de justicia con fines de persecución política y que
además los procedimientos judiciales se emplean como instrumentos de tortura. A
todo esto habría que agregar los atropellos que se cometen contra la libertad
de expresión y las amenazas o agresiones contra los medios de comunicación
social.
Es triste
constatar cómo, mientras en Venezuela las instituciones democráticas permanecen
secuestradas, los gobiernos de los países que se dicen amigos cierran los ojos y
extienden la mano.
La
hipocresía mercosureña tiene su sostén en el cinismo
de Rico Mc.Chávez quien con su generosidad y
munificencia bolivariano-socialista del siglo XXI
reparte gríngolas y compra lealtades repartiendo los
dineros de todos los venezolanos.
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