El reconocimiento de beligerancia a las FARC

19-01-07

Adolfo R. Taylhardat

Comienzo pidiendo indulgencia a mis lectores por lo extenso de este artículo. La importancia del tema exige cierto espacio para tratarlo con la seriedad que requiere.

Hace seis años publiqué en la Revista del IESA (Vol. 5, No. 3, Ene-Mar 2008) un artículo titulado "Impacto del reconocimiento de la beligerancia sobre la internacionalización del conflicto armado en Colombia. Consecuencias para la guerrilla y para el gobierno". Lo que escribí en aquella oportunidad adquiere ahora plena actualidad y validez.

El viernes pasado el presidente Chávez dio un paso sumamente grave en la conducción de las relaciones de Venezuela con Colombia cuando declaró que "las FARC y el ELN no son ningún cuerpo terrorista sino ejércitos que ocupan espacio en Colombia" a los cuales "debe otorgársele reconocimiento como fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político".

Desde hace tiempo se especulaba acerca de la relación existente entre Chávez y los grupos guerrilleros colombianos, particularmente con las FARC. Esas especulaciones se basaban en indicios de diversa naturaleza que adquirieron fuerza a raíz de los contactos que mantuvo con el jefe de las FARC durante el proceso de mediación para la liberación de rehenes en poder de ese grupo irregular. El viernes pasado Chávez fijó públicamente, ante el mundo, una posición oficial con todos los alcances y las consecuencias que conlleva desde el punto de vista del derecho internacional. Chávez ha otorgado a los grupos narcoguerrilleros colombianos la condición de beligerantes

Para el derecho internacional el reconocimiento de beligerantes solamente procede cuando un conflicto interno ha alcanzado la dimensión de una auténtica guerra civil, es decir, cuando en un país una organización rebelde domina de hecho una parte apreciable del territorio y se ha afirmado en su lucha contra el gobierno central. Este no es el caso en Colombia. Este reconocimiento de beligerancia a grupos irregulares alzados en armas contra el gobierno legítimo de Colombia configura una abierta y descarada injerencia directa en los asuntos internos de ese país. Pero significa también que Chávez ha tomado partido a favor de los grupos terroristas en el conflicto que durante tantos años agobia al vecino país. Chávez se ha convertido en aliado de la narcoguerrilla colombiana. No vacilo en calificar esa medida como un acto inamistoso hacia Colombia. Para las autoridades legítimas de ese país los grupos guerrilleros terroristas son enemigos internos a los cuales combate para preservar la institucionalidad y el orden interno. Al otorgarles la condición de beligerantes a los narcoterroristas Chávez los convierte en sujetos de derecho internacional.

El reconocimiento de beligerantes es por excelencia un acto político que produce efectos declarativos y constitutivos. Es declarativo porque significa la admisión de la existencia del estado de guerra civil y comporta un respaldo moral (¿y material?) a los beligerantes, todo lo cual fortalece políticamente la posición de los irregulares y debilita la del gobierno legal.

El reconocimiento de beligerancia es constitutivo porque produce consecuencias jurídicas al crear obligaciones y derechos tanto para el Estado que lo otorga como para el ente reconocido.

El efecto más evidente del reconocimiento de beligerancia consiste en la internacionalización del conflicto con todas sus consecuencias legales, incluidas las que tienen relación con la responsabilidad internacional de los insurgentes por los actos y hechos que pudieran afectar intereses de terceros Estados.

Según la doctrina internacional, a partir del momento en que reciben el reconocimiento como beligerantes los insurgentes dejan de ser considerados como irregulares o ilegales y se convierten en sujetos, si bien imperfectos, del derecho internacional. El reconocimiento de insurgentes como beligerantes produce, por lo tanto, efectos similares a los del reconocimiento de Estados o de gobiernos. Esto, como se ha indicado, reviste importancia particular a los efectos de la responsabilidad internacional. Los actos de los rebeldes son fuentes de obligaciones entre éstos, el gobierno legítimo contra el cual han insurgido y los terceros Estados.

Para el Derecho Internacional el reconocimiento de la beligerancia sólo procede cuando están presentes las siguientes condiciones: 1) una situación real de guerra, es decir, que no se trate de una simple revuelta sino de una guerra en sentido propio, caracterizada por un estado general de hostilidades; 2) que los insurgentes ejerzan el control de hecho de una porción del territorio del Estado contra cuyo gobierno legítimo se han alzado en armas; 3) que los insurgentes cuenten con alguna forma de gobierno y dispongan de una organización militar propia; 4) que los insurgentes ejerzan dentro de ese territorio un cierto grado de control administrativo. 5) que los insurgentes estén en condiciones de cumplir con las normas del derecho de la guerra.

Nuestra opinión coincide con la de las autoridades colombianas en el sentido de que esas condiciones no están dadas como para que se pueda reconocer a la guerrilla colombiana como beligerante. Veamos:

1)      Si bien hay que reconocer que la actividad guerrillera en Colombia es una realidad con características de evidente gravedad, no puede afirmarse que exista un estado general de hostilidades. En numerosas oportunidades la guerrilla ha procurado arrastrar a las fuerzas armadas colombianas hacia una situación de esa naturaleza pero no ha tenido éxito -¿será para llenar este requisito que las FARC acaban de anunciar que emprenderán una "ofensiva general" contra el gobierno? Por su parte, el Ejército colombiano se ha cuidado bien de no lanzar una ofensiva general contra la guerrilla que pudiera desembocar en una situación de hostilidades generales.

2)      Por lo que respecta a la organización militar propia, es evidente que los grupos guerrilleros colombianos, para tratar de consolidarse como fuerza militar se han organizado estableciendo un paralelismo entre sus mandos con las jerarquías de un ejercito convencional, cuentan con un "estado mayor central" responsable de la organización de las acciones militares y han impuesto un régimen disciplinario interno. No obstante, no pasa de ser una fuerza irregular que se mantiene en la clandestinidad y actúa de manera cruel y traicionera valiéndose de emboscadas y de acciones terroristas y además se alimenta del narcotráfico.
3)      Los grupos terroristas colombianos no ocupan de manera permanente una porción importante de territorio. Apenas mantienen "campamentos" aislados dispersos en distintas regiones del país que constantemente trasladan de un sitio a otro para no ser detectados. De allí la insistencia de las FARC para que se les confiera una "zona de despeje" y explica también porqué el gobierno colombiano se niega a ceder en esa materia. Los esfuerzos de la narcoguerrilla para obtener control efectivo sobre porciones de territorio han sido hasta ahora infructuosos.

4)      Aun cuando las guerrillas han intentado establecer el control administrativo en algunas zonas dentro de las cuales mantienen alguna presencia relativamente permanente, el verdadero control sigue siendo ejercido por las autoridades locales legítimas, como son los alcaldes elegidos de los municipios situados dentro de las zonas donde hay presencia de los grupos terroristas. Esto también explica porqué las guerrillas secuestran o asesinan a representantes locales de la autoridad.

5) Finalmente, es evidente que ninguno de los grupos guerrilleros colombianos acata las normas internacionales de la guerra en lo que se refiere al respeto por la población civil y el trato hacia las personas que mantienen prisioneras. Son públicamente conocidos los casos de secuestros, ejecuciones sumarias y otros excesos similares que cometen los grupos colombianos alzados en armas. Evidentemente, con la liberación de dos rehenes y su entrega formal a la Cruz Roja Internacional las FARC persiguen proyectar la imagen de que respetan las reglas del derecho internacional. Las revelaciones hechas por los rehenes recién liberados, según las cuales las FARC mantienen a sus prisioneros encadenados y sometidos a las más terribles humillaciones, son una prueba evidente de que ese grupo terrorista viola flagrantemente las normas más elementales del derecho humanitario.

Por todo lo anterior, como señalé mas arriba, el reconocimiento de beligerancia otorgado inconsultamente a los grupos terroristas colombianos es una interferencia inadmisible en los asuntos internos colombianos y constituye un acto inamistoso hacia el gobierno y la población del país vecino. Una vez mas queda demostrado que Venezuela no tiene una verdadera política exterior y que la conducción de las relaciones internacionales es el resultado de las iniciativas personales improvisadas del Presidente, quien, temerariamente y sin medir las consecuencias y efectos de sus decisiones, compromete al país y arrastra a su gobierno hacia situaciones sumamente peligrosas.

Cabe preguntar si esta decisión, anunciada en el seno del Parlamento, ante el cuerpo diplomático extranjero y difundida por los medios nacionales e internacionales fue el resultado de un análisis serio, responsable y de una evaluación de sus consecuencias y efectos internacionales o fue sólo producto de una más de las improvisación irreflexivas que acostumbra Chávez. Cabe también preguntar si este reconocimiento de beligerancia a los grupos terroristas colombianos forma parte del precio que se obligó a pagar para lograr la liberación de Clara Rojas y Consuelo González.