El GRAN DAño a la integración

Adolfo R. Taylhardat

El caso Granda ha tenido un impacto demoledor sobre la credibilidad internacional del gobierno de Hugo Chávez y ha mermado irremediablemente la confianza en Venezuela como socio económico y comercial. No sólo como resultado del enorme embrollo que ha originado el caso, particularmente en lo que se refiere a las relaciones con Colombia, sino porque ha puesto en evidencia la inconsistencia de la vocación integracionista del presidente.

La Constitución de 1999 contiene las pautas que deben regir la conducta del Gobierno en materia de integración. El artículo 153 dice que la República “promoverá la integración latinoamericana y caribeña en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones” La misma norma establece que las “normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna”

Estas disposiciones le dan un carácter casi sagrado a todo lo que se refiere a integración, sobre todo la integración subregional.

Pero la actitud de Chávez en este campo ha sido, por decir lo menos errática, además de patentizar un manejo torpe e improvisado de las relaciones internacionales. Hace apenas un mes firmó la declaración de Cuzco, mediante la cual Venezuela se comprometió a participar en la creación de una Comunidad Suramericana, iniciativa que está en línea con el mandato constitucional antes mencionado. Todavía no se ha secado la tinta de sus firmas en el Acuerdo Marco que creó la Zona de Libre comercio Mercosur-CAN y en el Acuerdo que consagró la adhesión de Venezuela a Mercosur.

Pero buenas a primera echa todo eso por tierra y decide suspender “todo acuerdo, todo negocio con Colombia hasta que no sea reivindicada la soberanía de Venezuela” (Discurso ante la AN, 14-01-05) anuncia que congelará las relaciones si el vecino país no reconoce “el error que ha cometido (Discurso del 23-01-05) y cancela toda una serie de actividades comerciales y económicas binacionales (Prensa presidencial).

Estas bravuconadas de Chávez, además de configurar una violación flagrante de la Constitución y de toda la normativa que regula el proceso de integración subregional, ponen en entredicho la solidez de los compromisos del país en el marco de otros acuerdos de integración como el Grupo de los 3 y el Mercosur.

Sobre esto han publicado artículos muy sensatos los expertos venezolanos en integración Beatriz de Majo, Eduardo Mayobre, Gonzalo Carriles y Juan Pablo Sucre, entre otros. Todos coinciden en señalar que una decisión unilateral de esa naturaleza conduciría a la imposición de sanciones o contra-medidas por parte de los socios de la Comunidad Andina.

Evidentemente, antes de llegar a ese extremo deben funcionar los mecanismos de solución de controversias que el propio esquema andino contempla. Esto explica el interés activo que ha tomado el Gobierno de Perú, actualmente presidente de la CAN, en contribuir a resolver la crisis colombo-venezolana. Esa misma preocupación ha movido a los Presidente Fox (G-3), Lula, Lagos y Kirchner (Mercosur) a ofrecer sus buenos oficios para ayudar a Chávez a sacar las patas del barro en que las ha metido.

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