EL UNIVERSAL
Opinión – Miercoles 4 de noviembre de 2009
EL FINAL INACABADO
DE UNA CRISIS
Adolfo
R. Taylhardat
Con la
firma del “Acuerdo Tegucigalpa/San José” se pensó que se había llegado felizmente
al final de la crisis que afectó a Honduras durante tres meses. Los últimos
acontecimientos han enturbiado esa expectativa.
Son muchos los temas importantes que
abarca el Acuerdo, que entró en vigor desde el momento de su firma el pasado
viernes 30. Pero me referiré sólo
algunos que considero fundamentales.
Zelaya y sus seguidores se
comprometieron a abstenerse de “hacer llamamientos a la convocatoria a una
Asamblea Nacional Constituyente, de modo directo o indirecto”, y renunciaron a “promover o apoyar cualquier
consulta popular con el fin de reformar la Constitución para permitir la
reelección presidencial, modificar la forma de Gobierno o contravenir
cualquiera de los artículos irreformables” de la Constitución.
Esta disposición, que debe ser
leída en combinación con el párrafo del
Acuerdo en el cual se solicita “vehementemente a la comunidad internacional que
respete la soberanía de la República de Honduras”, y “observe plenamente el
principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados” constituye
una respuesta y una advertencia directa y fulminante a la pretensión de
implantar en Honduras - como ocurrió en Bolivia, Ecuador y Nicaragua - la
“franquicia” dictatorial del comunismo
del siglo XXI.
En cuanto a la cuestión crucial del retorno de Manuel
Zelaya al poder, el Acuerdo establece que el Congreso Nacional, “en consulta
con las instancias que considere pertinentes, como la Corte Suprema” resolverá “en
respecto a retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al
28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de
enero de 2010”. Es decir que el Congreso y la Corte Suprema deben decidir si
Zelaya reasume su función de presidente de Honduras. De esa manera sutil y
hábil se intentó desatar el “nudo gordiano” que había impedido llegar al
Acuerdo. Zelaya insistía que esa cuestión era de naturaleza política y debía
ser decidida por el Congreso. Micheletti sostenía que la cuestión era legal
porque Zelaya está imputado de una serie de delitos y por lo tanto la decisión compete a la Corte Suprema. La
fórmula final es salomónica.
Además las partes se comprometieron
a conformar “un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional integrado por
representantes de los diversos partidos políticos y organizaciones sociales,
reconocidos por su capacidad, honorabilidad, idoneidad y voluntad para dialogar”.
Según el cronograma, parte integrante del Acuerdo, estableció que ese gobierno
debía haber quedado conformado antes del 5 de noviembre pasado. El Acuerdo no
dice que ese gobierno será presidido por Manuel Zelaya como pretende el
mandatario depuesto. Zelaya pretende también que su restitución en el poder
debió preceder a la formación del gobierno de unidad nacional a pesar de que el
cronograma de ejecución del Acuerdo no impuso al Congreso plazo para resolver
esta cuestión.
Violando la palabra empeñada cuando
aceptó los términos del Acuerdo, Zelaya pretende desconocerlo y lo declara
“letra muerta” simplemente porque, por lo menos hasta el momento en que escribo
este artículo, no se ha decidido qué hacer con él. Sabe que de no ser
restituido en la presidencia tendrá que someterse a la justicia por los delitos
que le han sido imputados. Por otra parte, si la decisión es restituirlo en la
presidencia su papel en un gobierno de unidad y reconciliación nacional sería
simplemente simbólico. Además el Acuerdo dice que los integrantes de ese
gobierno deben ser figuras reconocidas por su capacidad, honorabilidad,
idoneidad y voluntad para dialogar. ¿Cabe Zelaya dentro de esta descripción?
Para
nosotros los venezolanos la crisis hondureña, cualquiera que sea el desenlace
final, ha tenido un efecto beneficioso. Ha mostrado a los ojos
de la comunidad internacional el injerencismo descarado el teniente coronel
presidente venezolano, inspirador, instigador y asesor personal de Zelaya en su
pretensión reeleccionista. Ese injerencismo estuvo presente durante toda la
crisis bajo diferentes formas: suministro del material electoral que se
emplearía en la consulta popular que se
proponía realizar Zelaya para implantar la reelección, amenazas de intervención
armada en Honduras para restituir a Zelaya en el poder, incitaciones a la
insubordinación de la fuerza armada hondureña, apoyo financiero y logístico a Zelaya a quien le proporcionó aeronaves
venezolanas para su movilización internacional y para su intento frustrado de
regresar al país durante el cual pudimos ver al conductor de las Casa Amarilla volver
a su oficio anterior sirviéndole de chofer al mandatario hondureño depuesto.
El inquilino de Miraflores se revienta de rabia al ver
que su esfuerzo por ponerle la mano a Honduras se vino abajo gracias a la madurez
y la dignidad del pueblo hondureño y la firmeza del presidente Micheletti. Pero
sigue moviendo los hilos con los cuales maneja a Zelaya por control remoto y lo
estimula y asesora en un esfuerzo desesperado para sabotear el Acuerdo.
La crisis
hondureña sirvió para exhibir ante el mundo al inquilino de Miraflores tal
como es: un gobernante conspirador internacional, ambicioso e inescrupuloso que en su empeño narcisista no
mide las consecuencias de su abusiva avidez injerencista.
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