EL UNIVERSAL

Opinión – Miércoles 18 de marzo de 2009

El 350

Adolfo R. Taylhardat

Viendo cómo el resultado del referendo del 2 de diciembre de 2006 ha sido desconocido groseramente por el régimen, cómo la voluntad popular expresada en las elecciones regionales del 23 de noviembre es burlada con el sabotaje a los gobernadores y alcaldes de la oposición elegidos legítimamente, ante el ventajismo y el abuso de poder desplegados en el referendo del 15 de febrero pasado y, ahora, frente a la decisión del teniente coronel presidente de tomar por la fuerza los puertos y aeropuertos del país, la gente se pregunta: ¿hasta cuándo vamos a seguir prestándonos para que se burlen de nosotros cada vez que acudimos a las urnas electorales confiados en que con nuestro voto lograremos salvar al país del desastre? Esta pregunta se escucha cada vez más frecuentemente en estos últimos días. También adquiere legitimidad la pregunta ¿qué podemos hacer para poner freno a esta embestida contra la Constitución, contra el Estado de Derecho y contra nuestros derechos fundamentales?

Las flagrantes violaciones de la Constitución que se han producido en las últimas semanas hacen que mucha gente piense que la solución es recurrir a las vías de hecho y desee un desenlace basado en la fuerza. Sin embargo, la gran mayoría de los venezolanos -me cuento entre estos últimos- rechazamos una salida de esa naturaleza porque con toda seguridad ello acarrearía los mismos, o peores, males que los que queremos superar. Nuestra fe democrática nos prohíbe desviarnos de la ruta pacífica y constitucional para resolver los problemas que confronta nuestra sociedad.

Las recientes arremetidas contra la propiedad privada, contra empresas productoras de alimentos, contra las organizaciones sindicales, contra la descentralización y contra dirigentes de la disidencia han provocado reacciones que parecieran presagiar el despertar de la conciencia democrática de la ciudadanía. Los gremios, gobernadores, alcaldes, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, estudiantes, han formulado, siempre dentro del marco constitucional y legal, pronunciamientos categóricos de rechazo a las medidas que viene adoptando el régimen del teniente coronel presidente.

Ante la amenaza de crear la figura de una autoridad única -un vicepresidente designado por el presidente de la República que estará por encima del Alcalde Metropolitano con funciones similares a las que tuvo en el pasado el gobernador del Distrito Federal- las autoridades que integran el Consejo Metropolitano de Gobierno acordaron desconocer cualquier autoridad que no haya sido elegida por el pueblo. Esta decisión se encuadra perfectamente dentro del marco de lo legal y constitucional y debe recibir el respaldo unánime de la ciudadanía, incluidos muchos militantes del oficialismo que en un principio se identificaron con el proyecto del teniente coronel presidente pero que ven cómo ese proyecto ha tomado un rumbo peligroso. La implantación de la llamada "nueva geometría del poder" a pesar de haber sido rechazada por el pueblo el 02-12-06 persigue neutralizar a las autoridades locales y consolidar el poder central como en los fracasados regímenes comunistas europeos, hoy desaparecidos, pero que subsiste en Cuba.

Pareciera que los venezolanos nos hemos olvidado del artículo 350 de la Constitución. O peor aún, parece que nos produce rubor o tenemos miedo de referirnos a esa importante norma de nuestra Carta Magna. Quizás eso se debe a que el teniente coronel presidente logró inducir en la mente de muchos ciudadanos la idea de que el recurso al artículo 350 es sinónimo de insurrección o conspiración y ahora nadie se atreve siquiera a mencionar esa norma constitucional.

Recordemos lo que dice ese artículo:

"El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos".

Pareciera que los constituyentistas anticiparon lo que iba a ocurrir en Venezuela. La norma es precisa y diáfana: cualquier ciudadano debe (no es un derecho sino una obligación puesto que el lenguaje de la Constitución es imperativo: desconocerá) rechazar, desconociéndolo, cualquier acto, cualquiera decisión, de cualquier autoridad, que sean contrarias a la Constitución. Una acción de desconocimiento realizada en ejercicio de ese mandato constitucional no constituye, bajo ningún respecto una acto subversivo o conspirativo.

Los valores, principios y garantías democráticas de que habla el artículo 350 están siendo contrariados flagrantemente cuando se asalta la propiedad privada, cuando se desconocen los derechos de los trabajadores, cuando se atenta contra la descentralización, cuando se sabotea la labor de las nuevas autoridades elegidas por el pueblo, cuando se ordena al ejército y a la marina ocupar los principales puertos y aeropuertos del país y cuando se amenaza con apresar a los gobernadores que se opongan a esa arbitrariedad. Si efectivamente queremos impedir que el teniente coronel presidente, burlándose de nosotros y despreciando la Constitución y la legalidad, siga avanzando en su empeño de implantar en Venezuela un régimen comunista, debemos, todos, recurrir sin rubor, sin miedo, al Artículo 350 de la Constitución. Este es el instrumento, que la Carta Magna nos proporciona para defender, por la vía pacífica, la institucionalidad democrática y debemos utilizarlo.

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