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Caracas, miércoles 13 de agosto, 2008 |
DICTADOR
Adolfo R. Taylhardat
Según la Real Academia Dictador es una “persona que se arroga o
recibe todos los poderes políticos extraordinarios y los ejerce sin limitación
jurídica”. También significa “persona que abusa de su autoridad o trata con
dureza a los demás”. Por otra parte, dictadura significa “gobierno que en un país impone su autoridad
violando la legislación anteriormente vigente”.
Las definiciones anteriores coinciden, palabra por palabra, con lo que
tenemos en Venezuela. Una dictadura no tiene que ser necesariamente producto de
un golpe de estado. Tampoco tiene que
ser necesariamente un régimen cruel y
despiadado como han sido prácticamente todas las dictaduras militares o civiles
que han existido en Venezuela. Un dictador puede ser
un gobernante electo por la voluntad popular pero que durante su desempeño
desconoce la institucionalidad democrática y manteniendo una fachada
democrática, utiliza medios indirectos para amenazar, excluir, amedrentar, perseguir,
agredir, imputar a inocentes, expropiar, y mandar a asesinar impunemente. En suma, como dice la
Real Academia, un gobernante que abusa
de su autoridad y, agrego yo, pretende eternizarse en el poder.
La oprobiosa decisión dictada la semana pasada por el TSJ ha puesto en
evidencia ante todos los venezolanos y ante la comunidad internacional que ese
órgano no tiene el más mínimo recato a la hora de doblegarse ante los dictados
del dictador (valga la redundancia). Esa funesta decisión ha consumado la
destrucción de todo el basamento de la estructura jurídica, de legalidad y del Estado
de derecho en nuestro país. La famosa pirámide de Kelsen,
fundamento del orden constitucional existente en prácticamente todos los países
del mundo, ha sido demolida de un plumazo por cuatro de los magistrados del más
alto tribunal. Dictaminar que una ley prevalece por encima de la Constitución
es la aberración jurídica más descomunal que jamás haya podido ser concebida.
Adicionalmente, los 26 decretos “con rango, valor y fuerza de ley” promulgados el pasado 31 de julio son la
manifestación más patente del ejercicio del poder sin limitación alguna y con
la complicidad de todos los órganos e instituciones que hoy día se encorvan
ante quien se ha arrogado todos los poderes para imponer un proyecto político
que los venezolanos rechazamos en las urnas el pasado 2 de diciembre.
No voy a repetir las fundamentadas denuncias que han formulado eminentes
juristas venezolanos y diversas instituciones del sector privado señalando la
naturaleza abusiva y la alevosía y premeditación con la cual el comandante
presidente ha procedido a implantar sus fracasada reforma constitucional
valiéndose del cheque en blanco que le otorgó la Asamblea Nacional mediante la
ley habilitante y violentando las normas constitucionales que regulan el
ejercicio de esa potestad.
Basta con recoger la opinión de la más autorizada institución en la
materia como es la Academia de Ciencias Sociales y Políticas, la cual, entre
otros señalamientos ha dicho categóricamente que el conjunto de leyes promulgadas
el pasado 31 de julio “presenta un contenido restrictivo a los derechos
fundamentales, consagra principios y fines de un solo pensamiento ideológico, y
modifica normas constitucionales sin el debido procedimiento democrático de
consulta”. En síntesis, se ha configurado una violación flagrante de la
Constitución.
Los acontecimientos recientes no dejan la más mínima duda de que el
mandatario “elegido democráticamente” en 1998 se ha convertido en un auténtico
dictador y esto me lleva a compartir la opinión de los miembros de la Academia
en el sentido de que es necesario agotar todas las vías institucionales para
poder dar sustento al recurso al artículo 350 de la Constitución que consagra
el derecho a la desobediencia civil para hacer frente a los abusos del
dictador.
www.adolfotaylhardat.net