LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Adolfo R. Taylhardat
El pasado lunes entró en vigor el Estatuto de Roma
mediante el cual se crea la Corte Penal Internacional. No podía dejar pasar desapercibido este
acontecimiento histórico que marca un paso definitivo en el proceso de
establecer la instancia judicial internacional que juzgará a los autores de los
crímenes mas graves de trascendencia internacional: genocidio, crímenes de lesa
humanidad, crímenes de guerra y agresión.
La semana pasada participé en Madrid en la
Conferencia interparlamentaria celebrada bajo los auspicios del Senado de
España y la organización Acción Parlamentaria Mundial. Esta reunión fue el
seguimiento de las realizadas con el mismo objeto conjuntamente por la Comisión
de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano y la Comisión
Interparlamentaria Latinoamericana sobre Derechos Humanos en Santiago de Chile
y Buenos Aires en junio y octubre de 2001. El objeto de estas reuniones fue
estimular a los países que no lo habían hecho a que aceleraran las formalidades
constitucionales necesarias para incorporarse al Estatuto de Roma. Ese
propósito se cumplió plenamente. Para el momento de la entrada en vigor del
Estatuto de Roma, de los 139 signatarios, 72 lo han ratificado.
Pero este proceso se ha visto empañado por la
actitud asumida por los Estados Unidos. Al principio ese país había impulsado
importantes iniciativas relacionadas con la justicia internacional. Entre
otras, la creación de los tribunales especiales para la Ex - Yugoslavia y Ruanda.
Incluso firmó el Estatuto de Roma. Posteriormente cambió de actitud y ha tomado
iniciativas que perturbarán el eficiente funcionamiento de la CPI: decidió no
ratificar el Estatuto; declaró que su firma no le acarrea obligaciones de
ningún tipo; ha amenazado con no pagar su contribución a las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unida; presentó en el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas una propuesta para excluir de la jurisdicción
de la CPI a los ciudadanos norteamericanos que participan en las operaciones de
paz; ha anunciado que retirará los contingentes norteamericanos de las
operaciones de paz (la presencia militar norteamericana en Bosnia y Kosovo
llega a cerca de 8.000 soldados); ha dicho que no participará en futuras operaciones
de mantenimiento de la paz. Finalmente el Congreso Norteamericano considera un
proyecto de ley conocido como ASPA (American Servicemember Protection Act),
cuyo efecto, en pocas palabras, será ignorar totalmente la existencia de la
CPI.
En el Documento Final de la Conferencia de Madrid
los parlamentarios de Europa y de América Latina formularon severas críticas y
expresaron su profunda preocupación por la posición norteamericana y acordaron
alentar todas las formas posibles de diálogo interparlamentario con los
congresistas norteamericanos para impedir la aprobación de esa ley. También
acordaron que el proceso de poner en funcionamiento la CPI debe continuar con o
sin la participación de los Estados Unidos.