Observaciones acerca
del informe suministrado por el Fiscal General de la República en relación con
las denuncias de derechos humanos en Venezuela presentadas a la Subcomisión de
Denuncias de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias
Como es sabido, a raíz del intento del régimen que gobierna a Venezuela para
desconocer los resultados de la recolección de las firmas para el referéndum
revocatorio, los venezolanos se negaron a permitir que sus firmas fueran
arbitrariamente invalidadas. Las protestas pacíficas de los venezolanos
democráticos para proteger su voluntad manifestada con sus firmas fueron sido
reprimidas con violencia y de manera inusitadamente agresiva por la Guardia
Nacional apoyada por la policía política y por los grupos armados paramilitares
al servicio del gobierno. El balance de la agresión por parte de la fuerza
represiva del régimen contra los manifestantes indefensos que marcharon el
pasado 27 de febrero arrojó los siguientes resultados.
261 personas agredidas o
maltratadas
379 personas detenidas ilegalmente
14 personas fallecidas, de las cuales 9 fueron
sometidas a torturas
25 periodistas atacados, 3
de los cuales fueron detenidos ilegalmente
A esas graves violaciones de los derechos
humanos es que se refieren las denuncias que fueron presentadas a la
Subcomisión de Denuncias y que fueron oportunamente examinadas por ustedes.
Siguiendo estrictamente el procedimiento
acordado durante la anterior reunión de la Comisión de Derechos Humanos
celebrada en Santiago de Chile, el cual ha quedado incorporado en el reglamento
revisado de la Subcomisión de Denuncias, todas las denuncias recibidas fueron
remitidas a los respectivos Vicepresidentes miembros de la Junta Directiva del
Parlamento Latinoamericano a los fines de recabar la información complementaria
que los países consideraran necesario presentar. En el caso venezolano, las
denuncias fueron transmitidas al Diputado Walter Gavidia, Vicepresidente por
Venezuela.
La información complementaria presentada por el
Diputado Gavidia consta en dos comunicaciones emitidas por el Fiscal General de
la República en las cuales da cuenta de las actuaciones que el Ministerio
Público ha cumplido en relación con los casos denunciados.
1) Considero muy positivo, y digno de
reconocimiento, el hecho de que se haya proporcionado a la Subcomisión amplia y
detallada información acerca de los casos denunciados.
2) El Fiscal General presenta información
acerca de la situación en la cual se encuentran, uno por uno, los diferentes casos de violaciones de los
derechos humanos denunciados, indicando en qué ha consistido la actuación de la
Fiscalía, los nombres de los fiscales asignados al caso, las diligencias
practicadas y el estado en que se
encuentra el caso.
3) A los efectos del trabajo de la Subcomisión
lo más relevante es, sin lugar a dudas, la información relacionada con el estado en que se encuentran los casos.
El siguiente es un resumen del estado
(se indica el correspondiente lugar en el informe):
i.
Caso
de los ciudadanos Luis Rodrigo Alegret Salazar, Herber Gustavo Prada, David
Amundaraín, José Ramón Merlo Rojas, José Rafael Peralta Medina y Angel Daviot: el caso se encuentra en etapa de
investigación sin que se haya logrado identificar al posible o posibles
responsables de los hechos. (Ver
página 2, párrafo 6)
ii.
Caso
del ciudadano Dorando Burgos: el caso se
encuentra en fase preparatoria. (Pág. 3, párrafo 1)
iii.
Caso
de la adolescente Verónica Kowalski: el
caso se encuentra en etapa de investigación. Pág. 3, par 3)
iv.
Caso
de la ciudadana Gloriana Ramírez: la
causa se encuentra en fase preparatoria. (Pág. 3, par. 4)
v.
Caso
del ciudadano asesinado José Manuel Vilas: el
proceso se encentra en case preparatoria. (Pág.. 3, par. 5)
vi.
Caso
del ciudadano Pedro Martín Valera: el
caso se encuentra en etapa de investigación. (Pág.. 4, par. 1)
vii.
Caso
del ciudadano José Ricardo Di Guida: el
caso se encentra en fase preparatoria (pag. 4, par. 2)
viii.
Caso
del ciudadano Carlos Eduardo Izcaray Pino: el
caso se encuentra en etapa de investigación. (Pág. 4, par 3)
ix.
Denuncia
de la Ciudadana Guadalupe Delgado: la fiscalía
solicitó la intervención de la Dirección de Asuntos Multilaterales del
Ministerio de Relaciones Exteriores. (Pág. 4, par. 6)
x.
Caso
del ciudadano asesinado Carlos Alberto Aumaitre: el proceso seencuentra en etapa de
investigación. (Pág.. 5, par. 1)
xi.
Caso
del ciudadano asesinado Juan Carlos Urbano Lugo: el expediente se encuentra en etapa de investigación. (Pág.. 5,
par. 2)
xii.
Caso
del ciudadano José Sánchez Robles: el
proceso se encuentra en fase preparatoria. (Pág.. 5, par. 3)
xiii.
Caso
del ciudadano asesinado Nelzi Caraciola Rodríguez Martínez: el proceso se encuentra en fase preparatoria. (Pág.. 5, par. 4)
xiv.
Caso
del ciudadano José Guevara Reyes: la
causa está en etapa de investigación. (Pág.. 5, par. 5)
xv.
Caso
del ciudadano asesinado Edwin Oswaldo Ribullen Saavedra: se han practicado actuaciones tendentes a aclarar el suceso. (Pág..
6, para 1)
xvi.
Caso
de los ciudadanos William Jesús Morales Álvarez y Yormi Suárez Rivero: actualmente ambos procesos se encuentra en
fase preparatoria. (Pág.. 6, par. 2)
xvii.
Caso
del ciudadano Bruno Biella: el proceso
se encuentra en fase preparatoria. (Pág.. 6, par. 3)
xviii.
Caso
de la ciudadana asesinada Evangelina Carrizo: se dictó orden de aprehensión en contra del Subteniente (Guardia
Nacional) Juan Casaña Rivero por presunta comisión de homicidio intencional y
uso indebido de armas de fuego). Actualmente los fiscales comisionados se
encuentran estudiando el caso con el propósito de elaborar el acto conclusivo
correspondiente. (Pág.. 7, par. 1)
xix.
Casos
de los ciudadanos Carlos Zambrano (asesinado), Yessi Patricia Vásquez y Marcial
Álvarez (el ciudadano Juan Carlos Zambrano falleció a consecuencia de torturas
y lesiones de que fue objeto por parte de efectivos del ejército; la ciudadana Yessi Vásquez compañera del
Zambrano fue violada y ultrajada habiendo sido obligada a practicar sexo oral a
uno de los soldados delante de su compañero; el ciudadano Marcial Álvarez fu
igualmente objeto de maltratos por los efectivos militares): el proceso se encuentra en fase
preparatoria. La fiscalía acordó medidas de protección a favor de los padres de
Carlos Zambrano quienes han sido objeto de amenazas por parte de efectivos
militares. (Pág.. 7, párrafos 2 y 3)
xx.
Caso
de la ciudadana Elinor Montes: el informe
señala varias medidas que se han tomado en relación con este caso, pero no
indica el estado actual en que se encuentra. )Pág. 7, párrafos 4, 5 y 6)
xxi.
Caso
del ciudadano Migue Ángel Pacheco Mijares: el
caso se encuentra en etapa de investigación. (Pág.. 8, par. 3)
xxii.
Caso
del ciudadano Feliz Farías: el caso se
encuentra en fase preparatoria. (Pág.. 8, par. 4)
xxiii.
Caso
de los ciudadanos Celso Rodríguez y Freddrich Vargas: se encuentra en fase preparatoria. (Pág. 9, par. 1)
xxiv.
Caso
del ciudadano Julián Martín Cazorla: el
proceso se encuentra en fase preparatoria (Pág.. 9, par. 4)
xxv.
Caso
del ciudadano Carlos Melo, dirigente destacado del Partido Bandera Rojas e
integrante de la directiva de la Coordinadora Democrática: después de un mes de haber permanecido detenido el Juez competente
declaró la nulidad absoluta de lo actuado por los cuerpos policiales y decretó
la libertad plena. (Pág.. 10, par. 2)
xxvi.
Caso
del ciudadano Henrique Carriles Radonski, Alcalde del Municipio Baruta, a quien
se le acusa de presunta comisión de los delitos de “Quebrantamiento de
Principios Internacionales, Atentados a Jefes de Gobiernos, Privación
Arbitraria de Libertad, Violencia Privada, Abuso de Funciones, Intimidación
Pública Daños a la Propiedad, con ocasión
de una concentración popular que se presentó frente a la sede de la Embajada de
Cuba en Caracas: fue acordada medida de
privación de libertad y decretadas la apertura de Juicio Oral y Público. (Pág..
11 párrafos 1 y 2) Observación. Luego de haber permanecido más de 90 días
detenidos, le fue acordada libertad condicional.
Casos de agresiones a periodistas:
i.
Caso
del ciudadano Wladimir Gallardo, fotógrafo del Diario Regional “El Impulso”: se dio inicio a la investigación. (Pág..
11, par. 4)
ii.
Caso
del ciudadano Carlos Montenegro, camarógrafo de “TELEVEN”: la causa se encuentra en etapa de investigación. (Pág.. 11, par. 6)
iii.
Caso
de la ciudadana Berenice Gómez, corresponsal del Diario “Ultimas Noticias”: el caso se encuentra en etapa de
investigación. (Pág.. 12, par. 2)
iv.
Caso del
ciudadano José Bernabé Rodríguez, reportero del Diario “El Tiempo”: la causa se encuentra en etapa de
investigación. (Pág.. 12, par. 4)
v.
Caso
de la ciudadana Janeth Carrasquilla, reportera de “GLOBOVISIÓN”: la causa se encuentra en etapa de
investigación. (Pág.. 12, par. 5)
vi.
Caso
del ciudadano Johnny Ficarella, reportero de “GLOBOVISION”: se acordaron medidas de protección. (Pág..
13, par. 3)
vii.
Caso
de los ciudadanos Edgard López y Henry Delgado, reporteros gráficos del Diario
“EL NACIONAL”: se acordaron medidas de
protección
viii.
Caso
del ciudadano Guillermo Alfredo Castro, reportero del Diario “EL IMPACTO”: la causa se encuentra en etapa de
investigación
ix.
Caso
de la ciudadana María Gabriela Gómez, reportera de “TELECARIBE”: el caso está en etapa de investigación. (Pág..
14 ,par. 1)
x.
Caso
de los ciudadanos Alirio Ángel Rodríguez y Daynu Acosta, profesores de
periodismo de la Universidad Cecilio Acosta de Maracaibo: el proceso se encuentra en fase de investigación) (Pág. 14, par. 2)
xi.
Caso
del ciudadano Carlos Colmenares, camarógrafo de “Radio Caracas Televisión” el caso se encuentra en etapa de
investigación. (Pág.. 14, par.4)
xii.
Caso
del ciudadano Rafael Antonio Delgado, corresponsal de fotografía del diario “EL
TIEMPO”: el caso se encuentra en etapa
de investigación. (Pág.. 14, par. 6)
Caso de los presos políticos del Táchira.
La denuncia
fue presentada por una de las víctimas, el ciudadano Miguel Jacobo Supelano
Cárdenas, e involucra además a los ciudadanos Wilfredo Tovar Medina, Orlando
Pantaleón Balaguera, José Neira Célis, William Forero Gómez, Omar Guillén
Guerrero, Saúl Lozano Contreras, Elcy Marques de Peña (en el informe del Fiscal
aparece como Eloy), Jorge Hinojosa y
quienes desde hace año y medio se encuentran detenidos en el Centro
Penitenciario de Occidente, Estado Táchira, acusados de los presuntos delitos
de Rebelión Civil, Daños a la Propiedad, Lesiones Intencionales Menos Graves y
Usurpación de Funciones: de acuerdo con
el informe del fiscal, el proceso se encuentra en pleno desarrollo de la Etapa
de Juicio Oral y Público. (pagina sin número
párrafo 4). Observación: este caso ha sido objeto de considerables incidencias
procesales que han retardado su desarrollo. De acuerdo con información
publicada en la prensa del pasado jueves 27 del corriente mes, los imputados no
pudieron comparecer ante el tribunal debido a que el autobús en el cual debían
ser trasladados no estaba disponible porque debía transportar a los presos
comunes a un acto cultural con motivo del “Día de las Mercedes patrona de los
presos.”
4) La información proporcionada por el Diputado
Gaviria suscita las siguientes observaciones y comentarios que deberían ser tomados en cuenta por la
Subcomisión de Denuncias al momento de pronunciarse:
·
En
primer lugar y esto es particularmente relevante, en ninguna parte del informe
(o mejor dicho, de los informes porque son dos) el Fiscal General niega que se
hayan cometido violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos
involucrados en las denuncias.
·
En segundo lugar, el Diputado Gavidia, en la
comunicación con la cual me remitió el Informe del Fiscal General, expresa lo
siguiente: “con la información suministrada por el ciudadano Fiscal General queden satisfechas todas y cada una de las
presuntas denuncias que sobre violación de derechos humanos vienen siendo
conocidas por esa entidad en contra de Venezuela, con lo cual aspiramos a que con ella, esa Subcomisión de por culminado
el caso en referencia”.
Si se tiene en cuenta que, como se
aprecia en el resumen precedente, prácticamente todos los casos denunciados se
encuentra o, en etapa de investigación, o en fase de preparación, mal podría la
Subcomisión dar por culminado el caso.
·
En
tercer lugar es ostensible el tiempo que ha transcurrido desde que se
produjeron los hechos a los cuales se refieren las denuncias (27 de febrero al
6 de marzo) sin que se haya producido una evolución importante en su
tramitación, como lo demuestra el hecho ya señalado de que la casi totalidad se
encuentra en fase preparatorio o de investigación. Esta situación de retardo
judicial configura por si mismo una grave violación de los derechos de los
ciudadano afectados.
·
Llama
poderosamente la atención que a pesar de en las denuncias hay evidencias de quienes
han sido los responsables de los hechos, no se hayan dictado medidas o
providencias preventivas contra los presuntos culpables. La única excepción es
el caso de la señora Evangelina Carrizo, en el cual se ordenó la detención de
un oficial del Ejército. No consta, sin embargo, en el informe que dicha medida
se haya cumplido.
·
También
llama poderosamente la atención el número de casos
relacionados con comunicadores sociales, lo que podría indicar que
existe un acoso o una política de agresión contra los periodistas que cubren
los sucesos.
OBSERVACIÓN FINAL
En la comunicación con la cual el Diputado
Gavidia remite el informe del Fiscal General se lee lo siguiente:
“Como Presidente del Grupo Venezolano ante el
Parlamento Latinoamericano, mas que ello, como venezolano, como colega, que
invocando el respeto que usted me merece, de la manera mas cordial, quiero
exhortarlo, por cuestiones de ética, se inhiba de coordinar esa Subcomisión –si
va a continuar con la actividad de acusador del Gobierno Nacional, dejando el
asunto en manos de personeros que actúen con mayor objetividad e imparcialidad,
ello a sabiendas de sus posiciones radicales como opositor al Gobierno
Democrático de Venezuela”
A continuación mis observaciones al respecto:
1)
El Diputado Gavidia me “exhorta” a que me inhiba de coordinar la
Subcomisión. No resulta claro si lo que plantea es mi inhibición respecto de
los casos bajo consideración o en mi función de Coordinador de la Subcomisión.
2) Si se trata de lo primero, como se
recordará entre las modificaciones que se hicieron al Reglamento de la
Subcomisión de Denuncias figura una que yo mismo propuse según la cual los
miembros de la Subcomisión “se inhibirán
de participar en las deliberaciones y resoluciones que se tomen en las
denuncias referidas a sus países"
Adicionalmente, es importante
destacar que en el momento en que, durante la VIII Reunión de la Subcomisión,
se examinaron las denuncias relacionadas con Venezuela no solamente me inhibí de participar en las deliberaciones y
resoluciones, sino que físicamente
me ausenté de la sala en la cual se encontraba reunida la Subcomisión.
3) Si se trata de lo segundo, es decir
que lo que propone el Diputado Gavidia es que me inhiba de Coordinar la
Subcomisión en el sentido de que decline mi condición de Coordinador de ese
órgano, debo señalar que ese planteamiento no es nuevo y que he sido víctima de
una campaña por parte de mis colegas diputados del oficialismo en el Grupo
Venezolano para forzarme a abandonar esa posición. Esto quizás obedece a la objetividad
e imparcialidad con la cual me he desempeñado como Coordinador de la
Subcomisión, conducta que ellos no solamente no reconocen sino que pretenden
ignorar.
Mis
colegas de la Subcomisión pueden dar testimonio de la forma correcta, imparcial y objetiva con la cual en
todo momento he conducido las actividades de la
Subcomisión.
4)
Por lo que se refiera a la supuesta “actividad de acusador del Gobierno
Nacional” que me atribuye el Diputado Gavidia, me limito a señalar, el Reglamento
de la Subcomisión de Denuncias establece que sus miembros “no podrán presentar denuncias por si, sino darles trámites a las que
reciban”
En el caso presente, tal como le consta a los
demás integrantes de la Subcomisión y
a la propia Secretaria de Comisiones, me he limitado, como corresponde y como se aprecia de las comunicaciones
respectivas, a darle trámite a las denuncias que he recibido y que me han sido dirigidas, como es lógico y
normal, por los agraviados y
los familiares de las víctimas.
5) Finalmente, no discuto la
calificación que me hace el Diputado Gavidia de opositor al Gobierno, condición
que no he ocultado en ningún momento, que más bien me honra, y a lo cual tengo el mismo derecho que tiene
él de servir como ardiente defensor del régimen con el cual el se encuentra
identificado.