Grupo
Parlamentario Venezolano
Del
Parlamento Latinoamericano
Adolfo
R. Taylhardat
Diputado
Caracas, 11 de octubre de 2004
Ciudadano Diputado
Walter Gavidia
Presidente del Grupo Parlamentario Venezolano
del Parlamento Latinoamericano.
CC. Ciudadanos Diputados Miembros del Grupo
Parlamentario Venezolano
Del Parlamento Latinoamericano.
Señor Presidente,
Cumplo con dirigirme a usted con referencia a la
comunicación que con fecha 5 del corriente mes le enviaron los diputados
Enrique Vivas y Fernando Gómez a propósito de las informaciones suministradas
por el suscrito a los medios de comunicación el día martes 28 de septiembre
último.
En su comunicación los referidos diputados
expresan:
1) “Por cuanto las declaraciones vertidas por
el referido diputado no concuerdan con la realidad de lo acontecido, es por lo
que venimos ante los integrantes de esta “Comisión de Mesa” a efectos de
desmentir de la manera mas categórica las aludidas afirmaciones”.
Por lo que se refiere a este primer punto debo
comenzar por rechazar categóricamente la insinuación que hacen los diputados
Vivas y Gómez acusándome de falsear los hechos o de mentir acerca de lo
sucedido durante la II Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y
Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano. No está en mi personalidad y mucho menos en
mi condición de hombre público adulterar ni falsear la verdad. Tengo un
historial suficientemente conocido y consolidado de persona honesta, correcta y
honorable, que no será en modo alguna mancillado con afirmaciones
malintencionadas como las de los diputados en cuestión.
Cuando los diputados Vivas y Gómez en esa misma
comunicación aseveran que lo que acordó la Comisión de Derechos Humanos “fue la
recepción de la denuncia del Diputado Rafael Marín”, ponen en evidencia un
desconocimiento absoluto de los procedimientos del PARLATINO.
Como se aprecia en el Acta de la IIa. Reunión de la
Comisión de Derechos Humanos, que ellos mismo aportan como prueba de sus
afirmaciones (pagina 5), el Presidente puso a consideración el Informe de la
Subcomisión de Denuncias, el cual, “después de un breve debate fue aprobado por
unanimidad”.
Unanimidad significa, en lenguaje claro, con la
aprobación de todos los presentes, es decir, también con la aprobación de los
diputados Vivas y Gómez, quienes se encontraban presentes.
Al aprobar unánimemente el Informe la Comisión
acogió e hizo suyas sin ninguna limitación las conclusiones y recomendaciones
presentadas por la Subcomisión de Denuncias en torno de todos los casos
considerados durante su IX reunión, incluidas las referidas al caso del
Diputado Rafael Marín, las cuales reproduzco a continuación:
i)
“Caso
del Diputado Rafael Marín (Venezuela)
El Coordinador de la Subcomisión recibió una
comunicación que le dirige el Diputado Venezolano Rafael Marín, quien fuera
Secretario General del Partido Acción Democrática.
En su comunicación el Diputado Marín da cuenta de las agresiones de que ha sido
objeto en su País, del acoso a que se ha visto sometido por parte e autoridades
policiales y de las amenazas contra su vida que ha recibido. También señala que
tiene indicios de que corre el riesgo de que se intente privarlo de su fuero
parlamentario para permitir que se le someta a medidas de privación de
libertad. La última agresión sufrida por
el Diputado Marín ocurrió el pasado 3 de junio cuando le infringieron graves lesiones que le
causaron “fractura del parietal derecho con hundimiento, ruptura de la
duramadre y severa laceración de la masa encefálica” y tuvo que ser internado
en una clínica por espacio de 10 días, 3 de los cuales permaneció en terapia
intensiva y ser sometido a intervenciones quirúrgicas para remover esquirlas
óseas y suturar la duramadre y la masa encefálica”. Agrega el diputado Marín que en esa ocasión
su asistente también fue objeto de graves agresiones y que el automóvil en el
que se trasladaba recibió 8 impactos de armas de fuego.
El Diputado Marín dirigió la misma comunicación
denunciando esos hechos al Diputado Ney Lópes, Presidente del Parlamento
Latinoamericano y al Diputado Luis Paulino Rodríguez, Presidente de la Comisión
de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias.
Al tomar conocimiento de esta denuncia el Presidente
del PARLATINO expresó seria preocupación ante las agresiones de que ha sido
objeto un miembro del parlamento venezolano y pidió que se procediera a
convocar una reunión de la Subcomisión de Denuncias para considerar el caso y
presentar las recomendaciones pertinentes.
La reunión extraordinaria de la Subcomisión no se pudo
convocar y ha sido ahora, durante la novena reunión de la Comisión, cuando fue posible
considerar la denuncia del Diputado Marín.
Durante el examen de este caso el Diputado Marín, tuvo
ocasión de presentarse personalmente ante la Subcomisión para exponer y
sustanciar verbalmente su denuncia. Durante la audiencia al Diputado Marín la
Subcomisión observó la presentación de un video en el cual se muestran escenas
de diversos aspectos de la denuncia. Posteriormente el Diputado Marín hizo una
presentación verbal de los hechos violentos y agresiones físicas de que ha sido
objeto y de las amenazad a su inmunidad parlamentaria.
Preocupada por la situación que confronta el Diputado
Marín, la Subcomisión recomienda que el Presidente del Parlatino se dirija con
urgencia al Presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y le solicite que
reciba una comisión encabezada por el Presidente de la CDHJPC e integrada por
la Senadora Micaela Aguilar (México) y los Diputados Kenneth Carrera (Ecuador),
Jorge Orrico (Uruguay) y Lázaro Barredo (Cuba), miembros de la Subcomisión de
Denuncias, a fin de ventilar las denuncias presentadas por el Diputado Marín.
Además solicitaría al Presidente de la Asamblea Nacional que realice las
gestiones necesarias para que esa misión se entreviste también con el Fiscal
General de la República ante quien se encuentra introducida una denuncia formal
por parte del Diputado Marín.
La Subcomisión recomienda solicitar al Presidente de
la Asamblea Nacional Venezolana que se adopten medidas que garanticen la
integridad física del diputado Marín.
La Subcomisión desea enfatizar que la inmunidad
parlamentaria es una institución universalmente reconocida que debe ser respetada y protegida en todo
momento o condición independientemente de cualquier parcialidad política.”
Si se compara el texto reproducido anteriormente
con lo publicado en la prensa, recogido en los dos recortes que acompañan la
comunicación los diputados Vivas y Gómez como “pruebas” de la supuesta falsedad
de la cual me acusan haber incurrido, se aprecia claramente que lo dicho por mi
se ajusta estrictamente a lo decidido por la Comisión de Derechos Humanos del
Parlatino desde el momento en que aprobó por unanimidad el Informe de la
Subcomisión de Denuncias.
2) En su comunicación los referidos diputados
dicen: “Aclaramos que lo acordado en el referido evento, fue la recepción de
la denuncia del Diputado Rafael Marín,…. “pero siempre enmarcado en la
legalidad del respectivo procedimiento, que establece solicitar mediante
nuestra intermediación la información necesaria ante las autoridades
competentes, que una vez producidas, sean objeto de análisis para determinar si
la denuncia tiene fundamento para ser discutida por la Comisión con las
consecuencia resultantes”.
En lo que tiene que ver con el procedimiento
establecido para el tratamiento de las denuncias sobre violaciones de los
derechos humanos, es cierto que el procedimiento normal consiste en que
una vez recibida, la denuncia es remitida al Vicepresidente del Parlatino del
país al cual se refiere la misma a fin de que éste presente la información
complementaria que considere pertinente. Este procedimiento, como le consta al
ciudadano Presidente del Grupo Parlamentario Venezolano, ha sido observado
rigurosamente por el suscrito en los otros casos referidos a Venezuela que han
sido presentados ante la Subcomisión de Denuncias.
Sin embargo, en el caso del Diputado Marín, ante la
gravedad de las agresiones de que fue objeto, y considerando la urgencia que
por su misma naturaleza imponía la denuncia, a lo cual se agrega la
circunstancia de que el caso en cuestión se refiere a un parlamentario, por
recomendación del propio Presidente del PARLATINO, se siguió un procedimiento excepcional,
mas expedito.
Como se indica en el Informe de la Subcomisión,
apenas tuvo conocimiento de la denuncia del Diputado Marín, el Presidente del
PARLATINO, Diputado Ney Lópes, ordenó que se convocara una reunión
extraordinaria de la Subcomisión de Denuncia y dio instrucciones en ese sentido
a la Secretaria de Comisiones, Senadora Sonia Escudero. Esa convocatoria no se
materializó porque se prefirió esperar que terminara en Venezuela el proceso
del Referéndum
Revocatorio para evitar que la reunión pudiera ser interpretada como una acción
con fines políticos.
Es por ello que fue sólo, durante su IX Reunión,
que teniendo en cuenta también la gravedad
de los hechos denunciados y la situación de riesgo en que se encuentra el
Diputado Marín, la Subcomisión de Denuncias procedió a examinar el caso y a
recibir el testimonio verbal del propio denunciante.
Debo destacar que en el momento de proceder al examen
del caso, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Subcomisión
de Denuncias, me abstuve de tomar parte en las deliberaciones y en
la toma de decisiones relacionadas, no solo con el caso del Diputado Rafael
Marín, sino también en las demás denuncias referidas a Venezuela. La misma
actitud asumí durante la VIII reunión de la Subcomisión celebrada en Buenos
Aires cuando se examinaron de manera preliminar las denuncias relacionadas con
Venezuela.
Es
así como el texto relativo al Caso del Diputado Marín que figura en el Informe
de la Subcomisión fue el resultado del consenso de los otros dos miembros de la
Subcomisión, el Diputado Lázaro Barredo, de Cuba, y el Diputado Kenneth
Carrera, de Ecuador.
El
texto final del Informe de la Subcomisión, en su totalidad, también fue
aprobado por consenso.
3) En su comunicación los diputados Vivas y Gòmez
insisten: “Reiteramos de manera enfática que en ningún momento la Comisión de
Derechos Humanos, Justicia y Políticas carcelarias del Parlamento
Latinoamericano, aprobó de manera apriorística, mucho menos, sin cumplir el
procedimiento previsto para este tipo de casos, algún tipo de resolución como
las que marco el Diputado Taylhardat en las mencionadas declaraciones.
A los fines de demostrar nuestra versión, les
estamos remitiendo copia del Acta que se levanto al efecto, suscrito por los
participantes, entre ellos quienes suscribimos, y el Diputado Taylhardat, que
como se puede observar en su contenido, en forma alguna se desprende lo
señalado en las referidas declaraciones.
Las afirmaciones anteriores evidencian, o bien el
desconocimiento inexcusable de los procedimientos del PARLATINO, o un propósito
deliberado y avieso de ignorar el hecho de que, al aprobar el Informe de la
Subcomisión de Denuncias, y al hacer suyas en todas su partes las conclusiones y recomendaciones del Informe, las mismas asumen el carácter de decisiones de la propia
Comisión de Derechos Humanos con todos sus alcances y consecuencias.
Tal como se indicó mas arriba, en esa Acta consta
que el Informe de la Subcomisión de Denuncias fue aprobado por unanimidad, o
sea con el voto de los Diputados Vivas y Gómez.
Además, como ellos mismos los señalan, dicha Acta lleva sus firmas en
señal de haber estado conformes con su contenido.
4) En su comunicación los Diputados Vivas y Gómez
solicitan:
Primero: que se deje constancia de la situación que ellos plantean tanto en la
Comisión de Mesa como en la sesión plenaria del Grupo.
Segundo: que se deje constancia ante la Junta Directiva del PARLATINO del
“desmentido” que ellos plantean.
Tercero: proponen “de manera formal ante la Comisión de Mesa que dado el sesgo que le
viene dando el Diputado Adolfo Taylhardat, así como la utilización de su
posición como coordinador de la “Subcomisión de Denuncias” de la precitada
Comisión, para que la Republica Bolivariana de Venezuela no continué
participando en ella, a objeto de no presentar ningún tipo de parcialidad en
las respectivas investigaciones que en referencia a Venezuela se estén llevando
a efecto”
Cuarto: exhortan “a los demás Miembros de los otros países que conforman”
la comisión de Derechos Humanos del
Parlatino para que los “acompañen a esta justa petición”
Al respecto, debo comenzar señalando que no me
sorprende en absoluto esa propuesta porque la actitud de los Diputados Vivas y
Gómez hacia mi persona porque no es nada nueva. Los colegas miembros de nuestro
Grupo Parlamentario han podido apreciar cómo, desde el comienzo mismo de la
legislatura para la cual hemos sido elegidos, estos diputados han venido
desarrollando una campaña contra mi tratando de desprestigiarme en lo personal
y procurando, primero de excluirme de la Comisión de Derechos Humanos y, luego, despojarme de mi condición de Coordinador de
la Subcomisión de Denuncias.
Esa campaña se internacionalizó con la “recusación”
que presentaron los diputados Vivas y Gómez
en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos en Medellín, en la cual
me califican de “encarnizado opositor de la política del Gobierno venezolano”
(condición que no niego y que por el contrario me enorgullece aun cuando
considero que el calificativo de “encarnizado” resulta exagerado) y afirman que
“de manera frontal, faltando a todo tipo de ética” utilizo mi condición de
representante de la oposición venezolana” para “de manera maliciosa, falsa y
subjetiva abrir una trinchera de ataque para tratar de confundir a la Comunidad
Internacional”.
De estas afirmaciones me ocupare cuando presente al
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlatino mi respuesta a la
recusación, pero he considerado pertinente traer estas citas sólo como
ilustración de la inquina que reiteradamente mantienen los diputados Vivas y
Gómez hacia mi persona.
Ahora esa animadversión alcanza nuevos niveles con
la solicitud que formulan en la comunicación que vengo comentando y llega a su
máxima expresión porque los diputados Vivas y Gómez no se limitan a exigir que
se me prive de mi condición de Coordinador de la Subcomisión de Denuncias sino
que exigen que Venezuela, como país, deje de formar parte de ese
importante órgano de defensa de los derechos humanos.
Para colmo, exigen que los demás parlamentos que
integran la Comisión de Derechos Humanos los apoyen en esa exigencia absolutamente
desmedida, extravagante y arbitraria que, por estar inspirada en motivaciones
personales, resulta totalmente extravagante, ridícula e irrisoria.
La actitud de los diputados Vivas y Gómez denota,
además, desprecio y desconocimiento olímpicos del sagrado principio de la
pluralidad democrática que debe regir el funcionamiento de toda institución
parlamentaria. Ese principio exige el respeto a la coexistencia de opiniones y
posiciones diversas entre los parlamentarios y la tolerancia frente a las
opiniones contrapuestas.
Cuando los diputados Vivas y Gómez me acusan de
“encarnizado opositor”, “falto de ética” y
de actuar “de manera sesgada, maliciosa, falsa y subjetiva” desdicen
abiertamente de la condición de parlamentarios que detentan y se colocan en una
posición de intolerancia que pone en duda sus capacidades para desempeñarse
como representantes del país ante el Parlamento Latinoamericano.
En todo caso, no es a los diputados Vivas y Gómez a
quienes compete valorar mi comportamiento como Coordinador de la Subcomisión de
Denuncia. Esa es una apreciación que corresponde exclusivamente al órgano que
me designó para desempeñar esa función. Es decir, así como la Comisión de
Derechos Humanos me eligió por unanimidad para desempeñar esa importante y
delicada tarea, de la misma manera tiene plena titularidad para remplazarme si
considera que mi desempeño no ha sido adecuado o no ha estado a la altura de
sus expectativas.
Lo que bajo ninguna circunstancia podrán borrar los
diputados Vivas y Gómez es mi actuación imparcial, seria, responsable y
objetiva como Coordinador de la Subcomisión de Denuncias y mucho menos el
sentido del deber y la devoción con la cual he desempeñado esa función. De todo
ello pueden dar fe los demás integrantes de la subcomisión con quienes, a pesar
de nuestras posiciones ideológicas y doctrinarias abiertamente diversas, en
todo momento he procedido con el mas elevado respeto por las opiniones de cada
uno y el mas amplio sentido de lealtad a los elevados objetivos
que inspiran la actuación del Parlamento Latinoamericano, y de manera
particular la Subcomisión de Denuncias, en todo lo que tiene que ver con la
promoción y la defensa de los derechos humanos.
Por todo lo expuesto, señor Presidente, confío en
que los demás integrantes de nuestro Grupo Parlamentario no se asociarán y por
el contrario se diferenciaran de una iniciativa que, de ser llevada adelante,
solamente tendría como resultado desacreditar a la representación del
oficialismo venezolano en el parlamento latinoamericano y poner todavía mas en evidencia dentro de
nuestra organización parlamentaria regional la polarización que lamentablemente
mantiene dividido a nuestro país,
mayormente resultado de actitudes como las que han asumido los diputado
Vivas y Gómez.
Con razón me decía en Medellín un colega
parlamentario latinoamericano que están obstinados de presenciar la
confrontación permanente de los diputados venezolanos en las comisiones del
PARLATINO.
Con ese antecedente, no es difícil imaginarse la
reacción de los parlamentarios de otros países ante la petición que hacen los
diputados Vivas y Gómez para que los acompañen en su solicitud para que
Venezuela sea excluida de la Subcomisión de Denuncias y en la acción de
recusación interpuesta contra mí.
Finalmente, debo decir que en mi opinión la
decisión de la Comisión de Derechos Humanos en relación con el caso del
Diputado Marín mas bien se quedó corta pues tratándose de un parlamentario, el
PARLATINO ha debido asumir una posición mucho mas categórica y firme de condena
a las grotescas agresiones cometidas contra él, que pusieron en peligro su
vida, y manifestar también rechazo a los atropellos y amenazas que han sido
proferidas contra su integridad personal y la de los miembros de su familia.
La obligación del PARLATINO de defender la
institución parlamentaria y a quienes la integran trasciende cualquier
coloración política. Hoy ha sido el Diputado Marín. Mañana podría ser cualquier
otro miembro de la Asamblea Nacional o de nuestro Grupo, incluso alguno del oficialismo,
que necesitaría recurrir al PARLATINO para exigir que se le asegure la
protección que como parlamentario le garantizan la Constitución Nacional y los
tratados internacionales, de manera particular el Tratado de
Institucionalización del Parlamento Latinoamericano.
A este propósito considero oportuno recordar que la
Unión Parlamentaria Internacional cuenta con una comisión especial dedicada
específicamente a la protección de los Derechos Humanos de los Parlamentarios
con competencia para situaciones como la que ha confrontado el Diputado Marín.
Por último, señor Presidente, si, como lo solicitan
los diputados Vivas y Gómez, su “desmentido” fuese presentado ante la Directiva
del Parlamento Latinoamericano, solicito formalmente que, de la misma manera,
se lleve a conocimiento de las altas autoridades del PARLATINO el contenido
íntegro de la presente comunicación.
Muy cordialmente,
Atentamente,
Diputado