Grupo Parlamentario Venezolano

Del Parlamento Latinoamericano

Adolfo R. Taylhardat

Diputado

Caracas, 02 de enero de 2004

Diputado Ney Lópes

Presidente del Parlamento Latinoamericano

c.c. Senador Jorge Pizarro

Presidente Alterno del Parlamento Latinoamericano

Señor Presidente,

Tengo a honra dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle, atendiendo la solicitud expresa que me ha formulado el Bloque de Autonomía Parlamentaria de la Asamblea Nacional venezolana, el Manifiesto emitido por dicho Bloque denunciando el propósito de la bancada oficialista del parlamento venezolano de reformar, por séptima vez en cuatro años, el Reglamento Interior y de Debates a fin de asegurar un control todavía mayor y mas efectivo del Poder Ejecutivo sobre la institución parlamentaria.

En el Manifiesto los parlamentarios de la oposición venezolana solicitan el apoyo del Parlamento Latinoamericano, como parlamento regional, para impedir que se cometa este nuevo atropello contra el pluralismo político y esta nueva violación del principio de la separación y autonomía de los poderes públicos que debe regir en todo sistema democrático representativo.

Al agradecer al señor Presidente del Parlamento Latinoamericano la atención que se sirva prestar a la presente y a la documentación anexa, me permito solicitarle que tenga a bien hacer llegar el texto de esta comunicación junto con sus anexos a todos los parlamentos nacionales miembros del Parlamento Latinoamericano

Me valgo de la ocasión para reiterarle las seguridades de mi elevada consideración y estima.

Atentamente,

Diputado

República de Venezuela

Asamblea Nacional

Vestalia Sampedro de Araujo

Diputada por el Estado Carabobo

Caracas, 27 de enero de 2004

Ciudadano

Dip. ADOLFO TAYLHARDAT

Coordinador del Grupo de la Oposición Democrática del

Parlamento Latinoamericano.

Su Despacho.-

Tengo a bien dirigirme a Usted en la oportunidad de remitirle, copia del Manifiesto a la Comunidad Internacional, presentado por el Bloque por la Autonomía Parlamentaria al Ex - Presidente Jimmy Carter, en ocasión de su visita a la Asamblea Nacional, a fin de que sea transmitida esta información a los demás miembros de la institución de la cual forma parte y otras instancias internacionales.

Cabe reiterar que es de nuestro interés como parlamentarios, denunciar ante las distintas instancias homólogas o no de la comunidad internacional, lo que sucede al interior de la Asamblea Nacional, detallado en el documento adjunto.

Sin otro particular a que hacer referencia y reiterándole nuestra consideración y estima, de usted

Atentamente

Dip. Vestalia Sampedro de Araujo

P/ Bloque por la Autonomía Parlamentaria

Anexo: Manifiesto de los Diputados Venezolanos que integramos el Bloque de Autonomía Parlamentaria ante la Asamblea Nacional.

MANIFIESTO DE LOS DIPUTADOS VENEZOLANOS QUE INTEGRAMOS EL BLOQUE DE AUTONOMÍA PARLAMENTARIA ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL

Nosotros, integrantes del Bloque de Autonomía Parlamentaria (Grupos de Opinión conformados por Diputados de Oposición de la Asamblea Nacional de Venezuela), acudimos a la comunidad internacional para denunciar el grotesco atropello al parlamentarismo, a la institución parlamentaria y a la Constitución Nacional que se propone perpetrar la fracción oficialista de diputados en la Asamblea Nacional venezolana (el llamado Bloque del Cambio), al haber convocado a una sesión especial para la discusión y aprobación por mayoría simple de la séptima reforma en cuatro años del Reglamento de Interior y de Debates que rige la actividad parlamentaria.

Habiendo perdido la mayoría calificada en el Parlamento, la Bancada Oficialista, ignorando que en la Asamblea Nacional están representadas todas las tendencias políticas, lo cual es la esencia de todo Parlamento, pretende una nueva reforma del Reglamento interno, la cual constituye la negación de la pluralidad democrática al proponer la disminución inconstitucional de la representación parlamentaria de los diputados opositores al régimen que encabeza el Presidente de la República Hugo Chávez Frías, colocando a la Oposición en abierta situación de indefensión, ante los abusos en la negación de los derechos de palabra durante las sesiones plenarias y al otorgarle a la Junta Directiva y a la mayoría simple (oficialista), de los diputados la posibilidad de aplicar un régimen sancionatorio que cercena la representación popular y llega al extremo de suspender por tiempo indefinido a los diputados, cuando a su criterio éstos incurran en alguna conducta o hecho que ellos mismos califiquen como falta.

Esta nueva reforma persigue concentrar poderes omnímodos en la Junta Directiva de la Asamblea -compuesta exclusivamente por diputados de la bancada oficialista- y asegurar, por vía partidista, un sometimiento todavía mayor del Parlamento a los designios del Poder Ejecutivo, en perjuicio de la oposición y en desconocimiento total de los derechos de las minorías.

El proyecto de reforma pretende introducir, entre otros, desafueros como los contenidos en las siguientes provisiones:

· La Junta Directiva podrá unilateralmente decidir que el Parlamento sesione fuera de su sede natural (Palacio Federal Legislativo), en cualquier sitio del país, arrogando para si una función del cuerpo legislativo. Esta medida permitiría convocar sesiones en lugares donde la acción de sus copartidarios, convocados para tal fin, por vía de amedrentamiento, impidan o coarten el ejercicio de la representación a los parlamentarios de la Oposición, como ha ocurrido en anteriores oportunidades.

· La Junta Directiva podrá unilateralmente decidir que el parlamento sesione fuera de los días normales de actividad parlamentaria.

· El quórum será la mitad mas uno de los diputados presentes, no de los diputados totales, lo cual configura, en esencia, una violación a la Constitución Nacional en su Art. 221 que establece: El quórum no podrá ser en ningún caso inferior a la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional.

· Adicionalmente, el proyecto de reforma introduce una serie de normas cuya única finalidad es limitar el debate coartando el derecho de palabra y la participación de los parlamentarios opositores, que valiéndose legítimamente de las reglas y procedimientos parlamentarios traten de impedir la adopción de decisiones o la aprobación de normas o leyes evidentemente contrarias a los intereses nacionales o atentatorias contra los derechos fundamentales del ciudadano.

· Cualquier diputado podrá ser sancionado por la Junta Directiva por el sólo hecho de no estar de acuerdo con una propuesta de la mayoría, quien arbitra, en ausencia de normas concretas, con su propio criterio. Tales sanciones comprenden, en escala gradual, la “declaración pública de haber faltado al orden y al respeto debido”, la suspensión en el ejercicio de la palabra, la suspensión del derecho a intervenir en el resto del debate o la sesión y la suspensión del derecho a intervenir en las sesiones plenarias por el tiempo que establezca la Junta con la consiguiente suspensión, por decisión de la Junta Directiva, del pago de la dieta correspondiente del parlamentario sancionado. Cabe destacar que solo existen dos formas constitucionales de suspender el ejercicio del cargo a los diputados: 1) mediante proceso judicial en caso de la comisión de un delito, y 2) la revocatoria popular del mandato. Establecer este régimen sancionatorio mediante una norma reglamentaria de funcionamiento, viola la Constitución Nacional y la inmunidad parlamentaria también constitucionalmente consagrada.

El fin perseguido por el oficialismo en el parlamento es evidente: la aprobación de una agenda legislativa atentatoria de los principios constitucionales y democráticos referidos a la necesaria separación y autonomía de los poderes públicos con leyes tales como:

· Ley del Tribunal Supremo de Justicia, que persigue incrementar a 30 el número de magistrados, quienes serían nombrados por mayoría simple (actualmente se requiere de un voto calificado de 2/3 de los diputados), con el deliberado propósito de asegurar el avasallamiento del Poder Judicial;

· La Ley de Policía Nacional que permitiría al gobierno central monopolizar los servicios de seguridad pública, hoy del dominio de gobernaciones y alcaldías;

· La llamada “Ley Mordaza” que persigue imponer serias limitaciones a la libertad de opinión y ejercer control sobre los medios de comunicación;

· Reforma del Código Penal que introduce normas destinadas a limitar el ejercicio de los derechos políticos consagrados en la Constitución.

Con la aprobación de la séptima reforma del reglamento de funcionamiento del parlamento venezolano, la mayoría oficialista estará violando de manera flagrante los principios y valores fundamentales consagrados en la Constitución, tales como la autonomía del poder legislativo (Art. 136), los derecho esenciales de las minorías (Art. 21 par. 2), el derecho a la participación (Art. 62), la inmunidad parlamentaria (Art. 199) y la libertad de conciencia (Art. 201), entre otros.

La conducta de la bancada oficialista que modifica a su antojo las normas que rigen el funcionamiento de la Asamblea para manejarla como instrumento del partido de gobierno es también abiertamente atentatoria contra los compromisos adquiridos mediante el Acuerdo suscrito por la oposición y el gobierno el 23 de mayo de 2003, el cual fue endosado unánimemente por el Parlamento venezolano.

Finalmente, el comportamiento de la Bancada Oficial es abiertamente violatorio de las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana, la cual establece que “el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales” y consagra como elemento esencial de la democracia representativa “el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos.”

El Bloque de Autonomía Parlamentaria exhorta a los gobiernos de los Países Amigos, a los parlamentos de todo el mundo, a las organizaciones parlamentarias internacionales, regionales y sub-regionales, a expresar un rotundo rechazo a este intento de someter al parlamento venezolano a una situación de subordinación y pupilaje del Poder Ejecutivo. Igualmente acude a la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter, para que en ejercicio de sus funciones de mediación y facilitación, intervengan para impedir que se consagre este flagrante atropello contra la Carta Interamericana, el Estado de Derecho y el Régimen representativo consagrados por la Constitución Nacional venezolana.

Caracas, 26 de enero de 2004