Adolfo R. Taylhardat
                 Diputado                
 Grupo Parlamentario Venezolano

  del Parlamento Latinoamericano

                                                                         

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Caracas, 12 de octubre de 2004

 

Diputado Luis Paulino Rodríguez Mena

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias

del Parlamento Latinoamericano

 

Señor Presidente, estimado colega y amigo,

 

Tengo a honra dirigirme a usted con referencia a la nota fechada en Medellín, Colombia, el 24 de septiembre último, con la cual tuvo a bien trasladarme la “recusación” que contra mi han interpuesto los diputados venezolanos Enrique Vivas y Fernando Gómez.

 

Al respecto cumplo con elevar a la su consideración lo que a continuación expongo:

 

1)       En su escrito los Diputados Vivas y Gómez expresan que (sic) “atendiendo  a las aludidas consideraciones” e “invocando el derecho internacional público” han decidido recurrir “en primera instancia” a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias” para:

 

RECUSAR al Diputado ADOLFO TAYLHARDAT en su condición de “coordinador” de la Subcomisión de Denuncias…”

 

Como estoy seguro el señor Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias sabe, la recusación es una institución jurídica mediante la cual un ciudadano pone tacha a un juez o a algún funcionario con poder o autoridad de decisión a quien le atribuye carencia de aptitud o de imparcialidad a fin de impedir que tome parte en una causa en la cual ese ciudadano se encuentra directamente involucrado o interesado. 

 

En mi caso no soy juez ni funcionario y mucho menos tengo atribuciones o poder de decisión. Mi situación es simple y llanamente la de un parlamentario a quien le ha sido asignada la función de coordinar el trabajo de un órgano plural, también parlamentario, cuya tarea consiste exclusivamente en examinar las denuncias relacionadas con presuntas (o verdaderas) violaciones de derechos humanos ocurridas en países miembros del PARLATINO.

 

La Subcomisión de denuncias no es tampoco un órgano judicial y el resultado de su trabajo se limita a presentar conclusiones o recomendaciones dirigidas al órgano jerárquicamente superior, la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias que usted dignamente preside, el cual puede soberanamente acogerlas o rechazarlas. O sea, que es la CDHJPC la única que tiene facultad o poder de decisión en lo relacionado con las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos.

 

Por otra parte, resulta curioso que los diputados Gómez y Vivas asuman un papel y una titularidad que como parlamentarios no les corresponde, a menos que se despojen de su condición de tales y se adjudiquen la representación del estado venezolano que es el sujeto directamente interesado en las denuncias ventiladas por la Subcomisión.

 

2)       Las “aludidas consideraciones” que invocan los Diputados Vivas y Fernando Gómez alegan como fundamento de su “recusación”, son las siguientes:

 

a)       Que soy “un encarnizado opositor de la política del Gobierno de Venezuela;

b)      Que  “de manera frontal, faltando a todo tipo de ética”, utilizo mi condición de representante de la oposición venezolana, de parlamentario y a la vez de coordinador de la Subcomisión de Denuncias para, “de manera sesgada, maliciosa, falsa y subjetiva, abrir una trinchera de ataque para confundir a la Comunidad Internacional, mediante la producción y recepción de infundadas denuncias de violación de Derechos Humanos por parte del Gobierno” de Venezuela.

 

Sobre estas afirmaciones debo señalar lo siguiente:

 

En primer lugar, no niego y mucho menos reniego de mi condición de opositor beligerante al Gobierno que Preside el Comandante Hugo Chávez Frías en Venezuela, posición que por el contrario me enorgullece, aún cuando considero que el calificativo de “encarnizado” resulta exagerada.

 

Esta condición, en todo caso, para nada ha influido en mi desempeño como miembro y Coordinador de la Subcomisión de Denuncias. Prueba de ello pueden dar los demás integrantes de la Subcomisión. Rechazo, por lo tanto, categóricamente, la afirmación  de los referidos diputados según la cual he utilizado esa posición para “de manera sesgada, maliciosa, falsa y subjetiva, abrir una trinchera de ataque para confundir a la Comunidad Internacional, mediante la producción y recepción de infundadas denuncias de violación de Derechos Humanos por parte del gobierno de Venezuela”.

 

Por otra parte, como consta de la documentación que reposa en los archivos de la Subcomisión y que se encuentran a la disposición del señor Presidente de la Comisión de Derechos Humanos o de cualquiera de sus integrantes, las denuncias relacionadas con Venezuela, al igual que todas las demás denuncias que ha tenido que examinar la Subcomisión, han sido debidamente presentadas  (producidas?) por las persona afectadas por los hechos que alegan constituir violaciones de sus derechos fundamentales. De igual manera, todas las denuncias presentadas ante la subcomisión, las relativas a Venezuela fueron debidamente recibidas y distribuidas a los otros integrantes de la Subcomisión de conformidad con lo establecido en el Reglamento de ese  órgano.

 

3)       Los Diputados Vivas y Gómez presentan como evidencias de sus acusaciones contra mi “dos importantes documentos” que son los siguientes:

 

a)       “Situación explosiva de Venezuela”

b)      Comunicado del Grupo de la Oposición Democrática del Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento Latinoamericano.

 

Según ellos, esos documentos han sido dirigidos por mí “a la Comunidad Internacional” a través de mi página web.

 

Comienzo por agradecer a los diputados Vivas y Gómez la importancia que le reconocen a esos documentos así como a mi página web a la cual le atribuyen un poder de divulgación capaz de influir sobre la “Comunidad Internacional”, de lo cual, modestamente, confieso que no me había percibido.

 

En cuanto al primer documento, de cuyo contenido soy el autor y único responsable, es una descripción breve, pero muy clara y precisa, de la situación que vive mi sufrido país bajo el actual gobierno. Ese documento no solamente se encuentra alojado en mi página web sino que personalmente lo he distribuido profusamente a mis colegas parlamentarios latinoamericanos bajo la forma de un disco compacto. Si no recuerdo mal, creo que también a usted, señor Presidente, le obsequié una copia del CD que contiene ese, y otros documentos relacionados con la explosiva política venezolana.

 

En cuanto al segundo documento, como su nombre lo indica, es un “Comunicado” público, debidamente firmado y emitido por los cinco diputados venezolanos que integramos El Grupo de la Oposición Democrática” dentro del grupo parlamentario venezolano del Parlamento Latinoamericano. Dicho Comunicado, en el cual fijamos posición sobre los acontecimientos políticos de nuestro país, fue en su oportunidad remitido al Presidente y al Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, Diputado Ney Lópes y Senador Jorge Pizarro, y divulgado a través de los medios de comunicación social en Venezuela.

 

Como estoy seguro habrá podido, señor Presidente, ninguno de esos documentos tiene relación directa ni indirecta con mi desempeño como Coordinador de la Subcomisión de Denuncias. Mucho menos tienen el carácter subversivo que aparentemente les atribuyen los Diputados Vivas y Gómez

 

4) Los diputados Vivas y Gómez solicitan en su escrito que se me sustituya en mi función de Coordinador a la Subcomisión de Denuncias “por otro parlamentario representante de cualquiera de los países que integran esta Entidad Parlamentaria, por cuanto las manifestaciones que hemos aludido por parte del referido parlamentario no ofrecen las debidas garantías de objetividad…  que permitan llevar a feliz término las investigaciones que se realizan por parte de nuestro Parlamento al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”

 

Sobre esto, debo comenzar señalando que no me sorprende en absoluto esa petición porque la actitud de los Diputados Vivas y Gómez hacia mi persona no es nada nueva. Como no toleran mi condición de opositor al Gobierno del Comandante Chávez, desde hace mucho tiempo estos diputados han venido desarrollando una campaña contra mí tratando de desprestigiarme en lo personal y procurando, de excluirme de la Comisión de Derechos Humanos y despojarme de mi condición de Coordinador de la Subcomisión de Denuncias.

 

Ahora esa animadversión alcanza nuevos niveles con esta “recusación” que han interpuesto ante usted y llega a su máxima expresión porque no se limitan a exigir que se me prive de mi condición de Coordinador de la Subcomisión de Denuncias sino que exigen que se me sustituya por otro parlamentario representante de cualquier de los países que integran la Comisión de Derecho Humanos. Con esa solicitud que por razones obvias me abstengo de calificar, piden, nada más y nada menos que Venezuela, como país, deje de formar parte de ese importante órgano de defensa de los derechos humanos.

 

Esa actitud de los diputados Vivas y Gómez, además de constituir una muestra de la intolerancia política que lamentablemente mantiene a mi país dividido entre quienes apoyan y quienes adversan el “proceso revolucionario bolivariano”, denota, un abierto quebrantamiento del sagrado principio de la pluralidad democrática que debe regir el funcionamiento de toda institución parlamentaria. Ese principio exige el respeto a la coexistencia de opiniones y posiciones diversas entre los parlamentarios y la tolerancia frente a las opiniones contrapuestas.

 

Cuando los diputados Vivas y Gómez me acusan de “encarnizado opositor”, “falto de ética” y  de actuar “de manera sesgada, maliciosa, falsa y subjetiva” desdicen abiertamente de la condición de parlamentarios que detentan y se colocan en una posición de intolerancia que pone en duda sus capacidades para desempeñarse como representantes del país ante el Parlamento Latinoamericano.

 

Esa actitud, además pone en evidencia que estos diputados no vacilan en colocar su posición de intolerancia y animosidad personal hacia mí por encima de los intereses superiores del país y de la entidad parlamentaria de la cual han recibido la representación que ejercen.

 

En todo caso,  señor Presidente, no es a los diputados Vivas y Gómez a quienes compete valorar mi comportamiento como Coordinador de la Subcomisión de Denuncia. Esa es una apreciación que corresponde exclusivamente al órgano que me designó para desempeñar esa función. Es la propia Comisión de Derechos Humanos, que me eligió por unanimidad para desempeñar esa importante y delicada tarea, la que tiene plena titularidad para remplazarme si es que objetivamente considera que mi desempeño no ha sido adecuado, no ha estado a la altura de sus expectativas o porque encuentre que las acusaciones de los Diputados Vivas y Gómez tienen fundamento.

 

Lo que bajo ninguna circunstancia podrán borrar los diputados Vivas y Gómez es  porque está a la vista de todos los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos es mi actuación imparcial, seria, responsable y ecuánime como Coordinador de la Subcomisión de Denuncias ni el sentido del deber y la devoción con la cual he desempeñado esa función. De todo ello pueden dar fe los otros integrantes de la Subcomisión con quienes, a pesar de nuestras posiciones ideológicas y doctrinarias abiertamente diversas, he mantenido una relación de colaboración enmarcada dentro del mas elevado respeto por las opiniones de cada uno y  el mas amplio  sentido de lealtad a los elevados objetivos que inspiran la actuación del Parlamento Latinoamericano y de la Subcomisión de Denuncias en todo lo que tiene que ver con la promoción y la defensa de los derechos humanos.

 

Estoy seguro que usted y los demás integrantes de la Directiva de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias sabrán valorar los elementos de hecho y de derecho involucrados en la presente situación y le darán al planteamiento de los Diputados Vivas y Gómez el tratamiento que en justicia corresponde, de acuerdo con los criterios de objetividad, seriedad e imparcialidad estoy seguro le inspiran.

 

Por todo lo expuesto, señor Presidente, solicito formalmente que se declare sin lugar la recusación que han incoado contra mí los diputados Vivas y Gómez la cual, como creo haber demostrado, se inspira en motivaciones personales y políticas totalmente ajenas a la actividad de la Comisión que usted dignamente preside.

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle, señor Presidente, las seguridades de mi alta y distinguida consideración y estima personal.

 

Muy cordialmente,

Diputado