
del Parlamento
Latinoamericano
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Caracas, 12 de octubre de 2004
Diputado Luis
Paulino Rodríguez Mena
Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias
del Parlamento Latinoamericano
Señor Presidente,
estimado colega y amigo,
Tengo a honra
dirigirme a usted con referencia a la nota fechada en Medellín, Colombia, el 24
de septiembre último, con la cual tuvo a bien trasladarme la “recusación” que
contra mi han interpuesto los diputados venezolanos Enrique Vivas y Fernando
Gómez.
Al respecto
cumplo con elevar a la su consideración lo que a continuación expongo:
1)
En su escrito los Diputados Vivas y Gómez
expresan que (sic) “atendiendo a las
aludidas consideraciones” e “invocando el derecho internacional público” han
decidido recurrir “en primera instancia” a los miembros de la Comisión de
Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias” para:
“RECUSAR al
Diputado ADOLFO TAYLHARDAT en su condición de “coordinador” de la
Subcomisión de Denuncias…”
Como estoy seguro el señor Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias sabe, la recusación es una
institución jurídica mediante la cual un ciudadano pone tacha a un juez o a
algún funcionario con poder o autoridad de decisión a quien le atribuye
carencia de aptitud o de imparcialidad a fin de impedir que tome parte en una
causa en la cual ese ciudadano se encuentra directamente involucrado o
interesado.
En mi caso no soy juez ni funcionario y mucho menos tengo
atribuciones o poder de decisión. Mi situación es simple y llanamente la de un
parlamentario a quien le ha sido asignada la función de coordinar el trabajo de
un órgano plural, también parlamentario, cuya tarea consiste exclusivamente en
examinar las denuncias relacionadas con presuntas (o verdaderas) violaciones de
derechos humanos ocurridas en países miembros del PARLATINO.
La Subcomisión de denuncias no es tampoco un órgano
judicial y el resultado de su trabajo se limita a presentar conclusiones o
recomendaciones dirigidas al órgano jerárquicamente superior, la Comisión
de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias que usted dignamente
preside, el cual puede soberanamente acogerlas o rechazarlas. O sea, que es la
CDHJPC la única que tiene facultad o poder de decisión en lo relacionado con
las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos.
Por otra parte, resulta curioso que los diputados
Gómez y Vivas asuman un papel y una titularidad que como parlamentarios no les
corresponde, a menos que se despojen de su condición de tales y se adjudiquen
la representación del estado venezolano que es el sujeto directamente
interesado en las denuncias ventiladas por la Subcomisión.
2)
Las “aludidas consideraciones” que invocan
los Diputados Vivas y Fernando Gómez alegan como fundamento de su “recusación”,
son las siguientes:
a) Que soy “un encarnizado opositor de la
política del Gobierno de Venezuela;
b) Que
“de manera frontal, faltando a todo tipo de ética”, utilizo mi condición
de representante de la oposición venezolana, de parlamentario y a la vez de
coordinador de la Subcomisión de Denuncias para, “de manera sesgada, maliciosa,
falsa y subjetiva, abrir una trinchera de ataque para confundir a la Comunidad
Internacional, mediante la producción y recepción de infundadas denuncias de
violación de Derechos Humanos por parte del Gobierno” de Venezuela.
Sobre estas
afirmaciones debo señalar lo siguiente:
En primer lugar,
no niego y mucho menos reniego de mi condición de opositor beligerante al
Gobierno que Preside el Comandante Hugo Chávez Frías en Venezuela, posición que
por el contrario me enorgullece, aún cuando considero que el calificativo de
“encarnizado” resulta exagerada.
Esta condición,
en todo caso, para nada ha influido en mi desempeño como miembro y Coordinador
de la Subcomisión de Denuncias. Prueba de ello pueden dar los demás integrantes
de la Subcomisión. Rechazo, por lo tanto, categóricamente, la afirmación de los referidos diputados según la cual he
utilizado esa posición para “de manera
sesgada, maliciosa, falsa y subjetiva, abrir una trinchera de ataque para
confundir a la Comunidad Internacional, mediante la producción y recepción de infundadas denuncias de violación
de Derechos Humanos por parte del gobierno de Venezuela”.
Por otra parte,
como consta de la documentación que reposa en los archivos de la Subcomisión y
que se encuentran a la disposición del señor Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos o de cualquiera de sus integrantes, las denuncias relacionadas
con Venezuela, al igual que todas las demás denuncias que ha tenido que
examinar la Subcomisión, han sido debidamente presentadas (producidas?) por las persona afectadas
por los hechos que alegan constituir violaciones de sus derechos fundamentales.
De igual manera, todas las denuncias presentadas ante la subcomisión, las
relativas a Venezuela fueron debidamente recibidas y distribuidas a los
otros integrantes de la Subcomisión de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de ese órgano.
3)
Los Diputados Vivas y Gómez presentan como
evidencias de sus acusaciones contra mi “dos importantes documentos” que son
los siguientes:
a)
“Situación
explosiva de Venezuela”
b)
Comunicado
del Grupo de la Oposición Democrática del Grupo Parlamentario Venezolano del
Parlamento Latinoamericano.
Según ellos, esos
documentos han sido dirigidos por mí “a la Comunidad Internacional” a través de
mi página web.
Comienzo por
agradecer a los diputados Vivas y Gómez la importancia que le reconocen a esos documentos
así como a mi página web a la cual le atribuyen un poder de divulgación capaz
de influir sobre la “Comunidad Internacional”, de lo cual, modestamente,
confieso que no me había percibido.
En cuanto al
primer documento, de cuyo contenido soy el autor y único responsable, es una
descripción breve, pero muy clara y precisa, de la situación que vive mi
sufrido país bajo el actual gobierno. Ese documento no solamente se encuentra
alojado en mi página web sino que personalmente lo he distribuido profusamente
a mis colegas parlamentarios latinoamericanos bajo la forma de un disco
compacto. Si no recuerdo mal, creo que también a usted, señor Presidente, le
obsequié una copia del CD que contiene ese, y otros documentos relacionados con
la explosiva política venezolana.
En cuanto al
segundo documento, como su nombre lo indica, es un “Comunicado” público,
debidamente firmado y emitido por los cinco diputados venezolanos que
integramos El Grupo de la Oposición Democrática” dentro del grupo parlamentario
venezolano del Parlamento Latinoamericano. Dicho Comunicado, en el cual fijamos
posición sobre los acontecimientos políticos de nuestro país, fue en su
oportunidad remitido al Presidente y al Vicepresidente del Parlamento
Latinoamericano, Diputado Ney Lópes y Senador Jorge Pizarro, y divulgado a
través de los medios de comunicación social en Venezuela.
Como estoy seguro
habrá podido, señor Presidente, ninguno de esos documentos tiene relación
directa ni indirecta con mi desempeño como Coordinador de la Subcomisión de
Denuncias. Mucho menos tienen el carácter subversivo que aparentemente les
atribuyen los Diputados Vivas y Gómez
4) Los diputados Vivas y
Gómez solicitan en su escrito que se me sustituya en mi función de Coordinador
a la Subcomisión de Denuncias “por otro parlamentario representante de cualquiera de los países que
integran esta Entidad Parlamentaria, por cuanto las manifestaciones que hemos
aludido por parte del referido parlamentario no ofrecen las debidas garantías
de objetividad… que permitan llevar a
feliz término las investigaciones que se realizan por parte de nuestro Parlamento
al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”
Sobre esto, debo comenzar señalando que no me
sorprende en absoluto esa petición porque la actitud de los Diputados Vivas y
Gómez hacia mi persona no es nada nueva. Como no toleran mi condición de
opositor al Gobierno del Comandante Chávez, desde hace mucho tiempo estos
diputados han venido desarrollando una campaña contra mí tratando de
desprestigiarme en lo personal y procurando, de excluirme de la Comisión de
Derechos Humanos y despojarme de mi condición de Coordinador de la Subcomisión
de Denuncias.
Ahora esa animadversión alcanza nuevos niveles con
esta “recusación” que han interpuesto ante usted y llega a su máxima expresión
porque no se limitan a exigir que se me prive de mi condición de Coordinador de
la Subcomisión de Denuncias sino que exigen que se me sustituya por otro
parlamentario representante de cualquier de los países que integran la Comisión
de Derecho Humanos. Con esa solicitud que por razones obvias me abstengo de
calificar, piden, nada más y nada menos que Venezuela, como país, deje
de formar parte de ese importante órgano de defensa de los derechos humanos.
Esa actitud de los diputados Vivas y Gómez, además
de constituir una muestra de la intolerancia política que lamentablemente
mantiene a mi país dividido entre quienes apoyan y quienes adversan el “proceso
revolucionario bolivariano”, denota, un abierto quebrantamiento del sagrado
principio de la pluralidad democrática que debe regir el funcionamiento de toda
institución parlamentaria. Ese principio exige el respeto a la coexistencia de
opiniones y posiciones diversas entre los parlamentarios y la tolerancia frente
a las opiniones contrapuestas.
Cuando los diputados Vivas y Gómez me acusan de
“encarnizado opositor”, “falto de ética” y
de actuar “de manera sesgada, maliciosa, falsa y subjetiva” desdicen
abiertamente de la condición de parlamentarios que detentan y se colocan en una
posición de intolerancia que pone en duda sus capacidades para desempeñarse
como representantes del país ante el Parlamento Latinoamericano.
Esa actitud, además pone en evidencia que estos
diputados no vacilan en colocar su posición de intolerancia y animosidad personal
hacia mí por encima de los intereses superiores del país y de la entidad
parlamentaria de la cual han recibido la representación que ejercen.
En todo caso,
señor Presidente, no es a los diputados Vivas y Gómez a quienes compete
valorar mi comportamiento como Coordinador de la Subcomisión de Denuncia. Esa
es una apreciación que corresponde exclusivamente al órgano que me designó para
desempeñar esa función. Es la propia Comisión de Derechos Humanos, que me
eligió por unanimidad para desempeñar esa importante y delicada tarea, la que
tiene plena titularidad para remplazarme si es que objetivamente considera que
mi desempeño no ha sido adecuado, no ha estado a la altura de sus expectativas
o porque encuentre que las acusaciones de los Diputados Vivas y Gómez tienen
fundamento.
Lo que bajo ninguna circunstancia podrán borrar los
diputados Vivas y Gómez es porque está a
la vista de todos los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos es mi
actuación imparcial, seria, responsable y ecuánime como Coordinador de la
Subcomisión de Denuncias ni el sentido del deber y la devoción con la cual he
desempeñado esa función. De todo ello pueden dar fe los otros integrantes de la
Subcomisión con quienes, a pesar de nuestras posiciones ideológicas y
doctrinarias abiertamente diversas, he mantenido una relación de colaboración
enmarcada dentro del mas elevado respeto por las opiniones de cada uno y el mas amplio
sentido de lealtad a los elevados objetivos que inspiran la actuación
del Parlamento Latinoamericano y de la Subcomisión de Denuncias en todo lo que
tiene que ver con la promoción y la defensa de los derechos humanos.
Estoy seguro que usted y los demás integrantes de
la Directiva de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas
Carcelarias sabrán valorar los elementos de hecho y de derecho involucrados en
la presente situación y le darán al planteamiento de los Diputados Vivas y
Gómez el tratamiento que en justicia corresponde, de acuerdo con los criterios
de objetividad, seriedad e imparcialidad estoy seguro le inspiran.
Por todo lo expuesto, señor Presidente, solicito
formalmente que se declare sin lugar la recusación que han incoado contra mí
los diputados Vivas y Gómez la cual, como creo haber demostrado, se inspira en
motivaciones personales y políticas totalmente ajenas a la actividad de la
Comisión que usted dignamente preside.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle, señor
Presidente, las seguridades de mi alta y distinguida consideración y estima
personal.
Muy cordialmente,

Diputado