IIIa. REUNION DE COMISION DE DERECHOS HUMANOS,
JUSTICIA Y POLITICAS CARCELARIAS, AÑO 2005
Informe que presenta el Diputado Adolfo R. Taylhardat al
Plenario del Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento Latinoamericano
Caracas, 19 de Junio de 2005
Esta reunión estuvo precedida de la X Reunión de la Subcomisión de Denuncias.
La Agenda sustantiva de la Comisión contempló tres temas:
Tema
I: La situación carcelaria en los países miembros del PARLATINO a la luz del
Informe sobre Políticas Carcelaria elaborado en 1999 por la entonces
Comisión de Políticas Carcelarias.
Tema II: Informe sobre el Convenio de Cooperación entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano.
Tema III: Informe de la Subcomisión de Denuncias.
TEMA I
Curiosamente, el titulo original de este tema fue cambiado por el de “Panel de análisis y discusión sobre reinserción, seguridad y concesiones de infraestructura y servicios.”
En la sesión del mañana del primer día de la reunión, la Comisión escuchó, dentro de este tema, una exposición del Ministro Subrogante de Justicia de Chile, Jaime, Arellano Quintana, y otra del Director Nacional del Servicio de Gendarmería de Chile, Juan Carlos Pérez,
Por la tarde de ese mismo día se llevó a cabo una visita de los integrantes de la Comisión al Centro Penitenciario concesionado de la ciudad de Rancagua, una localidad situada a 90 kilómetros al sur de Santiago. No participé en esta actividad para poder asistir a la reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo que se llevaba a cabo paralela y simultáneamente.
Este tema contemplaba la presentación de informes por países de parte de los parlamentarios asistentes y la comisión escuchó las exposiciones verbales que hicieron los siguientes parlamentarios y funcionarios competentes en el área de prisiones en países miembros:
- Diputado Tomás Moliina de Bolivia,
- Senador Guillermo Herbert Pérez de México,
- el señor Carlos Sobbalvarro, Director General de Sistema Penitenciarios de Nicaragua,
- el señor Reinaldo VVillalobos, Subdirector de Adaptación Social de Costa Rica,
- el señor Marco Antonio González, Director de Servicios Penitenciarios de Ecuador,
- el señor Jaime Arelllano Quintana, Ministro (S) de Justicia de Chile,
- el señor Clayton Nuunes, Director del Sistema Penitenciario Nacional de Brasil,
- el Diputado Fernanddo Gómez, entregó un informe escrito sobre la situación carcelaria de Venezuela,
- el señor Marco Antoonio González, Director de Servicios Penitenciarios de Ecuador,
- el señor Jaime Baneegas Cerón, Director de Servicios Penitenciarios de Honduras
- el señor Salustianoo Ortiz, Director de Servicios Penitenciarios de Paraguay
- el señor José Alberrto Calderón, Director del Sistema Penitenciario de Panamá
- el señor José Luis Soria, Director de Servicios Penitenciarios de Argentina.
También intervine yo para señalar que el día 1º. de Junio, con ocasión de la visita que hiciera a la Subcomisión de Denuncias el Diputado Gabriel Ascencio, Vicepresidente de la CDHJPC y Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Políticas Carcelarias, le hice entrega, personalmente, del Informe sobre la Situación del Sistema Penitenciario en Venezuela elaborado por el Licenciado Juan Francisco Contreras, dentro del marco del contrato de asesoría externa que le otorgó este grupo. Expresé mi preocupación porque ese informe no hubiera sido distribuido a los miembros de la Comisión y dije que esperaba que en todo caso sirviera de insumo para el trabajo posterior que debe realizar ese grupo de trabajo.
En mi intervención destaqué que la situación carcelaria de Venezuela no difiere mucho de la que existe en los demás países de la región según constaba de las presentaciones que habían hecho los participantes en el foro, la mayoría de los cuales expusieron los horrores, la vejaciones, las violaciones de los derechos humanos que ocurren dentro de los penales d casi todos los países.
Señalé que yo podría hacer una extensa exposición sobre la desastrosa, caótica, escandalosa, cruel situación que viven los reclusos en las cárceles de Venezuela.
Dije que en Venezuela hay treinta establecimientos carcelarios con una capacidad aproximada quince mil cupos para internos, pero que la población penal es de aproximadamente 19 mil reclusos. De esa población solamente 10.200 tienen sentencia definitiva, de los cuales 65 % por robo, 20 % por drogas, 10 % por homicidios y 5 % por violaciones. Destaqué también que de toda la población reclusa el 94,2 % son del género masculino.
Señalé igualmente que dentro de los sitios de reclusión son frecuentes los enfrentamientos entre los reclusos con saldo de numerosos reos muertos o heridos.
En mi intervención destaqué además que algunos de los principales problemas que afectan al sistema carcelario venezolano son el tráfico de armas en el interior de los penales, el hacinamiento, la ausencia de utilización con fines constructivos del tiempo de los reclusos dentro del penal, el retardo judicial y la corrupción en el interior de las cárceles. A propósito de esto último mostré un recorte reciente de un periódico venezolano donde se denunciaba que una reclusa había sido violada por uno de sus guardianes.
Señalé también que los problemas que afectan a los sistemas penitenciarios de la región, deben ser analizados desde el punto de vista de la Convención Americana de Derechos Humanos porque en todos los países, incluida Venezuela se violan constantemente los derechos de los reclusos, lo que trae como consecuencia los frecuentes enfrentamientos entre ellos para lograr el control del establecimiento, los motines reivindicativos y los abusos por parte de las autoridades carcelarias.
Comenté que en mi opinión el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos en esta materia debía planificarse de la siguiente manera: el Grupo de Trabajo sobre Políticas Carcelarias debe recabar información actualizada sobre la situación carcelaria en todos los países miembros del PARLATINO para proceder a revisar y actualizar el informe de 1999 y presentar un nuevo informe con sus conclusiones. Además de las presentaciones que se hicieron durante la reunión de la Comisión, el Grupo de Trabajo debe solicitar a los parlamentos que no lo han hecho la información necesaria para completar el panorama completo de la situación. Con base en este informe actualizado la CDHJPC debería a su vez elaborar las recomendaciones dirigidas a los parlamentos nacionales a fin de emprendan las acciones legislativas o de otra índole que pudieran contribuir a corregir la situación que viven los reclusos en los diferentes países.
Refiriéndome a una propuesta que había presentado uno de los participantes en el Foro en el sentido de que se cree un ombudsman o defensor de los derechos de los reclusos, señalé que en Venezuela tenemos mala experiencia con la creación de los defensores de los derechos de los ciudadanos porque como esos funcionarios generalmente no cumplen la función para la cual han sido designados. Destaqué en cambio la labor positiva que ha venido cumpliendo en Venezuela una organización no gubernamental independiente que es el Observatorio Venezolano de Prisiones y recomendé que los demás países pudieran recoger esa experiencia y ese modelo si se quiere efectivamente promover la defensa de los derechos humanos de los reclusos.
Conclusiones de la Comisión sobre el Tema I
Las conclusiones de la Comisión sobre este tema quedaron recogidas en el Acta de la IIIa. Reunión en los siguientes términos.
TEMA 2
Este tema al parecer fue incluido en la Agenda inconsultamente ya que luego de una observación que le hice a la Secretaria de Comisiones, Senadora Sonia Escudero y al Presidente de la Comisión, Diputado Luís Paulino Rodríguez, en el Sentido de que ese acuerdo había quedado aprobado en la IIa. reunión de la Comisión Celebrada en Medellín en octubre de 2005 y que por lo tanto ese instrumento se encuentra en estado operativo, se suprimió el tema de la Agenda.
TEMA 3
De acuerdo con lo establecido en su Reglamento, la Subcomisión de Denuncias celebró su X Reunión en Santiago de Chile el día anterior a la reunión de la Comisión de Derechos Humanos Justicia y Políticas Carcelarias, es decir el día 1º. de Junio de 2005.
Debo comenzar por señalar que esta reunión de la Subcomisión se vio perturbada por lo que no vacilo en calificar como un intento de sabotaje por parte del miembro cubano de la misma, Diputado Lázaro Barredo.
Hago esta afirmación por lo siguiente: la reunión estaba prevista para comenzar a las 10 de la mañana del día 1º. Pero se acordó retardarla hasta las 11 a petición de la Senadora mexicana Micaela Aguilar quien había llegado a Santiago ese misma mañana a la 9.
Efectivamente la senadora Aguilar se presentó a las 11. En cambio, el diputado Barredo, quien se encontraba en Santiago desde el día anterior se presentó después de la una de la tarde. seguramente porque pensó que para esa hora se habría suspendido la reunión. En vista de que eso no ocurrió, apenas se abrió la sesión pidió la palabra para pedir que se anulara la reunión alegando que solamente estaban presentes tres de los integrantes de la Subcomisión, uno de los cuales (la Senadora Aguilar), quien no había participado en las dos anteriores reuniones de la Comisión supuestamente no estaba al corriente de los casos que se considerarían y no estaba familiarizado con los procedimiento ni los antecedentes del trabajo de la Subcomisión.
Yo le recordé al Diputado Barredo que la Subcomisión casi siempre ha trabajado con el quórum de 3 de sus integrantes y que la única oportunidad en que participaron cuatro de sus miembros fue en la VIII reunión celebrada en Buenos Aires el año pasado. Rechacé el intento de descalificar a la Senadora Aguilar por cuanto en mi condición de Coordinador la he mantenido siempre informada de todos los trabajos y decisiones de la Subcomisión de manera que ella estaba perfectamente capacitada para participar plenamente en los trabajos.
Considero importante destacar que en un momento determinado el Diputado Barredo comentó que los otros dos integrantes de la Subcomisión, los Diputados Jorge Orrico y Kenneth Carrera se encontraban en ese momento en Cuba invitados por su gobierno. Prefiero no hacer ningún comentario sobre este detalle respecto del cual es fácil sacar conclusiones.
No conforme con eso, el Diputado Barredo recurrió luego al argumento de que no aceptaba un documento que yo había preparado con información acerca de las medidas que se han tomado para dar seguimiento a las actividades de la Subcomisión y dar cumplimiento a las decisiones anteriores de la Comisión de Derechos Humanos dentro del marco de los informes de la Subcomisión. A pesar de que se le explicó que ese documento era de carácter interno, para el conocimiento y uso exclusivo de los miembros de la Subcomisión el Diputado Barredo se ausentó abruptamente de la sesión. Al cabo de aproximadamente una hora se reincorporó como resultado de la persuasión que desplegó la senadora Aguilar.
Finalmente la Subcomisión pudo preparar el informe que debía presentar a la CDHJPC, informe que yo califico como “un saludo a la bandera” ya que se limita a re-enviar a su próxima reunión todos los casos de violaciones de los derechos humanos que se encuentran bajo su consideración.
Otro elemento que demuestra el propósito que existe de parte de algunos parlamentarios de sabotear el trabajo de la Subcomisión es el hecho de que en el momento en que su informe fue sometido a la consideración de la Comisión, el Diputado Orlando Fantazzini, quien abiertamente había estado consultando con otros miembros de la Comisión cuyas identidades me reservo, presentó una moción proponiendo que se suprima la Subcomisión de Denuncias alegando que ese órgano no esta cumpliendo la labor que le ha sido encomendada.
Todo esto forma parte de la confabulación que se viene instrumentando desde hace ya seis años para impedir que yo continúe ejerciendo la coordinación de la Subcomisión de Denuncias.
En respuesta al planteamiento del Diputado Fantazini señalé que, contrariamente a lo que el sostenía, la Subcomisión es uno de los órganos que ha venido trabajando de manera más continuada, organizada y eficiente, como lo demuestran los diez informes que ha sometido a la Comisión y las conclusiones y recomendaciones que esos informes contienen, las cuales han sido siempre acogidas por el plenario de la Comisión de Derechos Humanos. Destaqué que la efectividad del trabajo de la Subcomisión, como la de cualquier órgano similar, depende fundamentalmente del cumplimiento o de la aplicación que las autoridades competentes del PARLATINO le den a esas conclusiones y recomendaciones y que es allí donde podría encontrarse el origen de la falta de operatividad de los esfuerzos para proteger los derechos de los denunciantes.
Además, hay que tener en cuenta que el caso de la Subcomisión de Denuncia no es una excepción, ya que uno de los principales problemas que confronta el PARLATINO radica precisamente en que las decisiones de las comisiones, e incluso de la propia Asamblea General, no reciben el tratamiento ni el seguimiento que correspondería por parte de las autoridades competentes del PARLATINO.
Debo señalar que esta situación fue planteada en el Informe de la Subcomisión en los términos siguientes:
1)
La falta de respuesta por parte de los Vicepresidentes a quienes se les
solicita información complementaria sobre las denuncias de violaciones de los
derechos humanos que se encuentran bajo examen de
2)
La ausencia de seguimiento o de implementación de las decisiones de
En vista de lo anterior,
El informe completo de la Subcomisión se incluye como anexo de la versión escrita del informe que estoy presentando verbalmente.
Cabe señalar que la propuesta del Diputado Fantazzini fue desestimada por la Comisión, la cual decidió dejar para su próxima sesión la consideración del funcionamiento de la Subcomisión a la luz de los planteamientos contenidos en su informe.
En relación con el Las decisiones de la el Informe de la Subcomisión la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias decidió lo siguiente: (cito del Acta Oficial de la reunión:
“Se decidió eliminar el capítulo denominado
“Composición de la Subcomisión.
Se pasó a votación aprobándose el mismo, con esta
modificación por el voto afirmativo de 8 países: República del Perú; República
del Paraguay; Estados Unidos de México; República Bolivariana de Venezuela;
República de Costa Rica; República de Panamá; República de Chile, y Cuba”.
El Capítulo denominado “Composición de la Subcomisión” que fue suprimido recogía una propuesta presentada por la Senadora Micaela Aguilar en el sentido de que cada integrante de la Subcomisión tenga un suplente de su mismo país que cubriría la ausencia del titular como una manera para asegurar la participación plena de todos los países que la componen.
*************
Quisiera, a esta altura detenerme un momento para
destacar algunos aspectos del debate que se llevó a cabo en relación con el
Informe de la Subcomisión de Denuncias.
En primer lugar, la argumentación del Diputado
Fantazzini para pedir la extinción, ese
fue el término que utilizó, se basó fundamentalmente en el hecho de que
habiéndose firmado un convenio entre la CDHJPC y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, la subcomisión no era necesaria. Destaco que en el pasado la
Comisión había tenido que presenciar las confrontaciones entre los parlamentarios
venezolanos de los dos bandos, el oficialista y la oposición y que había
necesidad de evitar que eso ocurriera. Dijo que esa situación “empantana” el
trabajo de la Comisión.
Por lo que respecta a la referencia que hizo el
Diputado Fantazzini al Convenio entre la CDHJPC y la CIDH, resulta pertinente
destacar dos aspectos: Por una parte ese
convenio establece lo siguiente: “Con fundamento en el Informe de la Subcomisión
de Denuncias, la CDHJPC podrá trasladar a la CIDH cualquier denuncia o queja por
la presunta violación de derechos humanos para los fines que corresponda de
conformidad con la Convención Americana, su Estatuto y Reglamento”. De manera
que mal podría esgrimirse ese Convenio como argumento para la “extinción” de la
Subcomisión de Denuncias cuando ese mismo instrumento reconoce la existencia y
el funcionamiento de la Subcomisión.
Otro elemento débil de la
argumentación del Diputado Fantazzini es que parece olvidar que Cuba no es
miembro de la OEA. Si se eliminara la Subcomisión, ningún caso de violación
de derechos humanos en Cuba podría ser
objeto del procedimiento contemplado en ese Convenio, lo cual crearía una
situación de discriminación hacia los demás países o de privilegio a favor de
Cuba.
El Diputado Fantazzini señaló
también como un argumento para eliminar la subcomisión el hecho de que se han
presentado muchos casos de denuncias relacionadas con Venezuela.
Otro argumento esgrimido por
el Diputado Fantazzini fue que la Subcomisión no tiene autoridad para
investigar. Esto no es cierto. La Subcomisión ha llevado a cabo por lo menos
dos misiones de investigación in situ –obtención
de información complementaria es el termino que se utiliza para que no parezca
una intervención en los asuntos internos de los países -. Ambas misiones,
consistentes en visitas al país denunciado, que tuvieron que ver con Paraguay,
se llevaron a cabo exitosamente e incluso se contó col la colaboración del
gobierno de ese país para realizar las entrevistas y recibir los testimonios de
todos los involucrados. Debo decir que si bien la Subcomisión ni la Comisión,
ni el PARLATINO, tienen autoridad para imponer sanciones, el sólo hecho de que
se hubieran realizado esas visitas tuvo un efecto disuasivo sobre las
autoridades y las recomendaciones de la Subcomisión, aprobadas por la Comisión,
fueron debidamente atendidas.
Otro aspecto del debate fue la
intervención de la Secretaria de Comisiones, Senadora Escudero, quien propuso
que no se tomara una decisión en relación con la propuesta del Diputado
Fantazzini y recomendó que la Comisión se diera un tiempo de reflexión hasta la
próxima reunión que tendrá lugar en Costa Rica en octubre próximo. La Senadora escudero se refirió también a las
denuncias relacionadas con Venezuela y dijo que esto ha traído como consecuencia
una confrontación en el interior de la Subcomisión lo cual afecta su eficacia
supuestamente porque la consideración de esos caso se veía afectada por mi
presencia como miembro de ese órgano.
En mi condición de Coordinador
de la Subcomisión intervine para responder a lo dicho por la Senadora Escudero
y el Diputado Fantazzini. Comencé por manifestar mi aprecio por la propuesta de
la Senadora Escudero en el sentido de que la Comisión se diera un tiempo de
reflexión y que dejara para la próxima reunión la consideración del tema del
funcionamiento de la Subcomisión. En lo
relacionado con el número de denuncias sobre Venezuela señalé que esa no es una
situación excepcional y recordé que en relación con Nicaragua se han recibido
no menos de cinco o seis denuncias, que en relación con Chile también se han
recibido por lo menos tres o cuatro y que si el número de denuncias relativas a
Venezuela era importante, eso seguramente tenía algún motivo o razón. Destaqué
que la Subcomisión le da el mismo tratamiento a cualquier denuncia, cualquiera
sea el país al cual se refiere y que en ningún momento la Subcomisión se ha
visto afectada por las diferencias de posición o de opinión política de sus
integrantes. Subrayé que a pesar de las diferencias ideológicas existentes entre Jorge Orrico, del Frente Amplio uruguayo, Lázaro
Barredo, de Cuba y yo, siempre los informes de la Comisión habían sido
aprobados por consenso entre los miembros y que las posiciones políticas no
habían influido porque todos habíamos actuado guiados por la importante tarea
de la Subcomisión en su función de protección y defensa de los Derechos
Humanos. En lo que se refiere a la eficiencia de la Subcomisión, destaqué que
si hay un órgano del Parlamento Latinoamericano que ha funcionado eficientemente
es precisamente la Subcomisión. En lo relacionado con la consideración de los
casos relacionados con Venezuela y mi condición de miembro de la Subcomisión
recordé que tal como lo establece el Reglamento de ese órgano, no solamente me
he inhibido cuando se ha examinado los casos relativos a Venezuela sino que
incluso me he retirado de la sala o de la mesa donde estaba reunida la
Subcomisión.
Finalmente debo destacar el
hecho de que el Diputado Gómez intervino para rechazar categóricamente las
afirmaciones del Diputado Fantazzini y de la Senadora Escudero según las cuales
las confrontaciones verbales que se han presentado en el seno de la CDHJPC
hubieran “empantanado” los trabajos. El Diputado Gómez destacó que en un país
donde existe una polarización es normal que se presenten discusiones de esa
naturaleza y que, siendo el parlamento latinoamericano un órgano parlamentario
con mas razón es comprensible que haya divergencia de posiciones entre
parlamentarios de diferentes toldas políticas. No son estas exactamente las
palabras del Diputado Gómez, pero creo que he recogido el sentido de su
intervención a la cual le asigno un valor particular, a pesar, también no sólo
de nuestras divergencias políticas, sino también de nuestras diferencias
personales.
Hay, sin embargo, un detalle de la intervención del Diputado Gómez respecto de
la cual me veo obligado a hacer una aclaración. Refiriéndose al Convenio entre
la CDJPC y la CIDH, dijo que él como representante del Grupo Venezolano en la
Comisión de Derechos Humanos había expresado la posición de rechazo de nuestro
grupo a ese instrumento. Yo me abstuve de intervenir en ese momento pero no
está demás aclarar que el Diputado Gómez no es el único representante del Grupo
en la CDHJPC y que además cuando él manifestó no estar de acuerdo con el
Convenio, lo hizo en su propio nombre y el del diputado Vivas o, eventualmente
en nombre de la bancada a la cual pertenece, pero en ningún caso eso compromete
al Grupo venezolano.
**************
Conclusiones de la Comisión sobre el Informe de la Subcomisión de Denuncias.:
Las conclusiones de la Comisión sobre este tema quedaron recogidas en el Acta en los siguientes términos (cito nuevamente del Acta Oficial de la reunión):
Incorporar a la agenda de la
próxima reunión de
Instar a esta Subcomisión que
se aboque al tratamiento efectivo de la totalidad de los casos presentados ante
ella e insistir ante los respectivos vicepresidentes que evacúen los informes
solicitados.
Otras conclusiones (no relacionadas con los temas de la
Agenda):
La Comisión acordó solicitar
a
ANEXO
INFORME DE
DE
DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO
X REUNIÓN
Santiago, Chile 1º. de junio de 2005
Los otros miembros
de
TEMA I: Casos pendientes
a) Casos respecto de los cuales se ha solicitado información complementaria y no se ha recibido.
b) Casos respecto de los cuales se ha recibido información complementaria.
TEMA 2: Nuevos casos:
a) Caso Tulio Álvarez (Venezuela)
b)
Denuncia del Diputado Walter
Gavidia, Presidente del Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento
Latinoamericano contra el Ministro de
c) Caso Ibéyise Pacheco (Venezuela)
Tema I a)
En relación con el
tema I
Tema I b)
En su Informe el
Coordinador de
Tema II a) Caso Tulio Álvarez
Este caso se refiere
a la denuncia presentada el 08 de enero de 2005 por el ciudadano venezolano
Tulio Álvarez quien afirma que el Estado
Venezolano, por órgano del Poder Judicial, violó su derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión consagrado en
En un escrito suplementario de fecha 23 de mayo de 2005 el ciudadano Tulio Álvarez ratificó la denuncia presentada anteriormente.
El Coordinador
informó que de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de
El coordinador informó que hasta la fecha no ha recibido respuesta a esa comunicación.
Tema II b) Denuncia del Diputado Walter Gavidia
Con fecha 6 de
abril de 2005 el Presidente del Comisión de Derechos Humanos, Justicia y
Políticas Carcelaria dirigió al Coordinador de
El Coordinador de
Tema II c) Caso Ibéyise Pacheco (Venezuela)
La ciudadana
venezolana Ibéyise Pacheco, periodista, presentó con fecha 27 de Mayo, una
comunicación en la cual denuncia las
violaciones a sus derechos fundamentales de que ha sido objeto en los últimos
tres años “de manera constante y reiterada a través de la utilización de los
poderes públicos encabezados por representantes del gobierno venezolano”
Destaca además que a pesar de ser periodista tiene una condena a 9 meses de prisión por el “delito de difamación” y confronta además tres otros juicios que harían nugatorio el beneficio sustitutivo de la pena en libertad por ausencia de antecedentes penales.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1)
En relación con los casos pendientes respecto de los cuales no se ha
recibido información complementaria
Todos estos casos serán
nuevamente objeto de consideración en la próxima reunión de
2)
En el caso de los presos políticos del Táchira
3)
En relación con el caso Tulio Álvarez, la subcomisión consideró
conveniente extender el plazo para que el Vicepresidente por Venezuela
proporcione la información complementaria que se le ha solicitado.
4)
En relación con el caso relacionado con la policía colombiana y con el
Ministro de
5)
En relación con el caso Ibéyise
Pacheco,
6)
Los casos a que se refieren los puntos 3, 4 y 5 serán nuevamente
considerado en la próxima reunión de
OTRAS CUESTIONES:
3)
La falta de respuesta por parte de los Vicepresidentes a quienes se les
solicita información complementaria sobre las denuncias de violaciones de los
derechos humanos que se encuentran bajo examen de
4)
La ausencia de seguimiento o de implementación de las decisiones de
En vista de lo anterior,
Ante la ausencia de algunos miembros de
Con esa finalidad se propone enmendar el primer párrafo
del Artículo I (Composición de
El texto enmendado del artículo quedaría así:
I.
COMPOSICIÓN DE
Comentario final